La administración Biden considera dificultar el levantamiento de la represión al asilo en la frontera La política migratoria de Estados Unidos ha sido un tema de intenso debate en los últimos años, especialmente a medida que la administración Biden enfrenta una creciente presión para manejar el flujo de migrantes en la frontera sur del país. Recientemente, se ha conocido que el gobierno está considerando cambios significativos que podrían hacer más complicado el levantamiento de las estrictas restricciones de asilo que se implementaron en junio de este año. Estas restricciones han sido catalogadas como la política de asilo más restrictiva adoptada por un presidente demócrata, y ahora la administración está sopesando cómo y cuándo podrían desactivarse. La proclamación que dio origen a estas restricciones fue emitida en junio por el presidente Biden y ha tenido un impacto considerable en el acceso al sistema de asilo en Estados Unidos. La política se diseñó con un desencadenante de desactivación que establecía que las restricciones se levantarían si el promedio de cruces ilegales de migrantes en un período de siete días caía por debajo de 1,500.
Sin embargo, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informaron que las nuevas consideraciones podrían extender este período a 28 días, lo que podría mantener las restricciones en vigor por un tiempo considerable, incluso si los cruces ilegales disminuyen. Además, los cambios propuestos buscan incluir un mayor número de migrantes en los cálculos que determinarían el umbral de desactivación. En la actualidad, los datos que se utilizan en estas cifras no contemplan los cruces de niños migrantes no acompañados que no son de México. La inclusión de todos los niños no acompañados en estas estadísticas podría resultar en que las restricciones se mantengan por más tiempo. La administración sostiene que esta política ha tenido éxito en reducir las cruces ilegales.
De hecho, desde que se implementaron las restricciones, se ha registrado una caída significativa en el número de migrantes que logran ingresar a Estados Unidos sin la documentación adecuada. En julio, las entradas ilegales descendieron a 56,400, la cifra más baja desde septiembre de 2020. Aunque en agosto hubo un ligero repunte, los números se mantienen en un mínimo histórico en los últimos cuatro años. Sin embargo, esta estrategia ha sido polémica y ha suscitado críticas de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ha denunciado que las propuestas para hacer más estrictas las condiciones de desactivación de la represión son ilegales y contradicen el propósito original de la proclamación, que se suponía que era temporal.
Esta lucha legal refleja un conflicto más amplio entre las políticas de inmigración que algunos consideran necesarias para controlar la llegada de migrantes y quienes abogan por un enfoque más humanitario. La administración, al implementar estas drásticas medidas, ha dado un giro notable en comparación con las promesas iniciales de Biden al asumir la presidencia. En su campaña, Biden se comprometió a crear un sistema de migración más humano y a rechazar las políticas de la administración Trump que restringieron severamente el acceso al asilo. Sin embargo, la presión política y los crecientes números de migrantes han llevado a su equipo a adoptar políticas que se asemejan a las del ex presidente. Además de la represión al asilo, Biden ha implementado programas que permiten la entrada legal de migrantes.
Por ejemplo, su administración ha establecido una política que proporciona 1,500 citas diarias a migrantes que esperan en México, permitiéndoles ser procesados en puntos de entrada oficiales. Otros programas facilitan la llegada a Estados Unidos de hasta 30,000 migrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que cuenten con patrocinadores financieros en el país. Estos esfuerzos reflejan un intento de equilibrar la seguridad fronteriza con la necesidad de atender la crisis humana que enfrentan muchos de estos migrantes. En el contexto electoral, la situación en la frontera también ha revivido discusiones sobre las políticas migratorias entre los principales candidatos a la presidencia de 2024. La actual vicepresidenta Kamala Harris, quien es la nominada demócrata, aún no ha presentado una plataforma de política migratoria clara, pero su equipo ha indicado que, de ser elegida, continuaría con las restricciones de asilo impuestas por Biden.
Por otro lado, el ex presidente Donald Trump ha prometido reinstaurar sus políticas de asilo drásticas y militarizar la frontera, además de realizar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Este contraste entre enfoques se refleja en el creciente debate sobre cómo se debería abordar la inmigración en el país. El tema de la inmigración es uno de los más divisivos en la política estadounidense. Para muchos, representa una cuestión de derechos humanos; para otros, una cuestión de seguridad nacional. La situación actual en la frontera sur de Estados Unidos revela la complejidad del asunto y la difícil tarea que enfrenta cualquier administración al intentar equilibrar estas dos perspectivas.
