Durante la administración de Donald Trump, la regulación de criptomonedas en los Estados Unidos experimentó cambios significativos, especialmente con respecto a la Unidad de Aplicación de Cripto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Esta reducción en la capacidad de la SEC para hacer cumplir las leyes relacionadas con las criptomonedas ha suscitado preocupaciones entre los inversores y entusiastas del sector sobre la dirección futura de estas innovadoras tecnologías financieras. La SEC se estableció para proteger a los inversionistas y mantener la integridad del mercado de valores en EE. UU., pero su enfoque en las criptomonedas ha sido objeto de debate.
La unidad de aplicación de criptomonedas fue creada para supervisar y hacer cumplir las regulaciones en un espacio que ha crecido exponencialmente, presentando tanto oportunidades como riesgos. Sin embargo, bajo la administración Trump, esta unidad experimentó una reducción de su personal y recursos, lo que llevó a que muchos en la industria cuestionaran la efectividad de la regulación de criptomonedas. Uno de los aspectos más destacados de esta disminución fue la psicología detrás de la estrategia de la administración Trump. Trump y sus funcionarios, en su mayoría, veían la regulación como una carga inclinada a sofocar la innovación. En gran medida, su administración promovió un enfoque más laxo que buscaba fomentar el crecimiento de nuevas tecnologías, incluidos los activos digitales.
Esto generó un ambiente donde la regulación parecía secundaria a la promoción del crecimiento económico y la competitividad. Sin embargo, esta percepción de las criptomonedas como un sector en crecimiento no se tradujo necesariamente en una protección adecuada para los inversionistas. La reducción de la unidad de aplicación dejó a muchos estafadores y proyectos fraudulentos operar sin supervisión, lo que resultó en pérdidas significativas para miles de inversores. La falta de intervención de la SEC permitió que varias ofertas iniciales de moneda (ICO) y otros instrumentos cripto se lanzaran sin el debido escrutinio, lo que generó un entorno de alta volatilidad y riesgo. Además, la postura de la administración Trump sobre la regulación de criptomonedas no solo fue un asunto interno, sino que también causó repercusiones a nivel internacional.
Con países de todo el mundo estableciendo regulaciones más estrictas respecto a las criptomonedas, la falta de liderazgo regulatorio de EE. UU. hizo que el país se convirtiera en un terreno fértil para actividades dudosas. Las empresas de criptomonedas comenzaron a establecerse en otras jurisdicciones donde las regulaciones eran más favorables, lo que llevó a la pérdida de ingresos potenciales y oportunidades de innovación dentro de Estados Unidos. Por otro lado, la reducción de la unidad de aplicación de la SEC también se vio reflejada en el hecho de que, durante este período, se hicieron menos acciones legales contra empresas que operaban de manera sospechosa o que estaban implicadas en fraude.
Como resultado, la confianza de los inversores en el mercado de criptomonedas se vio afectada, lo que llevó a una mayor incertidumbre y miedo en la comunidad criptográfica. La percepción de que el gobierno no estaba tomando en serio los problemas relacionados con el mal uso de las criptomonedas contribuyó a una imagen negativa del sector en general. A pesar de la reducción de la unidad de aplicación, algunos funcionarios de la SEC, como el entonces presidente Jay Clayton, continuaron advirtiendo sobre los riesgos asociados con las criptomonedas. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron limitados por la falta de recursos y el enfoque general de la administración. Clayton enfatizó la necesidad de una mayor supervisión y regulación para asegurar que el mercado operara de manera justa y transparente, pero sus advertencias a menudo quedaron sin escuchar frente a la dirección favorable a la innovación que deseaba Trump.
