En un giro significativo para la economía tailandesa, el controversial programa de entrega de efectivo digital de 21 mil millones de dólares ha comenzado a implementarse. Esta iniciativa, que busca aliviar la pobreza y estimular el consumo en medio de una recuperación económica lenta, ha generado tanto apoyo como críticas en el país. Bajo la dirección del gobierno tailandés, el plan se ha diseñado para proporcionar asistencia financiera a los ciudadanos que luchan por cubrir sus necesidades básicas debido a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. A medida que el programa avanza, sus defensores argumentan que es una medida necesaria para revitalizar la economía, mientras que sus oponentes plantean preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y la efectividad del mismo. El esquema será administrado a través de plataformas digitales, permitiendo que los beneficiarios reciban fondos directamente en sus cuentas bancarias a través de aplicaciones móviles.
Se estima que alrededor de 30 millones de ciudadanos tailandeses, especialmente aquellos en situaciones vulnerables, se beneficiarán de esta ayuda. Sin embargo, la implementación del programa ha enfrentado desafíos logísticos significativos, que han retrasado su lanzamiento. Una de las preocupaciones centrales en torno al programa es su costo. Los críticos advierten que la entrega de dinero en efectivo podría llevar a un aumento de la inflación y a un endeudamiento aún mayor del país. Tailandia, que ya había mostrado signos de desaceleración económica antes de la pandemia, se enfrenta a un escenario complicado en donde las ayudas financieras deben equilibrarse con la necesidad de consolidación fiscal.
A pesar de las dudas, muchos tailandeses expresan su esperanza de que este programa les brinde un alivio tan necesario. “La ayuda del gobierno es crucial para nosotros, especialmente en estos tiempos difíciles. Con el dinero, puedo comprar alimentos y suministros esenciales para mi familia,” comenta una madre de dos hijos en Bangkok. Este sentimiento se comparte en comunidades rurales y urbanas por igual, donde el impacto de la pandemia ha dejado a muchas familias en situaciones precarias. El uso de tecnología en este programa también ha sido un tema de conversación.
Tailandia ha avanzado en la digitalización de su economía en los últimos años, pero aún hay una considerable brecha digital en el país. Las áreas rurales, en particular, carecen del acceso a Internet y dispositivos inteligentes, lo que podría limitar la efectividad del plan. Para abordar estos problemas, el gobierno ha prometido trabajar en la mejora de la infraestructura tecnológica y ofrecer formación a quienes lo necesiten. A nivel internacional, el programa ha atraído la atención como un experimento en la entrega de ingresos básicos universal, un concepto que ha ganado tracción en varios países como una solución a la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, expertos en economía alertan sobre los riesgos de traducir este tipo de iniciativas a gran escala sin una planificación meticulosa.
"El éxito de este programa dependerá de la manera en que se gestione y se supervise. La transparencia y la rendición de cuentas son clave para conseguir resultados positivos", dice un economista local. El gobierno tailandés ha respondido a las críticas enfatizando la necesidad inmediata de asistencia. En una conferencia de prensa, varios funcionarios expresaron que el programa es una respuesta directa a la crisis. “Estamos en tiempos excepcionales que requieren medidas excepcionales.
Este programa no solo tiene como objetivo ayudar a quienes más lo necesitan, sino también estimular el consumo y la economía”, afirmó la Ministra de Finanzas. Sin embargo, a medida que la implementación del programa avanza, el movimiento opositor ha comenzado a organizarse. Diversos grupos han planteado preocupaciones sobre la falta de participación ciudadana en la formulación de la política y cómo a menudo las decisiones se toman sin la consulta adecuada de las comunidades afectadas. “La ayuda es bienvenida, pero necesitamos más que asistencia a corto plazo. Necesitamos un plan de desarrollo sostenible que incluya la participación de la comunidad”, sostiene uno de los líderes de la oposición.
Frente a este panorama, la pregunta que todos se hacen es si este programa será suficiente para abordar los problemas estructurales que enfrenta Tailandia. La desigualdad socioeconómica ha crecido en el país en las últimas décadas, y las crisis recurrentes, como la del COVID-19, han exacerbado estas tensiones. Algunos economistas sugieren que, además de ayudas directas, el gobierno debe enfocarse en la creación de empleos y oportunidades económicas sostenibles. A medida que se distribuyen los fondos, también hay una creciente discusión sobre el futuro de la política económica en Tailandia. Los jóvenes, que han sido particularmente afectados por el desempleo y la disminución de oportunidades, están llamando a un cambio en la forma en que el gobierno gestiona la economía.
Las manifestaciones en todo el país han exigido reformas que pasan por la inversión en educación, salud y empleo, sugiriendo que simplemente entregar efectivo no es suficiente para construir un futuro próspero. La implementación del programa de efectivo digital será monitoreada de cerca no solo por los tailandeses, sino también por otros países que estudian cómo podrían adoptar políticas similares. Si tiene éxito, podría servir como modelo, pero si presenta dificultades, podría llevar a una reevaluación de cómo se abordan las crisis económicas en un mundo cada vez más incierto. En última instancia, el desafío para el gobierno tailandés será equilibrar la necesidad urgente de ayuda con una visión a largo plazo para el desarrollo económico. Las decisiones que se tomen en los próximos meses afectarán no solo la recuperación inmediata, sino también el futuro económico y social del país.
Será un camino lleno de obstáculos y, al final del día, se preguntarán si la respuesta a la crisis fue solo un alivio momentáneo o un verdadero cambio hacia un futuro más sostenible.
