En el panorama político estadounidense, la regulación de las stablecoins ha generado debates intensos que de momento se han traducido en un escenario complicado para la aprobación de leyes claras y definitivas. Recientemente, un proyecto clave encaminado a legislar las stablecoins en Estados Unidos, conocido como GENIUS Act, perdió el respaldo de varios senadores demócratas. Esta retirada de apoyo se debe en gran parte a las preocupaciones que existen sobre la posible corrupción y los conflictos de interés vinculados con las actividades en criptomonedas de la familia del expresidente Donald Trump. La evolución de esta legislación es un reflejo del complejo equilibrio que buscan los legisladores para proteger al sistema financiero, fomentar la innovación tecnológica y, al mismo tiempo, evitar que el mercado de activos digitales sirva para enriquecer a intereses privados de manera cuestionable. El proyecto GENIUS Act había logrado un avance significativo en marzo al superar una lectura crítica en el Comité Bancario del Senado.
En esta votación, cinco senadores demócratas enfatizaron su apoyo sumándose a un acuerdo bipartidista con legisladores republicanos, incluso cuando destacados demócratas como Elizabeth Warren expresaban críticas contundentes contra el enfoque del proyecto. En ese momento, la ley incorporó medidas diseñadas para fortalecer los controles sobre los emisores de stablecoins, incluyendo herramientas para prevenir el lavado de dinero, combatir la financiación del terrorismo y establecer procedimientos robustos de gestión de riesgos. Sin embargo, con el paso de los meses, crecieron las dudas sobre la efectividad real de estas medidas y, fundamentalmente, sobre la integridad del proceso legislativo y político. Diversos acontecimientos recientes han puesto bajo la lupa a World Liberty Financial (WLFI), la firma de inversión en criptomonedas vinculada a la familia Trump. WLFI obtuvo ganancias millonarias a través de la venta de tokens relacionados con Donald Trump, además de cerrar acuerdos financieros multimillonarios que benefician directamente a integrantes de su familia.
Estos hechos aumentaron la presión sobre los demócratas para que reconsideraran su apoyo al proyecto de ley, argumentando que la legislación no hacía lo suficiente para impedir que figuras con poder y recursos puedan canalizar beneficios personales mediante las stablecoins. Cuatro de los cinco senadores demócratas que inicialmente respaldaron el GENIUS Act emitieron una declaración conjunta el 3 de mayo, en la que manifestaron su incomodidad con la dirección que había tomado la ley. En su comunicado, expresaron la necesidad de introducir disposiciones más estrictas para prevenir el lavado de dinero, controlar la influencia de emisores extranjeros, proteger la seguridad nacional, mantener la solidez del sistema financiero y establecer mecanismos sólidos de responsabilidad. Aunque no mencionaron expresamente a Donald Trump ni al tema de la corrupción, el contexto y los acontecimientos públicos sugieren que estas preocupaciones están estrechamente ligadas. La desconfianza creciente hacia el proyecto ha comenzado a afectar también la Cámara de Representantes.
Algunos miembros demócratas del Comité de Servicios Financieros han anunciado que están considerando abandonar una audiencia clave sobre criptomonedas, prevista para el 6 de mayo, con el argumento de que el proceso carece de garantías suficientes para evitar conflictos de intereses y la explotación indebida del mercado. Tal acción podría paralizar por completo las discusiones en torno a la legislación, ya que las normas de la Cámara requieren la presencia de todos los miembros para el avance de la audiencia. Este desarrollo ocurre en un momento en que la relación entre reguladores financieros y el mercado de criptomonedas está en plena transformación. La propuesta anunciada el 5 de mayo por un grupo encabezado por el representante republicano French Hill busca modificar el modo en que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) regulan los activos digitales, incluyendo las stablecoins. Sin embargo, las tensiones políticas y las dudas sobre la transparencia en torno a los proyectos de la familia Trump complican el panorama para que exista un consenso bipartidista.
La integración de intereses políticos y económicos hace que el debate sobre las stablecoins en Estados Unidos vaya más allá de la simple regulación financiera. Para los legisladores demócratas como Maxine Waters, la presencia de la familia Trump en la escena criptográfica representa un riesgo de corrupción y un ejemplo de cómo las figuras políticas pueden aprovechar sus posiciones para lucrarse, distorsionando los principios de equidad y justicia. Waters ha criticado abiertamente el proyecto de stablecoin USD1 desarrollado por WLFI, calificándolo como un instrumento que permite la enriquecimiento personal en detrimento del público general. Sus declaraciones han sido claras al afirmar que no apoyará legislación alguna que no incluya medidas para bloquear que el presidente de los Estados Unidos o sus allegados se beneficien en este mercado. Los vínculos entre el mundo político y el ecosistema cripto en este caso se complican aún más con la participación de otros actores relevantes, como Justin Sun, fundador de la blockchain Tron, quien hizo una inversión significativa en los tokens TRUMP, acercándose a los 70 millones de dólares.
La decisión del ente regulador estadounidense, la SEC, de poner fin a una investigación por fraude civil contra Sun poco después de la llegada de la nueva administración presidencial, avivó las sospechas sobre posibles manejos poco claros. Estas circunstancias han alimentado una narrativa entre algunos sectores políticos y mediáticos acerca de la función que podrían estar jugando ciertos actores dentro del mercado cripto para influir en la legislación o incluso para ejercer presiones ocultas que beneficien intereses específicos. Algunos comentaristas sostienen que la retirada de apoyo de los senadores demócratas puede estar relacionada no solo con la ética y la corrupción, sino también con estrategias políticas y económicas que buscan aprovechar la negociación como moneda de cambio para otros temas legislativos. En este contexto, los grandes donantes y comités de acción política (PACs) vinculados con la industria cripto toman un papel clave. Por ejemplo, Protect Progress, un grupo que ha contribuido con millones a campañas de senadores como Ruben Gallego, forma parte de un entorno donde influencias y prioridades corporativas pueden determinar la trayectoria de leyes que definen el futuro del mercado.
Esta dinámica hace que las discusiones sobre regulación sean multifacéticas y que las decisiones políticas estén impregnadas de intereses complejos y variados. A pesar de las múltiples dificultades, hay un reconocimiento generalizado sobre la necesidad de contar con un marco regulatorio claro que ordene el uso de stablecoins en Estados Unidos. Este tipo de monedas digitales vinculadas tradicionalmente al valor del dólar y otros activos representan una parte cada vez más importante de la economía digital y el sistema financiero global, debido a su potencial para ofrecer estabilidad, eficiencia en pagos y servicios financieros más accesibles. Por eso, la falta de un consenso político pone en juego la capacidad de Estados Unidos para liderar en un mercado que continúa creciendo y diversificándose, mientras otros países avanzan con normativas y políticas propias. En conclusión, la retirada de algunos demócratas del apoyo al GENIUS Act refleja un momento de alta tensión donde las preocupaciones sobre corrupción, conflictos de interés y la influencia indebida están frenando la aprobación de una legislación estable sobre stablecoins.
La implicación de la familia Trump y su empresa WLFI en negocios criptográficos millonarios ha transformado un debate técnico y financiero en un escenario altamente político y polémico. Mientras el Congreso se encuentra dividido, la incertidumbre prevalece, dejando en suspenso cuál será el futuro inmediato de la regulación cripto en una nación que históricamente ha sido líder en innovación tecnológica y económica. Para los seguidores y participantes del mercado, esta situación es un recordatorio de la importancia de mantener vigilancia sobre las decisiones legislativas, entender el entramado de intereses en juego y la relevancia de construir marcos regulatorios que protejan al público, promuevan la innovación y garanticen la transparencia y equidad en un sector que sigue evolucionando rápidamente.
