El Futuro de la Gobernanza de Internet: ¿El Fin del Multilateralismo Multistakeholder?

Desde sus orígenes, Internet ha evolucionado de ser una red académica y de investigación a una infraestructura global fundamental que conecta a cientos de millones de personas, empresas y gobiernos. Sin embargo, el modelo que ha regido su gestión y gobernanza, conocido como multistakeholderismo, se encuentra hoy en un punto crítico. Esta forma de gobernanza, que implica la participación conjunta de gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidad técnica, enfrenta crecientes desafíos ante el auge del nacionalismo digital, las disputas geopolíticas y la concentración del poder en gigantes tecnológicos. En su nacimiento, Internet se consideró una plataforma única y especial. Sus defensores argumentaban que aplicar la regulación tradicional de telecomunicaciones y comercio no solo era inapropiado, sino potencialmente dañino para su desarrollo y expansión global.

Esto quedó patente en las décadas finales del siglo XX, cuando se promovió la idea de que Internet debía estar libre de impuestos y restricciones, con el fin de garantizar la libre circulación de datos y fomentar la innovación disruptiva que estaba revolucionando las comunicaciones y el acceso a la información. Con el paso del tiempo, sin embargo, se ha vuelto evidente que ese especial carácter de Internet no puede sostenerse indefinidamente. A comienzos del siglo XXI, presenciamos cómo los tratados internacionales que gobernaban las redes telefónicas tradicionales habían sido en gran medida superados por la rapidez y expansión de Internet. Se organizó la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS) con la intención de abordar estos cambios, especialmente con la conciencia creciente sobre la brecha digital que separaba a países y comunidades ricas de aquellas con poco acceso a las nuevas tecnologías. En ese contexto, Estados Unidos tuvo un papel predominante, tanto por ser el origen de muchas de las tecnologías clave como por el control que ejercía, hasta hace relativamente poco, sobre funciones esenciales como la asignación de nombres y direcciones en Internet, a través de la autoridad IANA y la organización ICANN.

Esta posición única despertó tensiones internacionales, ya que otras naciones veían con recelo la idea de que una infraestructura tan global estuviera bajo la supervisión directa de un solo país. El modelo multistakeholder ha sido defendido durante años como un equilibrio idóneo, pues permite que múltiples actores influyan en las decisiones que afectan a la Internet mundial. Esto contrasta con una gobernanza multilateral más tradicional, dominada por gobiernos y basada en tratados internacionales vinculantes. Sin embargo, el internacionalismo promotor de la apertura y colaboración ha tenido que enfrentar sucesivos embates: cuestionamientos por parte de algunos países, revelaciones de espionaje masivo, y el creciente protagonismo económico y político de grandes corporaciones tecnológicas que, aunque parte del sector privado, ejercen influencia desproporcionada. Por ejemplo, las filtraciones de Wikileaks y la actuación de Edward Snowden en la década pasada evidenciaron prácticas intrusivas por parte de agencias estadounidenses, lo que minó la confianza internacional y aceleró la demanda de mayor soberanía digital por parte de gobiernos como Brasil, Rusia, India y China.

Bajo este panorama, en 2016 Estados Unidos cedió su rol de supervisión directa del IANA a ICANN, un movimiento considerado por algunos como un paso hacia una gobernanza más neutra, pero que no resolvió profundamente las tensiones existentes. Con Internet transformándose a nivel estructural, el panorama de la gobernanza se vuelve aún más complejo. El auge de las redes de distribución de contenido (CDN), que acercan los datos al usuario final, junto con la fragmentación tecnológica y la proliferación de actores con intereses diversos, ha desdibujado el concepto tradicional de una Internet unificada. Los procesos de regulación y control público enfrentan dificultades para adaptarse, sobre todo cuando el sector privado, en particular las grandes empresas, priorizan sus propios intereses y rentabilidades por encima del bien común. A nivel global, persiste un problema insidioso: la brecha digital no solo se mantiene sino que se amplía.

A pesar de que la conectividad crece en números absolutos, alrededor de la mitad de la población mundial sigue sin acceso adecuado y asequible a Internet. En paralelo, los beneficios económicos derivados de la digitalización y la innovación se concentran en un puñado de empresas tecnológicas que, con capitalizaciones multimillonarias, dominan el mercado global, creando una nueva forma de desigualdad y vulnerabilidad. El desafío de la seguridad cibernética también ha escalado, convirtiendo Internet en un campo propicio para malware, abusos y ataques estatales, que erosionan la confianza y ponen en riesgo infraestructuras críticas. Los debates sobre privacidad, vigilancia, cifrado y atribución de ataques son cada vez más frecuentes, pero las soluciones técnicas y regulatorias parecen insuficientes frente a la sofisticación de las amenazas. Por otro lado, la intervención creciente de los gobiernos en la regulación digital, ilustrada por la implantación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea y otras iniciativas similares, indica un giro hacia un papel más activo y coercitivo del sector público frente a un sector privado que históricamente ha gozado de relativa autonomía.

Estas medidas buscan restaurar cierta responsabilidad social y transparencia, aunque también plantean riesgos para la competencia y la innovación por su impacto en actores más pequeños. Con la llegada de la década de 2020, y especialmente en 2025, la gobernanza de Internet enfrenta una crisis de legitimidad y confianza que podría marcar el fin del multistakeholderismo tal como lo conocemos. El resurgimiento de políticas proteccionistas y de soberanía digital, reforzado por decisiones unilaterales y tensiones comerciales como las que se han evidenciado recientemente entre Estados Unidos y otros países, apuntan hacia una fragmentación del espacio digital en compartimentos nacionales o regionales. Por ejemplo, Rusia ha comenzado a exigir que ciertos dominios nacionales sean alojados exclusivamente en servidores dentro de su territorio, bajo supervisión estatal, lo que afecta la naturaleza global y abierta de Internet. Otros países han seguido una línea similar, preocupados por la dependencia de infraestructura digital dominada por empresas extranjeras, especialmente las estadounidenses.

Esta tendencia podría conducir a lo que varios expertos denominan “islas de Internet”, donde fragmentos de la red mundial se aislarían por motivos políticos, económicos o de seguridad. Este cambio impacta también la dinámica internacional de las instituciones que regulan la Internet, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que pueden tomar un rol más preponderante si la influencia estadounidense disminuye o cambia de estrategia. Paralelamente, coaliciones regionales y de comunidades técnicas están tratando de impulsar la defensa del modelo multistakeholder, pero lo hacen en un ambiente de creciente desconfianza y volatilidad política. Por último, no se pueden obviar los factores sociales y culturales que atraviesan esta transformación. La información digital ha provocado una revolución comparable a la Industrial, generando no solo progreso sino también desplazamientos, inequidades y crisis de identidad.

El rechazo a la globalización y la búsqueda de soluciones nacionales o localistas son manifestaciones de estas tensiones, que inevitablemente repercuten en la gobernanza de un recurso tan vital como Internet. En conclusión, la gobernanza de Internet está en una encrucijada histórica. El modelo multistakeholder, que supo equilibrar durante décadas los múltiples intereses en juego, enfrenta desafíos que cuestionan su viabilidad en un mundo cada vez más polarizado y digitalizado. La defensa a ultranza de la apertura, la colaboración internacional y la participación plural puede estar dando paso a enfoques más estatistas y regulados, con implicaciones profundas para el futuro de la conectividad, la innovación y la libertad en la red global. Ante este panorama, es esencial que todos los actores —gobiernos, empresas, sociedad civil y comunidades técnicas— reflexionen sobre cómo construir consensos capaces de preservar los valores fundamentales de Internet, sin desperdiciar el enorme potencial que ha demostrado para transformar sociedades en todo el mundo.

Solo a través del diálogo inclusivo, la transparencia y el compromiso real se podrá enfrentar el complejo entramado de desafíos que definen el futuro de la gobernanza digital mundial.