El 7 de septiembre de 2021, El Salvador hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Esta decisión ambiciosa y controversial se enmarcó dentro de un esfuerzo por mejorar la economía nacional, atraer inversiones y fomentar la inclusión financiera. Sin embargo, a más de dos años de esta audaz iniciativa, surge la pregunta: ¿por qué el experimento del Bitcoin en El Salvador tuvo que terminar? Para entender el contexto del experimento de Bitcoin en El Salvador, es crucial considerar los desafíos económicos que enfrenta el país. Con una economía marcada por la pobreza y la informalidad laboral, además de una dependencia significativa de las remesas, la adopción de criptomonedas fue vista como una posible solución a largo plazo. La administración del presidente Nayib Bukele argumentó que al utilizar Bitcoin se podrían facilitar las transacciones y reducir la dependencia del dólar estadounidense, que es la moneda principal en circulación desde el año 2001.
Sin embargo, muy pronto surgieron desafíos y críticas. Uno de los problemas más evidentes fue la volatilidad del Bitcoin, una característica inherente de esta criptomoneda. El precio de Bitcoin ha fluctuado extraordinariamente desde su creación, lo que representa un riesgo significativo para la economía de un país que busca estabilidad. Las empresas y los comerciantes enfrentaron dificultades para definir precios y hacer transacciones en un entorno tan inestable, lo que llevó a una resistencia considerable por parte del sector privado. Adicionalmente, la implementación de la Ley Bitcoin fue problemática.
A pesar de que el gobierno había promovido la creación de una billetera digital llamada "Chivo" para facilitar las transacciones, muchos salvadoreños no estaban familiarizados con el uso de criptomonedas. La falta de educación financiera y de recursos para aprender a manejar Bitcoin generó desconfianza en la población. Muchos ciudadanos optaron por seguir utilizando el dólar debido a su familiaridad y estabilidad. La falta de infraestructura adecuada también fue un factor determinante en el eventual fracaso del experimento. Aunque se anunciaron planes para construir cajeros automáticos de Bitcoin y mejorar el acceso a internet, la realidad es que muchas zonas rurales del país todavía carecen de la infraestructura tecnológica necesaria para realizar transacciones digitales de manera efectiva.
Esto no solo limitó la adopción de Bitcoin, sino que también amplió la brecha entre los que tienen acceso a la tecnología y los que no. Además, a medida que el precio de Bitcoin comenzó a caer drásticamente a partir de 2022, los riesgos asociados con esta inversión se hicieron más evidentes. El gobierno salvadoreño había comprado una cantidad significativa de Bitcoin, pero cuando su valor se desplomó, las pérdidas se hicieron insostenibles para las finanzas públicas. Esto llevó a una creciente presión sobre la administración de Bukele para encontrar maneras de manejar la crisis. Las repercusiones económicas de la implementación del Bitcoin también afectaron las relaciones del país con organismos internacionales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) había expresado preocupaciones sobre la adopción de criptomonedas, advirtiendo sobre los riesgos financieros involucrados y sugiriendo que la economía salvadoreña podría enfrentarse a complicaciones serias. Las divisiones entre el gobierno salvadoreño y el FMI aumentaron a medida que el clima económico del país continuaba deteriorándose. Uno de los aspectos más controversiales del uso de Bitcoin fue su uso por parte de criminales en el país. A pesar de que la intención del gobierno era promover la innovación y la inclusión financiera, se comenzaron a ver casos de delitos relacionados con el uso de criptomonedas. Esto generó un clima de desconfianza y temores sobre la seguridad financiera, que dificultaron los esfuerzos por implementar Bitcoin como un medio legítimo de intercambio.
Por otro lado, hay que mencionar las promesas hechas por el gobierno en torno a la construcción de un hospital y otras infraestructuras públicas financiadas con las ganancias de Bitcoin. Sin embargo, estas promesas no se cumplieron, lo que llevó a un creciente escepticismo en torno a la capacidad del gobierno de implementar proyectos de desarrollo sostenible. A medida que los ciudadanos comenzaron a exigir rendición de cuentas, el gobierno se encontró bajo una presión creciente para justificar sus decisiones. En este contexto, el entusiasmo inicial por el Bitcoin comenzó a desvanecerse. Las protestas en contra del manejo del gobierno y la falta de transparencia se hicieron cada vez más comunes.
La presión del pueblo llevó a una reevaluación de la posición del país respecto a las criptomonedas. Los ciudadanos, que al principio acogieron con agrado la idea de Bitcoin, comenzaron a sentirse decepcionados y frustrados con los resultados de la estrategia económica del gobierno. Así llega el momento en que la administración de Bukele enfrenta un dilema. La resistencia creciente entre la población y la presión internacional apuntan a la necesidad de reevaluar la estrategia del gobierno en relación al Bitcoin. La falta de resultados tangibles y la incapacidad para abordar los problemas sociales y económicos del país llevaron al cuestionamiento de la decisión de adoptar una moneda tan volátil como Bitcoin.
