Durante el primer trimestre de 2025, el sector manufacturero de energía limpia en Estados Unidos experimentó una significativa contracción provocada por la cancelación, cierre o reducción de proyectos valorados en cerca de ocho mil millones de dólares. Este fenómeno ha marcado un retroceso considerable en un sector que, durante años recientes, vivió un boom sin precedentes impulsado por políticas favorables previas y una creciente demanda global por soluciones energéticas sostenibles. Sin embargo, con la entrada en vigor de las políticas de la era Trump, esta tendencia optimista se ha visto afectada de forma profunda y reiterada. Entre los casos más relevantes se encuentra la cancelación del proyecto para construir una fábrica de baterías de 1.25 mil millones de dólares en Buckeye, Arizona, por parte de la empresa Kore Power.
Esta planta prometía generar alrededor de 3,000 empleos directos y expandir la producción comercial de celdas de baterías en suelo estadounidense, pero su cancelación representa uno de los mayores golpes a la confianza del sector en las políticas públicas actuales. De forma similar, Freyr Battery también desistió de construir su planta en Georgia, al cancelar un proyecto valorado en 2.6 mil millones de dólares, mostrando la amplitud y profundidad del efecto en la industria. Estos eventos ocurren en un contexto donde el gobierno federal ha congelado el financiamiento proveniente de la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act, IRA) desde el primer día de la administración Trump, a la espera de una revisión federal que ha generado incertidumbre en el mercado. Cabe mencionar que esta ley fue fundamental para proveer incentivos económicos como créditos fiscales, fondos directos y financiamiento por préstamos, que incentivaron inversiones masivas en el sector de energía limpia a partir de 2022.
Pero la administración Trump ha expresado abiertamente su oposición a esta ley y a las regulaciones asociadas, calificando el mandato de vehículos eléctricos como una imposición que afecta la libertad del consumidor y la competitividad del sector automotriz tradicional. Además, los créditos fiscales para vehículos eléctricos, que anteriormente impulsaban la demanda y producción nacional, han sido criticados y se encuentran bajo amenaza, motivando a las empresas a reevaluar y, en muchos casos, cancelar proyectos costosos y estratégicos. Un factor adicional que agrava esta situación son las tarifas impuestas durante esta administración, las cuales han incrementado los costos de insumos claves para la manufactura de energía limpia, tales como paneles solares y baterías para vehículos eléctricos. Estados Unidos aún depende en gran medida de importaciones, ya que aproximadamente el 88% de los componentes empleados en celdas solares en 2022 provenían de Asia, según datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU.
El aumento en los aranceles impacta directamente la cadena de suministro, encareciendo los materiales y complicando la rentabilidad de los proyectos dentro del territorio nacional. A pesar de que la mayoría de los anuncios de proyectos en el primer trimestre estuvieron dominados por cancelaciones y reducciones, algunas empresas continúan apostando por inversiones en el país. En marzo de 2025 se registraron aproximadamente 1.6 mil millones de dólares en inversiones distribuidas en seis estados, destacando la apertura de una fábrica de células solares por parte de T1 Energy. Esta empresa es la evolución directa de Freyr Battery, que tras cancelar su planta en Georgia, decidió reorientar su posición hacia la energía solar bajo una nueva marca.
Este cambio estratégico evidencia que, aunque el panorama sea incierto, sigue habiendo un interés latente en mantener a Estados Unidos como un jugador relevante en la fabricación de tecnologías limpias. El panorama actual genera preocupación entre especialistas y defensores del medio ambiente, quienes alertan sobre los efectos que esta incertidumbre política y económica pueden tener en el desarrollo sostenible y la creación de empleo en el sector. Michael Timberlake, director de comunicaciones de E2, una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de la energía limpia, señala que la falta de claridad y el ambiente de desconfianza están provocando que proyectos prometedores se detengan, la construcción se paralice y las oportunidades laborales desaparezcan rápidamente. Este escenario no solo impacta directamente en los fabricantes y en la industria local, sino que también representa un retroceso en el compromiso global de Estados Unidos para combatir el cambio climático. Los objetivos trazados en años recientes, bajo presidencias anteriores, apuntaban a un aumento acelerado en la producción y uso de energías renovables, y a la incorporación masiva de vehículos eléctricos que contribuyeran a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La contracción en el sector puede también afectar la competitividad tecnológica de Estados Unidos frente a otras naciones que continúan o incrementan sus inversiones en energías limpias. Países de Asia y Europa están avanzando con políticas más estables y ambiciosas, lo que podría colocar a Estados Unidos en una posición secundaria dentro del mercado global emergente de tecnologías renovables y fabricación de baterías avanzadas. Además, la fluctuación en el mercado interno dificulta la planificación a largo plazo de las empresas fabricantes. La incertidumbre sobre si los incentivos fiscales se mantendrán o se eliminarán, junto con las presiones arancelarias, obliga a los inversionistas a ser cautelosos y a menudo retirar recursos de proyectos con alto potencial. Esto afecta no solo a las grandes empresas, sino también a pequeñas y medianas compañías que han emergido para aprovechar las oportunidades de la transición energética.
La cancelación y reducción de proyectos también genera un impacto social considerable en las comunidades donde se iban a desarrollar las infraestructuras de energía limpia. Los empleos prometidos, tanto directos como indirectos, no se materializan, reduciendo las oportunidades laborales y afectando la economía local. La volatilidad política y económica mina la confianza de los trabajadores y ralentiza la capacitación necesaria para una mano de obra especializada en tecnologías verdes. Con todo, el sector de energía limpia enfrenta una encrucijada que dependerá en gran medida de las decisiones políticas que se tomen durante los próximos meses y años. La estabilidad de las políticas públicas, la claridad en la regulación y el mantenimiento de incentivos económicos serán determinantes para que las inversiones se recuperen y el sector vuelva a crecer con vigor.
