En un avance significativo para la industria criptográfica en Estados Unidos, Nuevo Hampshire ha dado un paso audaz al convertirse en el primer estado del país en aprobar una ley que permite la creación de una reserva estratégica de Bitcoin utilizando fondos públicos. Esta acción lo diferencia notoriamente de otros estados como Florida, Arizona y Wyoming, que recientemente decidieron rechazar o abandonar sus propias propuestas similares, debido principalmente a inquietudes relacionadas con la volatilidad del mercado y la incertidumbre regulatoria. El proyecto de ley 302, conocido como HB302, fue firmado por la gobernadora Kelly Ayotte el 6 de mayo, autorizando al tesorero del estado a invertir hasta un 5% de los fondos públicos en activos digitales que cumplan con estrictos criterios de elegibilidad, incluyendo también metales preciosos como parte de la reserva. Este movimiento ha sorprendido al sector financiero y cripto, especialmente porque pone a Nuevo Hampshire en una posición pionera dentro del panorama legislativo estadounidense en torno a las criptomonedas. Solo Bitcoin cumple con los requisitos establecidos por el HB302, ya que la ley estipula que únicamente se pueden destinar inversiones a criptomonedas que hayan mantenido una capitalización de mercado superior a los 500 mil millones de dólares en los últimos doce meses.
Con una capitalización de casi 2 billones de dólares al momento de la aprobación, Bitcoin es la única moneda digital que cumple con este umbral, consolidando su rol como reserva de valor principal. La aplicación de la ley está programada para entrar en vigencia 60 días después de su promulgación, momento en el cual el estado podría iniciar oficialmente la creación de una reserva estratégica de Bitcoin. Este desarrollo envía un mensaje claro sobre la disposición de Nuevo Hampshire a explorar e integrar activos digitales dentro del marco institucional y financiero estatal. Por otro lado, la experiencia de otros estados con propuestas similares ha sido menos favorable. Florida, que a principios de 2025 presentó dos proyectos de ley (HB487 y SB550) con la intención de permitir la inversión de fondos públicos en Bitcoin, optó por suspender indefinidamente estos proyectos.
En un giro inesperado tras un inicio prometedor, ambas iniciativas fueron retiradas tras la conclusión de la sesión legislativa del estado el 3 de mayo, sin que llegaran a ser votadas. La decisión se atribuye principalmente a preocupaciones políticas y financieras, reflejando la falta de consenso sobre el manejo de activos tan volátiles como las criptomonedas con fondos estatales. Arizona siguió un camino similar, pero con un desenlace aún más contundente. A pesar de que el proyecto de ley SB1025, denominado "Arizona Strategic Bitcoin Reserve Act", logró superar ambas cámaras de la legislatura, la gobernadora Katie Hobbs decidió vetarlo el 2 de mayo. En su carta de rechazo, Hobbs enfatizó la necesidad de proteger los fondos públicos de inversiones que consideró no probadas y riesgosas.
Defendiendo la solidez y estabilidad del sistema de retiro estatal, la gobernadora manifestó un escepticismo enfático hacia las criptomonedas, insistiendo en que no deben formar parte de la estrategia financiera estatal. En el caso de Wyoming, estado reconocido por su postura favorable hacia las criptomonedas y hogar de la senadora Cynthia Lummis, una defensora destacada del sector, una propuesta similar también fue rechazada. El proyecto HB0201 planteaba asignar hasta un 3% de los fondos generales y permanentes del estado en Bitcoin, pero fue derrotado en comité en febrero, después de recibir escaso apoyo legislativo. La principal preocupación estuvo centrada en los riesgos para los contribuyentes y la economía local, lo que terminó por frenar cualquier avance legislativo. El rechazo en estos tres estados refleja el clima cauteloso que prevalece en gran parte de Estados Unidos con respecto a las inversiones públicas en criptomonedas.
La volatilidad intrínseca de los activos digitales, junto con un panorama regulatorio aún en formación, ha generado dudas sobre la prudencia de destinar recursos fiscales a instrumentos considerados por algunos como experimentales o de alto riesgo. Además, otros estados como Pennsylvania, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur han optado por no avanzar con legislaciones similares, evidenciando un patrón generalizado de reticencia que contrasta con la innovadora posición de Nuevo Hampshire. A nivel federal, la idea de una reserva estratégica de Bitcoin también ha ganado terreno como parte del discurso político. Durante su campaña presidencial, Donald Trump apoyó junto a la senadora Lummis la creación de una Reserva Estratégica Federal de Bitcoin (SBR). En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que estableció dicha reserva con BTC ya poseído por el gobierno, prohibiendo su venta y autorizando estrategias para adquirir más Bitcoin sin impacto fiscal negativo.
De manera paralela, se creó un "Stockpile de Activos Digitales de EE.UU.", incluyendo criptomonedas incautadas que no sean Bitcoin, aunque sin planes inmediatos para aumentar este inventario. Este contexto federal crea un escenario interesante para los estados que estén considerando crear reservas estratégicas, pues aunque las iniciativas locales enfrentan obstáculos, el interés y el debate continúan creciendo. La decisión de Nuevo Hampshire puede resultar un estudio de caso importante para otros estados que buscan equilibrar la oportunidad financiera con la responsabilidad fiduciaria.
El marco regulatorio estricto, los criterios claros para la elegibilidad de activos y el límite prudente en la proporción de fondos destinados a criptomonedas son elementos clave que podrían influir en futuras propuestas a nivel estatal o incluso nacional. Además de la gestión económica, esta ley puede avivar el desarrollo del ecosistema cripto dentro del estado, promoviendo la innovación tecnológica, la adopción de blockchain y la atracción de empresas afines. Al ser pionero en una acción tan audaz, Nuevo Hampshire podría posicionarse como un hub cripto emergente, creando empleo y estimulando la economía local con nuevas oportunidades digitales. No obstante, la volatilidad del mercado de Bitcoin y las fluctuaciones de su valor siguen siendo factores que los gestores públicos deberán manejar con cautela, adoptando una aproximación balanceada que minimice riesgos y maximice beneficios a largo plazo. En conclusión, mientras diversos estados estadounidenses dudan y se alejan de la idea de reservas estratégicas en criptomonedas por la incertidumbre regulatoria y el riesgo financiero, Nuevo Hampshire ha marcado un precedente notable con la aprobación de su ley HB302.
Esta iniciativa no solo refuerza el creciente protagonismo de Bitcoin en las finanzas públicas, sino que también abre la puerta a una nueva era de inversión estatal en activos digitales considerados valiosos y potencialmente rentables. El tiempo revelará si esta estrategia servirá como modelo para otras entidades gubernamentales, o si, por el contrario, la prudencia y las reservas seguirán dominando la agenda política y económica con respecto a las criptomonedas. Sin duda, Nuevo Hampshire ha puesto sobre la mesa una discusión crucial sobre la integración de las criptomonedas en las finanzas públicas y el papel que jugarán en el futuro económico de Estados Unidos.