La reciente orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump para restringir las investigaciones conocidas como ‘Gain of Function’ (ganancia de función) en patógenos ha reavivado un intenso debate científico y político. Estas investigaciones, que consisten en modificar virus y bacterias para dotarlos de nuevas capacidades, tienen un largo historial de controversias debido a los posibles riesgos que pueden conllevar para la salud pública global, especialmente en un contexto postpandémico. La orden del 5 de mayo de 2025 marca un punto crucial en la regulación de estos experimentos y refleja la tensión entre la innovación científica y la bioseguridad. El término ‘Gain of Function’ se refiere a la capacidad de alterar agentes infecciosos para que adquieran nuevas propiedades, como mayor transmisibilidad o virulencia. Científicos a lo largo de las últimas décadas han utilizado esta metodología con objetivos variados.
Por ejemplo, algunos han mejorado bacterias para producir sustancias terapéuticas, como la insulina para pacientes diabéticos. En otros casos, la intención ha sido entender cómo mutaciones específicas en virus, como el de la gripe aviar, podrían transformarlos en amenazas pandémicas capaces de propagarse fácilmente entre humanos. Sin embargo, la manipulación de patógenos para potenciar sus funciones no está exenta de riesgos, pues una fuga accidental podría derivar en una crisis sanitaria de magnitud global. Durante años, el debate alrededor de esta modalidad experimental ha enfrentado a científicos, reguladores y políticos, quienes valoran los beneficios potenciales contra las consecuencias catastróficas que un accidente podría generar. En 2014, el gobierno federal de Estados Unidos suspendió temporalmente la financiación para ciertos experimentos que podían hacer a algunos virus más peligrosos, ante la preocupación creciente por los peligros asociados.
No obstante, en 2017, bajo la administración de Trump, esta moratoria fue levantada, aunque se implementó una nueva evaluación para supervisar estos estudios con mayor rigor. El momento álgido en la discusión sobre ‘Gain of Function’ ocurrió en el marco de la pandemia de COVID-19. El expresidente Trump y algunos funcionarios políticos promovieron la teoría que vincula estas investigaciones con el origen del virus SARS-CoV-2 en el laboratorio de Wuhan, China. A su juicio, la pandemia pudo haberse originado tras una fuga accidental en dicho laboratorio, supuestamente involucrado en manipulación genética de coronavirus. Durante la ceremonia de firma de la orden ejecutiva, Trump reiteró esta posición, señalando que “desde el primer día” sostuvo la idea del origen en fuga de laboratorio.
Sin embargo, múltiples estudios científicos han señalado que la evidencia apunta con mayor probabilidad a un origen natural del virus, enfatizando el papel de mercados de animales vivos en Wuhan, donde se habrían vendido especies infectadas con coronavirus de murciélagos, transmitiendo la enfermedad a los humanos inicialmente. La comunidad internacional, incluyendo agencias científicas y de inteligencia, se ha mantenido dividida en torno a ambas hipótesis. Por ejemplo, mientras el FBI y el Departamento de Energía de Estados Unidos apoyaron la teoría del laboratorio, aunque con baja confianza, otras organizaciones como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) también se inclinaron por el mismo origen en 2023, pero reconocieron falta de evidencia sólida. Por otra parte, el Consejo Nacional de Inteligencia y diversas agencias concluyeron que el origen natural era la hipótesis más probable. Este grado de incertidumbre y las preocupaciones sobre la seguridad biológica impulsaron a un grupo de expertos a revisar y proponer una serie de reformas para la supervisión de experimentos potencialmente peligrosos.
Dicha revisión llevó a que la administración Biden adoptara nuevos lineamientos para la regulación de investigaciones de ‘Gain of Function’ en 2024. Sin embargo, estos cambios fueron criticados por sectores que consideraron insuficiente el nivel de control, especialmente por carecer de una entidad reguladora independiente encargada de evaluar las propuestas científicas. En contraste, la orden ejecutiva de Trump no sólo desestimó las políticas implementadas bajo la administración Biden, calificándolas de tener “niveles insuficientes de supervisión” sino que instruyó a la Oficina de Ciencia y Tecnología a desarrollar regulaciones más estrictas. Entre los puntos clave de esta directiva se encuentra el cese del apoyo gubernamental a investigaciones de ‘Gain of Function’ consideradas peligrosas y aquellas realizadas en países de preocupación como China. Además, se establecen nuevas limitaciones para este tipo de estudios dentro de Estados Unidos, incluyendo la creación de estrategias para monitorear investigaciones con alto riesgo que se realicen sin fondos federales, lo que representa un esfuerzo por cerrar posibles vacíos regulatorios.
La importancia de esta orden ejecutiva radica en la balanza que intenta encontrar entre fomentar la investigación científica y proteger a la sociedad de experimentos que puedan generar riesgos inaceptables. La manipulación de patógenos, aunque puede ayudar a anticipar y prevenir futuras pandemias, también implica la posibilidad de errores humanos o técnicos con consecuencias graves. Por ello, la imposición de controles y supervisión transparentes es un tema prioritario en la agenda de seguridad sanitaria internacional. Los defensores de esta regulación argumentan que un marco regulatorio más estricto reduciría la probabilidad de accidentes en laboratorios y evitaría que fondos públicos sean utilizados en investigaciones que pudieran facilitar la creación de nuevas amenazas biológicas. Por otra parte, algunos dentro del sector científico expresan preocupación de que regulaciones demasiado rígidas puedan limitar avances cruciales en virología, inmunología y biotecnología que dependen de la modificación genética para encontrar tratamientos y vacunas más efectivos.
Este debate no se limita a Estados Unidos sino que presenta un desafío global. El control y supervisión de investigaciones con riesgos biológicos puede requerir cooperación internacional, given que virus y bacterias no conocen fronteras y un accidente en un laboratorio en cualquier parte del mundo puede desencadenar una crisis pandémica global. Más aún, el acceso a tecnologías biotecnológicas cada vez más avanzadas aumenta la importancia de establecer estándares universales que velen por la bioseguridad y la ética. En resumen, la orden ejecutiva firmada por Trump representa un esfuerzo por intensificar el control sobre las investigaciones de ‘Gain of Function’, en un contexto donde las fallas regulatorias previas han generado críticas y preocupaciones públicas. Este marco busca reforzar las barreras para prevenir el uso o desarrollo de patógenos potencialmente peligrosos, especialmente en países considerados de riesgo, apuntando hacia una mayor vigilancia y supervisión.
Aunque pretende mitigar amenazas biológicas, la medida también enciende el debate sobre cómo equilibrar seguridad y progreso científico. La discusión continúa abierta, y las decisiones que se tomen sobre el futuro de estas investigaciones influirán no solo en la ciencia y la salud pública estadounidense sino también en la forma en que el mundo aborda la prevención de futuras pandemias y el manejo responsable de la biotecnología. La evolución de las políticas y regulaciones en este campo será un indicador clave de cómo la comunidad global enfrenta los complejos desafíos de la era post-COVID y las implicaciones de la manipulación genética en el ámbito de la salud humana.
