En una decisión que ha generado un intenso debate político y social, la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, vetó una ley controvertida impulsada por legisladores republicanos que buscaba obligar a funcionarios estatales y locales a colaborar plenamente con las agencias federales en labores de inmigración. Esta medida hubiese consolidado la cooperación estatal y local bajo la visión de la administración Trump, buscando facilitar la detención y custodia de personas indocumentadas. El proyecto de ley pretendía limitar la capacidad de los gobiernos locales para restringir o prohibir su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Requería que las agencias locales usaran bases de datos federales y aceptaran fondos asignados a tareas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias. Además, establecía la obligación de cumplir con las órdenes de detención migratoria emitidas por el gobierno federal, lo que implicaba mantener en custodia a personas ya bajo arresto estatal o local hasta que las autoridades migratorias pudieran hacerse cargo.
La respuesta de Hobbs fue firme. En su carta de veto, argumentó que aunque está dispuesta a trabajar con el gobierno federal en aspectos verdaderamente relacionados con la seguridad fronteriza, no estaba dispuesta a que las autoridades estatales o municipales fueran simples extensiones de las políticas migratorias dictadas desde Washington. Señaló que forzar a estos niveles de gobierno a seguir lineamientos estrictos generaba un conflicto con la autonomía local y ponía en riesgo la relación de confianza entre las agencias policiales y las comunidades inmigrantes. Los partidarios del proyecto aseguraban que era una necesidad urgente para garantizar que las autoridades federales pudieran asumir la custodia de inmigrantes sin preocuparse por su posible liberación por parte de prisiones estatales o cárceles locales. Más allá de la cooperación técnica, buscaban evitar brechas en el sistema que permitieran que personas señaladas por migración quedaran libres y dificultaran futuras acciones de detención.
Frente a esto, los opositores insistían en que la aplicación de leyes de inmigración debe ser responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Además, advirtieron que la ley generaría costos importantes para las localidades que tendrían que cumplir con nuevos requerimientos administrativos. Más aún, señalaron que estas medidas podrían quebrantar la confianza entre las fuerzas de seguridad y las comunidades migrantes, quienes podrían mostrarse reticentes a colaborar o denunciar delitos por temor a ser entregados a autoridades migratorias. Arizona tiene un historial complejo en la materia, con leyes migratorias precedentes que han atraído atención nacional e internacional. Un ejemplo notable es la ley estatutaria de 2010, considerada una de las más estrictas del país, que incluía disposiciones sobre la colaboración estatal con instancias federales.
A pesar de las controversias y acciones legales, en los últimos quince años no se han registrado denuncias exitosas contra entidades estatales por violar esas medidas de cooperación. Este veto de Hobbs llega en medio de una coyuntura política tensa. Hace poco más de un año, la gobernadora también rechazó una ley que convertía en delito estatal el ingreso de personas no ciudadanas por puntos no autorizados de la frontera con México. Esa medida fue finalmente trasladada a consulta popular y obtuvo aprobación, lo que ilustra la división entre la administración estatal y el electorado en torno a la inmigración. El papel de la gobernadora es clave también porque representa la postura de un estado tradicionalmente asociado con políticas migratorias estrictas.
Hobbs ha reiterado su compromiso de colaborar en temas como la lucha contra el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, pero adopta una posición distinta en el tema migratorio, reconociendo las preocupaciones sociales y humanitarias que refiere la población afectada. La tensión entre el ejecutivo estatal y la legislatura republicana por este y otros proyectos ha derivado también en enfrentamientos políticos relacionados con la financiación de agencias estatales, en particular aquellas que atienden a personas con discapacidades. Hobbs sostiene que sus vetos persiguen terminar con lo que considera un manejo inadecuado de fondos, mientras los legisladores acusan a la gobernadora de usar estas diferencias para bloquear iniciativas, aún cuando algunas serían de su agrado. El conflicto evidencia la complejidad del tema migratorio en Arizona, donde conviven aspectos legales, políticos y sociales que se entrelazan con la seguridad pública y los derechos humanos. La decisión de Hobbs refleja una visión que privilegia la autonomía local, el respeto a las comunidades migrantes y una cooperación federal estatal condicionada a acuerdos claros y respetuosos.
En conclusión, el veto a esta medida coloca a Arizona en una posición relevante dentro del debate nacional sobre el rol de los estados y municipios en la política migratoria. Mientras algunos sectores insisten en una mayor alineación con las políticas federales restrictivas, otros abogan por un enfoque más equilibrado, sensible a las realidades y preocupaciones locales. Las próximas acciones del gobierno estatal y federal serán vitales para definir caminos que conjuguen seguridad, legalidad y respeto a los derechos fundamentales.
