La era Trump fue sin duda un período de transformación en muchos sectores, y uno de los más notables fue el de las criptomonedas y la regulación financiera en Estados Unidos. Durante su mandato, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tomó decisiones significativas que afectaron su enfoque hacia el cumplimiento normativo en el ámbito de las criptomonedas. En particular, la reducción de la unidad de cumplimiento cripto de la SEC ha sido un tema de debate entre inversores, legisladores y reguladores. Desde el surgimiento de Bitcoin en 2009, la comunidad cripto ha crecido a un ritmo acelerado. Las criptomonedas han atraído la atención de inversores de todos los niveles y han creado nuevas oportunidades, pero también han generado preocupaciones sobre fraude, lavado de dinero y protección al inversor.
En este contexto, la SEC juega un papel crucial al estudiar y regular estos activos digitales. Sin embargo, durante la administración de Donald Trump, la SEC experimentó cambios en su estructura y prioridades. La reducción de la unidad de cumplimiento cripto fue parte de una estrategia más amplia que priorizaba la innovación y el crecimiento económico, a menudo en detrimento de la regulación estricta. Esto planteó preguntas sobre cómo se manejarían los riesgos asociados con el mercado cripto bajo un enfoque más laxo. Con la disminución de la unidad de cumplimiento, se observó un enfoque más abierto hacia las criptomonedas.
Algunos funcionarios de la SEC expresaron su deseo de fomentar la innovación en tecnología financiera y reducir la carga regulatoria sobre las startups y empresas emergentes que operan en este campo. Este cambio generó un ambiente en el que muchas empresas de criptomonedas prosperaron, mientras que los inversores debían ser más cautelosos y realizar su propia diligencia debida. A pesar de los beneficios en términos de innovación, la falta de supervisión también suscitó preocupaciones. Los criptoactivos son inherentemente volátiles y propensos a manipulación de mercado. Con una unidad de cumplimiento debilitada, el riesgo de fraude aumentó, lo que llevó a los consumidores y a los inversores a preguntarse cómo podrían protegerse en un entorno más desregulado.
Una de las consecuencias más significativas de la reducción de la unidad de cumplimiento fue el aumento de ICOs (ofertas iniciales de monedas). Durante este período, muchos emprendedores recurrieron a las ICOs como un medio para recaudar capital, aprovechando la falta de regulación estricta. Si bien algunas de estas ofertas fueron legítimas, muchas resultaron ser fraudes diseñados para despojar a los inversores de sus fondos. La SEC tuvo que lidiar con un aumento en el volumen de quejas y demandas, tratando de atrapar a los que operaban al margen de la ley. Es importante señalar que, aunque la administración Trump implementó un enfoque más relajado hacia la regulación de criptomonedas, no intentó desmantelar por completo la SEC ni su papel en la supervisión del mercado.
Aún existen reglas que rigen la compra y venta de activos digitales que no fueron eliminadas. Sin embargo, la falta de una adecuada aplicación de estas normas permitió que el panorama se volviera más complicado. A medida que el mercado de criptomonedas se expandía y evolucionaba, algunas voces dentro del mismo Trump cuestionaron el enfoque tomado por la SEC. Algunos legisladores argumentaron que una regulación insuficiente podría crear un efecto negativo, generando desconfianza en los inversores y afectando el crecimiento de la industria a largo plazo. Esta discordancia resaltó la tensión existente en el gobierno entre fomentar la innovación y proteger a los consumidores.