Las stablecoins, monedas digitales diseñadas para mantener una paridad con activos estables como el dólar estadounidense, han emergido como protagonistas en la evolución del ecosistema financiero global. Su potencial para transformar las transacciones diarias, reducir costos y aumentar la velocidad de pagos ha generado un interés creciente en reguladores, inversores y grandes corporaciones. Sin embargo, en los Estados Unidos, uno de los mercados más influyentes y robustos, el camino hacia una regulación federal clara y favorable parece encontrarse con obstáculos significativos tras la reciente fractura de la coalición bipartidista en el Senado. A principios de mayo de 2025, el optimismo sobre la posibilidad de establecer un marco normativo coherente para las stablecoins sufrió un duro golpe cuando un grupo clave de senadores demócratas anunció su intención de bloquear un proyecto de ley que los republicanos esperaban aprobar pronto. Esta situación respondió a demandas específicas de modificaciones que consideran indispensables para abordar debilidades en el texto original, especialmente en áreas delicadas como la prevención del lavado de dinero, la supervisión de emisores extranjeros, la seguridad nacional y la protección del sistema financiero ante riesgos sistémicos.
El senador Ruben Gallego, un legislador relativamente nuevo y conocido por su postura favorable al sector criptográfico, fue la voz líder en la declaración colectiva de nueve senadores demócratas que manifestaron su rechazo a la versión vigente de la ley. Este grupo destacó que, sin las correcciones necesarias, el proyecto no puede garantizar la seguridad ni la responsabilidad adecuada, poniendo en peligro a consumidores y al propio mercado. Es importante entender que las stablecoins han gozado de un ambiente relativamente positivo en la administración previa, bajo el liderazgo de Donald Trump. Durante ese periodo se intensificaron señales de apoyo hacia la innovación tecnológica financiera, reduciendo las acciones punitivas contra compañías del sector y promoviendo la nominación de reguladores que favorecen una regulación menos restrictiva. Incluso el expresidente se sumó al fenómeno lanzando su propia memecoin, una moneda de carácter más simbólico y viral.
Además, varias instituciones financieras y bancos estadounidenses habían empezado a evaluar la posibilidad de incursionar formalmente en el mercado de stablecoins, esperando un marco regulatorio federal que brinde claridad y seguridad jurídica. El proyecto de ley en discusión planteaba, entre otros aspectos, que las stablecoins vinculadas al dólar estuvieran respaldadas por activos líquidos y seguros, como deuda gubernamental a corto plazo o valores similares, y bajo la supervisión de reguladores estatales o federales. Paralelamente a este movimiento legislativo centrado en las stablecoins, la Cámara de Representantes ha impulsado un borrador de ley que busca regular el mercado criptográfico en términos más amplios. Este propone definir cuándo productos digitales estarán bajo la autoridad de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y cuándo corresponderán a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés). Estas clasificaciones son clave para que las empresas del sector puedan operar con mayor certeza y minimizar conflictos legales prolongados, especialmente con la SEC, organismo que ha protagonizado varias disputas con firmas criptográficas.
El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, French Hill, ha expresado en repetidas ocasiones su objetivo de mantener a Estados Unidos como la "capital mundial de la cripto". De hecho, el avance de esta legislación complementaria al proyecto de stablecoins se considera vital para sostener el liderazgo tecnológico y financiero del país en un ambiente global competitivo y cambiante. A pesar de las buenas intenciones y los avances iniciales, el enfrentamiento político se ha intensificado, reflejando diferencias profundas no solo en la interpretación sobre la regulación sino en la estrategia y puertas que debe abrir o cerrar el gobierno con respecto a innovaciones financieras disruptivas. El senador Bill Hagerty, máximo impulsor republicano del proyecto, declaró en redes sociales que ahora el Senado debe elegir entre avanzar de forma bipartidista o dejar claro que la legislación sobre activos digitales seguirá siendo un asunto partidista. El obstáculo principal radica en que para superar un filibusterazo se necesitan 60 votos en el Senado, lo que implica que un sector de demócratas debe al menos apoyar la iniciativa.
La negativa expresa del grupo encabezado por Gallego indica que sin importantes reformas, el proyecto enfrentará mayores dificultades para obtener el apoyo requerido. Parte del argumento de los demócratas que rechazan la propuesta está enfocado en que la legislación actual carece de mecanismos robustos para proteger a los consumidores. La senadora Elizabeth Warren, una figura destacada en este debate, alerta sobre los riesgos que el texto presenta al permitir que grandes compañías tecnológicas, así como figuras influyentes como el expresidente Trump y Elon Musk, puedan lanzar y beneficiarse con sus propias monedas digitales. Además, advierte que la falta de supervisión adecuada podría culminar en la presión para rescates gubernamentales en caso de fallos de mercado, generando riesgos para la estabilidad económica. Al mismo tiempo, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha expresado frustración por la negativa demócrata y confía en que esta semana se podrá realizar una votación de prueba para avanzar en el proceso legislativo.
Destacó que el texto contempló aportes sustanciales de senadores demócratas como Kirsten Gillibrand, y señaló que la parálisis actual responde a un clima político donde muchos temen asociarse con posiciones controversiales. Por su parte, el líder demócrata Chuck Schumer ha señalado que las conversaciones entre ambos partidos continúan, aunque reconoce las presiones internas dentro de su bancada por mantener posiciones firmes en materia regulatoria. El interés de múltiples actores estratégicos, incluidas empresas minoristas que ven en las stablecoins una opción traer más barata y eficiente para pagos, genera expectativas económicas y comerciales altas. Una regulación clara y equilibrada podría no solo proteger a los consumidores sino también estimular la innovación, el crecimiento y la competitividad de la economía norteamericana en el ámbito digital. Sin embargo, la incertidumbre actual también pone en riesgo la viabilidad de una ley más amplia de estructura de mercado que está siendo discutida en paralelo en el Senado, dado que su avance depende en gran medida de un acuerdo integral sobre las stablecoins.
El panorama actual refleja la complejidad inherente al intento de regular un sector disruptivo y en rápida evolución como el criptográfico. Las tensiones partidistas y las divergencias en la visión sobre protección, promoción de la innovación y seguridad financiera hacen que la adopción de una legislación consensuada sea un desafío formidable. Para la industria y los observadores internacionales, la situación en Estados Unidos es un indicativo de que el camino hacia una regulación integral será largo y probablemente volátil. La necesidad de encontrar un equilibrio entre fomentar el progreso tecnológico y evitar riesgos sistémicos es un reto que conllevará negociaciones políticas rigurosas y potenciales revisiones sustanciales en los proyectos actuales. En conclusión, la ruptura de la coalición bipartidista en el Senado estadounidense representa un revés significativo para la regulación favorable de las stablecoins y del mercado cripto en general.
Mientras los actores políticos continúan dialogando y presionando por sus agendas, la industria permanece a la expectativa, consciente de que la claridad regulatoria es un pilar clave para su crecimiento sostenible y su integración en el sistema financiero global.
