Estados Unidos enfrenta un desafío persistente en cuanto al costo elevado de los medicamentos recetados, lo que afecta directamente el bienestar y la economía de millones de ciudadanos. A pesar de representar menos del cinco por ciento de la población mundial, el mercado estadounidense soporta cerca del 75 por ciento de las ganancias globales de la industria farmacéutica, un desequilibrio significativo que ha provocado numerosos debates y propuestas para reformar el sistema de precios. En respuesta a esta problemática, la administración presidencial del Presidente Donald J. Trump emitió una orden ejecutiva destinada a implementar una política de precios basada en el concepto de nación más favorecida, con el objetivo de garantizar que los pacientes estadounidenses puedan acceder a los medicamentos a precios justos y competitivos, alineados con los costos en otras naciones desarrolladas. La esencia de esta política radica en poner fin a lo que se denomina como "carga global" sobre los consumidores estadounidenses, quienes, en la práctica, subsidian indirectamente los sistemas de salud extranjeros debido a las estrategias de fijación de precios de las compañías farmacéuticas.
Estas empresas, al ofrecer descuentos significativos en mercados internacionales para asegurar su participación y cumplir con regulaciones locales, compensan dichas rebajas con precios inflados dentro de Estados Unidos. El resultado es un acceso costoso que genera desigualdad y limita la capacidad de muchas personas para adquirir medicamentos necesarios. Uno de los puntos centrales de esta iniciativa es permitir que los estadounidenses obtengan acceso directo a precios igualados con los más bajos ofrecidos a países desarrollados, desmontando la estructuración actual en la que se impide la negociación efectiva de precios a nivel nacional. La política promueve, además, programas que faciliten la venta directa al consumidor de productos farmacéuticos, siempre en concordancia con las disposiciones legales vigentes, para agilizar el acceso y eliminar intermediarios superfluos que contribuyen a la inflación de costes. Para llevar adelante esta transformación, se ha establecido un mecanismo que involucra a diferentes agencias y departamentos gubernamentales, quienes trabajarán en conjunto para comunicar a los fabricantes los objetivos de precios basados en la nación más favorecida.
Se ha fijado un plazo de treinta días para que estas acciones iniciales tengan lugar, estableciendo un compromiso claro hacia la reducción de precios, siempre según los términos que garanticen equidad y competencia. En caso de que las farmacéuticas no cumplan con las condiciones de precios más accesibles, la administración contempla una serie de medidas complementarias y estrictas que incluyen la elaboración de planes regulatorios para imponer estos precios, la certificación del Departamento de Salud y Servicios Humanos que permita la importación de medicamentos desde países con precios bajos, e intervenciones legales para combatir prácticas anticompetitivas utilizando leyes como la Sherman Antitrust Act y la Federal Trade Commission Act. Este enfoque integral busca enfrentar la raíz del problema y evitar que se perpetúen dinámicas injustas en el mercado farmacéutico. Asimismo, las autoridades revisarán las normas de aprobación de medicamentos para asegurar que aquellos que no cumplen con parámetros de seguridad, eficacia o comercialización adecuada sean objeto de modificación o revocación, garantizando así que los consumidores no solo accedan a precios más bajos, sino también a productos confiables. También se contempla una supervisión sobre la exportación de productos farmacéuticos y materias primas relacionados, con la finalidad de entender y frenar factores que favorecen la discriminación de precios a nivel global.
La política propuesta apunta a equilibrar la balanza donde Estados Unidos, como principal financiador de la innovación científica y médica, no sea el país que carga desproporcionadamente con los costos, permitiendo que los beneficios de la investigación y el desarrollo se traduzcan en accesibilidad para sus ciudadanos. Igualmente, busca estimular la competencia y la transparencia en el sector farmacéutico, elementos esenciales para la sostenibilidad del sistema de salud y la protección al consumidor. Es importante destacar que esta iniciativa se implementará respetando el marco legal vigente y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria correspondiente. No pretende crear derechos adicionales legalmente exigibles, sino sentar las bases para un cambio sistémico en la forma en que se negocian y establecen los precios de los fármacos. En términos más amplios, la adopción de la política de precios de nación más favorecida puede representar un punto de inflexión en la lucha contra los precios exorbitantes de medicamentos en Estados Unidos, beneficiando especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas y dependen de tratamientos constantes y costosos.
