En los últimos años, la verificación de edad en línea se ha convertido en un tema crucial para gobiernos, plataformas digitales y usuarios. Con el auge de las preocupaciones sobre la exposición de niños y adolescentes a ciertos contenidos inapropiados en internet, diversas legislaciones han empezado a exigir a plataformas digitales que impongan restricciones basadas en la edad. Sin embargo, estas medidas, aunque bien intencionadas, plantean problemas profundos relacionados con la privacidad y la seguridad de la información personal. Las leyes de verificación de edad buscan limitar el acceso a contenidos que se consideran perjudiciales para menores de ciertas edades, obligando a los sitios web y redes sociales a identificar y autenticar a cada usuario antes de permitir el acceso. Esta necesidad de autenticar representa un desafío serio, pues la identificación en línea puede erosionar el anonimato y la pseudonimia que muchos usuarios han mantenido hasta ahora.
Verificar la edad en el entorno digital no es tan sencillo como en el mundo físico. No existe un método mágico que permita comprobar con exactitud y sin riesgos quién es el usuario que ingresa a una plataforma. Generalmente, las opciones disponibles implican la utilización de datos sumamente sensibles. Por un lado, están los escaneos faciales, que usan la tecnología de reconocimiento facial para intentar determinar la edad de la persona, y por otro, la presentación de documentos oficiales como pasaportes, carnets de identidad o licencias de conducir. Los escáneres faciales han sido promovidos por algunas plataformas y proveedores especializados en verificación de identidad, formando una industria emergente alrededor de esta tecnología.
Sin embargo, más allá de su aparente innovación, estas herramientas presentan numerosos problemas. Primero, afectan directamente la privacidad de los usuarios, dado que las plataformas recaban y almacenan imágenes biométricas que, si son comprometidas, pueden ser utilizadas para múltiples fines maliciosos. Además, exhiben sesgos raciales y de género que impactan la precisión del reconocimiento, lo que puede perjudicar a ciertos grupos de usuarios. Finalmente, aunque suene grave, estos sistemas pueden ser vulnerados mediante técnicas como los deepfakes, lo que pone en cuestión su efectividad real. En cuanto a la solicitud de documentos oficiales, la situación es aún más delicada.
Los documentos de identificación contienen información extremadamente confidencial que incluye fotografía, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y códigos gubernamentales. Cuando este tipo de datos se recopilan, ya sea directamente por la plataforma o a través de terceros que proveen servicios de verificación, la seguridad resulta un desafío mayúsculo. Las filtraciones de datos, que han ocurrido en numerosas ocasiones, representan una amenaza latente para la integridad de la información personal de millones de usuarios. Es importante destacar que la proliferación de copias digitales de documentos oficiales aumentará la vulnerabilidad de estos datos. Cuantas más copias existan circulando en internet, más probabilidades hay de que sean robados o utilizados de forma fraudulenta, disminuyendo además la eficacia de estos documentos para identificar a una persona en circunstancias reales cuando se requieren medidas de alta seguridad.
En el ámbito de la legislación, diferentes países han adoptado o están considerando leyes que exigen esta verificación. Recientemente, plataformas globales como Discord han comenzado a implementar sistemas de verificación facial o mediante documentos para cumplir con normativas de países como Australia y el Reino Unido. Mientras estas medidas se han centrado en ciertas regiones o para tipos específicos de contenido, la tendencia indica que podrían extenderse a un nivel más amplio, aplicándose a toda la base de usuarios de una plataforma sin importar su ubicación. Este panorama se replica en Estados Unidos, Canadá y Europa, donde múltiples estados y países han desarrollado o propuesto leyes similares. La presión regulatoria está creciendo, y con ello las probabilidades de que más plataformas implementen estas medidas, aumentando la base de datos con información sensible a nivel global.
Uno de los aspectos más controvertidos es la definición de lo que se considera contenido sensible o inapropiado para menores, ya que difiere notablemente entre países y culturas. Por ejemplo, mientras en algunos lugares se limitan contenidos explícitamente pornográficos, en otros se extienden prohibiciones hacia el acceso a redes sociales completas para públicos jóvenes, o incluso censuran temas como la identidad de género o la orientación sexual. Esto genera preocupaciones sobre la libertad de expresión y el acceso a información educativa crucial, además de que los criterios para clasificar el contenido pueden cambiar según el gobierno o la administración de turno. Otro factor que complica la efectividad de la verificación de edad es la capacidad de los menores para burlar estas barreras. Técnicas como el uso de VPN, el acceso a cuentas verificadas por adultos y la creación o adquisición de documentos falsos son prácticas habituales que disminuyen el impacto real de estas medidas.
La aparición de deepfakes y la venta de cuentas verificadas online crean un mercado negro que socava toda la estructura de protección pretendida. En consecuencia, no sólo la verificación de edad falla a la hora de proteger de manera efectiva a los menores, sino que además pone en riesgo la privacidad y la seguridad de todos los usuarios. La recopilación masiva de datos biométricos y documentos personales va en contra de principios fundamentales como la minimización de datos que promueve la mayoría de las regulaciones sobre protección de datos a nivel mundial. La concentración de esta información sensible en poder de plataformas o proveedores para fines de verificación también abre la puerta a la comercialización ilegal de datos, o a que sean víctimas de ciberdelincuentes que buscan lucrarse a partir del robo o la manipulación de la identidad. La exposición de datos biométricos y documentos oficiales no sólo afecta la privacidad sino que puede ocasionar daños severos, incluyendo robo de identidad, usurpación, acoso y otros crímenes digitales.
Esta realidad es aún más preocupante para niños y adolescentes, quienes podrían estar forzados a proporcionar sus datos faciales para verificar su identidad “como adultos”, vulnerando sus derechos fundamentales. Frente a este escenario, resulta evidente que la solución no reside únicamente en la aplicación estricta de verificaciones de edad mediante tecnologías invasivas. Más allá de la legislación, es esencial apostar por la educación digital para menores y adultos, promoviendo el desarrollo de habilidades críticas para identificar y afrontar contenidos inapropiados o peligrosos en línea. Además, los sistemas de moderación de contenidos deben ser mejorados para ser más precisos, justos y transparentes, evitando los excesos o errores que pueden censurar información educativa o culturalmente importante. Cuando las restricciones se aplican de manera arbitraria o desproporcionada, se limitan derechos fundamentales y se genera desconfianza entre los usuarios y las plataformas.
En resumen, la verificación de edad a través de datos biométricos o documentos oficiales representa un dilema complejo entre la protección infantil y la conservación de la privacidad individual. La eficacia de estas medidas es cuestionable, y sus riesgos para la seguridad y los derechos de los usuarios son elevados. Es vital buscar un equilibrio mediante soluciones que respeten la privacidad, promuevan la educación y mejoren la moderación de contenidos, evitando que la tecnología utilizada para proteger a los más jóvenes se convierta en un peligro para toda la comunidad digital.
