La inflación en Argentina ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos años, y el año 2020 no fue la excepción. Con una tasa oficial de inflación que alcanzó el 36,1%, se reveló una situación económica cada vez más complicada, especialmente para la mitad más pobre de la población, que ha sentido el impacto de los precios en sus bolsillos de una manera mucho más aguda. A finales de diciembre de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó que la inflación había presentado una disminución durante los primeros tres trimestres del año, pero que, sorprendentemente, esta tendencia se revirtió en los últimos meses, alcanzando cifras alarmantes, sobre todo en productos básicos alimentarios. Esto es de particular preocupación dado que casi la mitad de los argentinos se encuentra catalogada como pobre o viviendo por debajo de la línea de pobreza. La Canasta Básica Total (CBT), que se utiliza para determinar la línea de pobreza en Argentina, aumentó 4,7% en diciembre, acumulando un aumento del 39,1% durante el año.
Este dato es significativo, ya que supera tanto el índice oficial de inflación del 36,1%, como el aumento del 4% registrado para el mes de diciembre. La CBT, que considera a una familia tipo compuesta por un padre de 35 años, una madre de 31 años, una niña de 8 años y un niño de 6 años, establece que esa familia necesita 54,208 pesos argentinos para sobrevivir durante diciembre, sin considerar el alquiler. Este monto se traduce en aproximadamente 362 dólares, en comparación con los 340 dólares de noviembre. Los desafíos económicos se vuelven aún más evidentes cuando se examinan los aumentos en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la indigencia en el país. La CBA también reflejó un aumento significativo, pasando de 6,982 a 7,340 pesos en noviembre y diciembre, lo que representa una suba del 5,1% y un aumento del 45,5% en el transcurso de todo el año.
Esto significa que una familia promedio necesita alrededor de 22,681 pesos para no caer en la indigencia, es decir, alrededor de 149 dólares, lo que se convierte en una carga cada vez más pesada para las familias de bajos ingresos. Una de las estadísticas más preocupantes es que el salario mínimo vital y móvil en Argentina se incrementó sólo un 22% en 2020, alcanzando los 20,558 pesos, es decir, alrededor de 135 dólares. Este aumento fue significativamente inferior al de la CBA y la CBT, lo que indica que cada vez más personas con ingresos limitados se encuentran en una situación económica precaria. La inflación también ha afectado otros sectores de la economía. En diciembre, el aumento del índice de precios al consumidor alcanzó el 4%, la tasa más alta registrada en un mes desde noviembre de 2019.
La suba de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 4,4% en diciembre, con precios de la carne en particular aumentando en cifras de dos dígitos. Este fenómeno ocasionó que muchas familias deban resignar parte de su dieta alimentaria o buscar alternativas más económicas, exacerbando las dificultades de alimentación en un contexto donde la pobreza ya afectaba a gran parte de la población. A lo largo de 2019, Argentina ya había registrado un 53,8% de inflación, y el año 2020 puso de manifiesto cómo la economía del país continuó su tendencia a la baja. Las restricciones por la pandemia del COVID-19 hicieron más evidente la fragilidad de la economía argentina, que entró en su tercer año consecutivo de recesión. Aunque los datos oficiales pueden ser manipulados, muchos economistas coinciden en que la economía ha permanecido estancada desde 2012, lo que plantea un desafío monumental para cualquier gobierno que intente revertir esta situación.
La realidad económica en Argentina enfrenta tensiones considerables, y la implementación de controles de precios parece no haber sido la solución esperada. Aunque muchas familias han encontrado alguna forma de subsistir, el creciente descontento social es palpable. Los sectores de la población que se ven más afectados por la falta de acceso a productos básicos empiezan a manifestarse y exigir respuestas. A medida que los costos siguen en aumento, se hace evidente que las políticas económicas tradicionales deben ser revisadas y adaptadas a las nuevas realidades que enfrenta el país. La implementación de medidas que permitan un control real de la inflación, junto con un aumento de los salarios que se equiparen con el costo de vida, son temas que deben ser abordados de inmediato.
El futuro económico de Argentina es incierto, y mientras la pandemia de COVID-19 sigue afectando a la población, cada vez más personas se ven obligadas a sobrevivir con menos. Las críticas hacia las políticas del gobierno no se hacen esperar, y las voces de quienes exigen cambios se vuelven más fuertes. Como sociedad, Argentina necesita enfrentar sus problemas económicos con un enfoque renovado y comprometido, teniendo en cuenta las experiencias del pasado y buscando un camino hacia el desarrollo y la inclusión social. Es un momento crucial para repensar los modelos económicos y sociales, y buscar soluciones que beneficien a todas las capas de la población, en particular a aquellos que diariamente batallan por salir adelante en un entorno adverso. Si Argentina quiere evitar que la situación económica se convierta en un ciclo interminable de pobreza y recesión, debe priorizar el bienestar de sus ciudadanos, implementar políticas coherentes y sostenibles y, sobre todo, trabajar en conjunto para construir un futuro en el que todos puedan prosperar.
Sin duda, la tarea no será fácil, pero la esperanza y el potencial del pueblo argentino son mayores que las adversidades a las que se enfrenta.
