La revolución digital y la adopción masiva de tecnologías basadas en blockchain han planteado nuevos desafíos jurídicos relacionados con la privacidad de los usuarios. En medio de este contexto, Coinbase, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en Estados Unidos, ha solicitado a la Corte Suprema replantear la doctrina de privacidad digital conocida como "doctrina del tercero". Este enfoque legal tradicional, establecido hace más de cuatro décadas, está siendo cuestionado porque, según expertos y varias entidades del sector tecnológico, no se adapta a las complejidades actuales del manejo y almacenamiento de datos digitales, especialmente cuando se trata de información financiera en la cadena de bloques. El caso en cuestión gira en torno a una demanda iniciada por James Harper, usuario de Coinbase, quien acusa al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de obtener datos personales sin el debido consentimiento ni orden judicial. El IRS utilizó una herramienta legal conocida como "John Doe summons" para solicitar datos sobre miles de usuarios de Coinbase con el fin de investigar posibles evasiones fiscales relacionadas con criptomonedas.
Esta medida permite a las autoridades requerir información de terceros sin identificar individuos específicos, lo cual ha generado preocupación por la potencial invasión a la privacidad y la falta de supervisión judicial adecuada. La doctrina del tercero se originó en la década de 1970 y establece que al compartir datos con terceros —como bancos, compañías telefónicas o proveedores de servicios— los usuarios pierden la expectativa razonable de privacidad sobre dicha información. Sin embargo, Coinbase argumenta que aplicar esta lógica a la era digital y, en particular, a las finanzas basadas en blockchain es injusto y peligroso. La naturaleza transparente y permanente de las transacciones en blockchain permite reconstruir no sólo movimientos pasados, sino también analizar patrones futuros, lo que en palabras de la empresa equivale a colocar "una pulsera financiera" sobre los usuarios. Este aspecto es relevante porque el sistema blockchain es público y descentralizado, ofreciendo un nivel de rastreo que supera ampliamente los métodos tradicionales.
Desde este punto de vista, la capacidad del gobierno para acceder a este tipo de datos sin un control judicial estricto abre la puerta a prácticas masivas de vigilancia financiera que podrían afectar gravemente los derechos constitucionales, en especial la protección frente a registros e incautaciones irrazonables amparados en la Cuarta Enmienda. Coinbase ha presentado un amicus curiae, un documento donde expresa su postura junto a varios estados, empresas tecnológicas y grupos de defensa de la privacidad, solicitando que la Corte Suprema considere revisar y posiblemente reformular la doctrina del tercero en el contexto digital. Su principal argumento se basa en que el paradigma legal no solo está obsoleto, sino que puede perjudicar la innovación y la confianza del usuario en las plataformas digitales, lo que a su vez dificultaría el crecimiento del sector de activos digitales. La empresa destaca el antecedente de un caso emblemático en la lucha por la privacidad digital: Carpenter contra Estados Unidos, decidido en 2018. En esa sentencia, la Corte Suprema afirmó que la obtención de datos históricos de ubicación a partir de teléfonos celulares sin orden judicial viola la Cuarta Enmienda.
Coinbase sugiere que la capacidad gubernamental de reconstruir años de actividad en la blockchain podría considerarse incluso más sensible y perjudicial. De aprobarse este enfoque, sería necesario un cambio fundamental en cómo se manejan las solicitudes de datos relacionados con activos digitales. Además del impacto en la privacidad, Coinbase enfatiza que el uso de la "John Doe summons" conlleva riesgos específicos para el ecosistema de criptomonedas y los usuarios legítimos. La recopilación masiva de datos sin una supervisión adecuada puede generar desconfianza y limitar la participación de usuarios potenciales, especialmente en un sector que aún lucha por alcanzar una normalización regulatoria y social. En este sentido, proteger la privacidad no solo es una cuestión legal o ética, sino también un factor clave para la adopción responsable de la tecnología blockchain.
La solicitud de Coinbase representa también un llamado a actualizar las leyes y estándares que regulan la relación entre los derechos individuales y la supervisión gubernamental en la era digital. La compañía y sus aliados buscan que se establezcan mecanismos que permitan proteger la confidencialidad de los datos financieros recogidos por intermediarios digitales y al mismo tiempo garanticen que las investigaciones legítimas se realicen bajo estrictos controles judiciales, evitando así abusos o prácticas intrusivas sin fundamento. En este marco, la Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra ante un dilema complejo: por un lado, la necesidad de mantener herramientas efectivas para la fiscalización y combate a delitos financieros; por otro, la obligación de adaptar sus criterios y principios a la realidad tecnológica actual para evitar vulneraciones injustificadas a la privacidad y la libertad financiera de los ciudadanos. Especialistas en derecho tecnológico y privacidad presentan preocupaciones sobre cómo la falta de actualización en la doctrina legal podría generar un precedente peligroso que afecte no solo a las criptomonedas, sino a cualquier otro tipo de dato digital almacenado o procesado por terceros. La interoperabilidad, la naturaleza distribuida y el carácter inmutable de la información en blockchain exigen una revisión que contemple estas características únicas.
