En un desarrollo significativo dentro del panorama regulatorio de las criptomonedas en Estados Unidos, el estado de Oregón ha presentado una demanda contra Coinbase que refleja estrechamente la acción legal emprendida previamente por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Esta iniciativa legal a nivel estatal surge luego de que la demanda federal original de la SEC fuera desestimada en febrero de 2025, lo que deja entrever un posible choque en la aplicación y competencias regulatorias entre las autoridades estatales y federales. La demanda que presentó Oregón acusa a Coinbase, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes y reconocidos del mundo, de operar una plataforma de valores sin la pertinente inscripción y de ofrecer servicios de staking sin la debida autorización. Estas alegaciones no son nuevas y repiten en esencia los argumentos ya formulados por la SEC en su demanda de 2023, en la cual se señalaba que Coinbase facilitaba el comercio de al menos 13 criptomonedas consideradas como valores no registrados, además de gestionar un programa de staking sin licencia. Sin embargo, la desestimación por parte de la SEC ha marcado un cambio importante en la dirección regulatoria federal, especialmente bajo la administración del presidente Trump, que ha mostrado una inclinación hacia un marco regulatorio más transparente y colaborativo, alejándose del enfoque estrictamente punitivo que precedió.
En este contexto, la acción de Oregón se percibe como una ‘demanda clon’ o 'copycat', pues reproduce la misma estrategia legal que la agencia federal decidió abandonar. Paul Grewal, jefe de asuntos legales de Coinbase, ha criticado abiertamente la demanda del estado de Oregón, calificándola de reciclaje de argumentos obsoletos que la SEC ya ha decidido no perseguir. Además, Grewal advirtió que estas acciones estatales podrían complicar y entorpecer los esfuerzos bipartidistas en el Congreso destinados a construir una legislación federal integral que regule el sector de activos digitales. La experiencia demuestra que la falta de uniformidad entre reguladores puede generar incertidumbre legal y obstaculizar la innovación dentro del mercado cripto. Este movimiento de Oregón pone de manifiesto las complejidades inherentes a la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos, donde la coexistencia de normas estatales y federales no siempre está claramente delimitada.
Mientras algunos estados optan por reglas más estrictas o específicas, el gobierno federal avanza hacia la creación de guías que podrían armonizar la supervisión a nivel nacional. Asimismo, la formación de un Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas por parte de la SEC, bajo la dirección del presidente interino Mark Uyeda, refuerza la intención de redefinir el enfoque regulatorio, enfocándose en la claridad y el desarrollo sostenible del ecosistema. Coinbase, reiterando su postura, asegura que sus operaciones cumplen con la legislación vigente y que la mayoría de los activos digitales que negocia no deberían clasificarse como valores. Esta distinción es fundamental para determinar el marco regulatorio aplicable, pues implica diferentes requisitos y controles. La definición de qué constituye un valor digital sigue siendo uno de los aspectos más debatidos y controvertidos dentro del sector, afectando tanto a los proveedores de servicios como a los inversores.
El contexto internacional también es relevante, dado que otros países están adoptando enfoques variados para tratar las criptomonedas, desde considerarlas como infraestructura tecnológica hasta regularlas como activos financieros. Por ejemplo, Singapur ha abogado por un modelo que concibe las criptomonedas más como infraestructura que como simples riesgos, buscando fomentar la innovación sin sacrificar la protección a los consumidores. En el panorama interno, la presión de actores estatales como Oregón puede resultar en una multiplicidad de regulaciones que podría fragmentar el mercado norteamericano. Esto motivos a los legisladores federales a acelerar la discusión y aprobación de un marco regulatorio uniforme, que equilibre adecuadamente la innovación y la protección legal. Además, quejas de entidades como Coinbase reflejan la preocupación por la seguridad jurídica y la necesidad de reglas claras y previsibles.
El caso de Coinbase es además emblemático por su magnitud y visibilidad, actuando como referencia para cómo otros intercambios y proyectos de blockchain entenderán y navegarán la regulación futura. La decisión de Oregón podría incentivar a otros estados a adoptar posturas similares, incrementando el riesgo de desenlaces legales y regulativos dispares. Por su parte, el reciente cambio de estrategia por parte de la SEC, con un giro hacia la cooperación y la formación de políticas claras, podría dar pie a un nuevo capítulo en la relación entre gobiernos y empresas del sector criptográfico. Este enfoque podría facilitar una mayor participación e interlocución entre reguladores y actores de la industria, promoviendo un ambiente más estable y propicio para el desarrollo tecnológico. Mientras tanto, Coinbase ha manifestado su compromiso de defender vigorosamente sus prácticas comerciales y de continuar su expansión en el mercado global.
La empresa insiste en que la clasificación de la mayoría de los activos digitales requerirá un análisis cuidadoso y específico, y que la mera adopción de modelos regulatorios antiguos para el nuevo contexto tecnológico puede resultar contraproducente. En conclusión, la demanda presentada por Oregón contra Coinbase simboliza un frente estatal que desafía el replanteamiento federal en materia de regulación cripto. Esta situación subraya la necesidad de consensos y marcos legales claros que puedan contener la rápida evolución del ecosistema digital, protegiendo a inversionistas y usuarios sin inhibir el crecimiento y la innovación. El desenlace de esta disputa legal probablemente influirá en el moldeamiento regulatorio nacional y establecerá precedentes para el manejo futuro de las criptomonedas y sus plataformas asociadas en Estados Unidos.
