En los últimos años, la lucha contra los monopolios en el mercado tecnológico ha tomado un protagonismo sin precedentes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha liderado un proceso legal histórico contra Google, señalando una práctica monopolística en el mercado de motores de búsqueda. En agosto de 2024, el juez Amit P. Mehta declaró oficialmente a Google como monopolista y estableció que la compañía ha abusado de esta posición para mantenerse dominante. Sin embargo, la polémica se ha generado a partir de la propuesta del DOJ de obligar a Google a vender su popular navegador Chrome, con el fin de restaurar la competencia en el sector.
Esta medida, aunque se presenta como un remedio legal necesario, ha generado una ola de advertencias y críticas de expertos y voces influyentes dentro de la industria tecnológica, que temen que sus efectos puedan ser contraproducentes para el ecosistema web y las pequeñas empresas que dependen de él. La solicitud del DOJ de que Google se deshaga de Chrome se hizo durante una audiencia de tres semanas centrada en los posibles remedios para este caso antimonopolio. El argumento central del Departamento de Justicia, representado por el abogado David Dahlquist, es que no quieren una victoria simbólica sino efectiva, una que envíe un mensaje claro a Google y otros monopolistas de que existirán consecuencias reales por violar las leyes antimonopolio. A pesar de ello, varios líderes del sector expresan que la propuesta de venta forzosa puede ser un error fundamental que perjudicaría el progreso y la salud del ecosistema web. Uno de los temores más destacados es que la venta de Chrome y la prohibición de acuerdos de búsqueda predeterminados con navegadores más pequeños, como Mozilla Firefox, podría suponer un desplome significativo en la inversión en el desarrollo de la plataforma web.
De acuerdo con estimaciones, esta medida podría provocar una caída del 70% en dicha inversión e incluso poner en riesgo la existencia de proyectos independientes y valiosos para la diversidad del navegador y la competencia. El ecosistema web actual depende de una compleja red de infraestructura técnica y económica, donde el navegador Chrome, desarrollado por Google, desempeña un papel central. Google no solo gestiona el navegador, sino que también es el principal impulsor financiero detrás de la innovación abierta en la web, respaldando tecnologías fundamentales que hoy alimentan a otros navegadores, incluso competidores directos. Expertos como Guillermo Rauch, CEO de Vercel, han expresado con claridad que la venta forzosa de Chrome a quien Google no designe podría ser desastrosa para la web abierta. Rauch destaca que el motor de renderizado de Chrome, Blink, es un proyecto open source con licencia BSD y LGPL y que es la base para una variedad de otros navegadores como Microsoft Edge, Brave, Opera y otros.
Esta capa de infraestructura es esencial, pero lo más delicado recae en la parte del frontend del navegador, que es la versión particular que Google distribuye con sus integraciones, configuraciones predeterminadas y servicios vinculados. Este frontend es el que dota a Google del poder para establecer motores de búsqueda por defecto, ajustar características de inteligencia artificial, gestionar privacidad a través de telemetría, sincronización, y políticas sobre extensiones y complementos. Alterar de forma abrupta esta parte podría introducir caos, deteriorar la experiencia del usuario y reducir considerablemente la inversión en desarrollo continuo. La línea de pensamiento que sostienen muchas voces de la industria indica que la solución adecuada para limitar el poder monopolístico de Google debería ser más medida y precisa. Una propuesta alternativa que se ha presentado contempla cancelar el acuerdo de Google con Apple, limitar la cuota máxima de búsqueda predeterminada en los navegadores a un 50%, crear excepciones para navegadores más pequeños, y exigir que Google reinvierta la mayoría de los ingresos de búsqueda en el desarrollo abierto de plataformas web y navegadores.
Estas medidas, según analistas, podrían reducir la participación de Google en el mercado de búsqueda en Estados Unidos por debajo del 50%, eliminando así el umbral para considerarla monopolio, pero sin desmantelar la infraestructura en la que el ecosistema entero confía para seguir avanzando y siendo competitivo. Figuras como David Heinemeier Hansson, creador de Ruby on Rails, han sumado argumentos que alertan del deterioro que podría sufrir la web si se pierde la inversión masiva de Google, que resultado de un interés económico propio, financia tanto el navegador como los estándares y tecnologías web abiertas. En sus palabras, forzar la venta de Chrome podría hacer que el gigante tecnológico reevalue las inversiones, con las evidentes consecuencias negativas para el desarrollo web. Además de las cuestiones técnicas y económicas, expertos y líderes del sector también señalan que la venta forzosa de Chrome podría ser una opción poco viable o incluso una fantasía desde el punto de vista empresarial, dado que Chrome es en gran parte software abierto con una base que otros pueden y ya están usando para crear sus propios navegadores. La venta de la marca o del producto como tal no tiene un valor comercial significativo separado de la influencia y el ecosistema que Google ha cimentado a su alrededor.
Esto plantea una pregunta crucial sobre la eficacia y la lógica detrás de la demanda del DOJ. Algunas voces han sugerido que, en lugar de centrarse en dividir a Google, la justicia debería promover que en plataformas como Android se ofrezca a los consumidores una verdadera libertad para elegir motores de búsqueda y aplicaciones predeterminadas sin presiones o represalias por parte de Google. Esto incluye disociar los incentivos que atizan un bloqueo de facto para mantener la preeminencia de Google en la configuración predeterminada del dispositivo. Aravind Srinivas, CEO de Perplexity, ha enfatizado en esta quizá como la vía más correcta y práctica para reducir el dominio del gigante tecnológico sin fragmentar un producto tan fundamental como Chrome y exponiendo el riesgo de que la calidad y la experiencia se vean seriamente afectadas. La apertura y competencia real en Android podrían empoderar tanto a fabricantes de dispositivos como a usuarios para seleccionar sus propias preferencias de búsqueda y asistentes de voz.
No es menos importante el impacto que tendría la reducción de inversión en la web para millones de pequeños negocios que dependen exclusivamente del acceso abierto. Ilya Grigorik, ingeniero destacado en Shopify, ha recordado que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, que operan con márgenes muy ajustados, dependen de la web abierta como su único canal para la relación directa con clientes y el control creativo sobre su presencia digital. Una minoración en la innovación tecnológica podría poner en riesgo la viabilidad de muchos de estos negocios, afectando la economía digital en su conjunto. Las voces a favor de mantener Chrome bajo la tutela de Google enfatizan que el navegador no solo es la plataforma más utilizada a nivel global, sino también la que más invierte en tecnologías que mejoran la velocidad, seguridad, accesibilidad y ambiente general de la web. Además, señalan que existen múltiples alternativas de navegadores basados en Chromium que compiten con Chrome, demostrando que el mercado es dinámico y no está cerrado a la innovación.
Por otro lado, los críticos de la propuesta del DOJ manifiestan que una intervención apresurada y radical puede transformar una solución legal en un problema mayor. La reducción abrupta de recursos, la posible bancarrota de proyectos independientes y la caída de la competitividad podrían dejar el camino abierto para que otras plataformas, cerradas y propietarias, ganen terreno a expensas de la web abierta y libre. El proceso legal que se está desarrollando continuará con la fase de remedios y propuestas durante varias semanas, en la cual tanto el Departamento de Justicia como Google presentarán sus argumentos y testimonios. La decisión final del juez Mehta será determinante para el futuro no solo de Google sino también del ecosistema digital en general. Se espera que esta sentencia se emita a finales de 2025, pero cualquiera que sea el resultado, no será definitivo, dado que Google ya ha anunciado su intención de apelar cualquier fallo adverso, prolongando así esta batalla judicial posiblemente hasta instancias superiores como la Corte Suprema.
