En un caso que ha generado preocupación y controversia, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, deportó por error a un padre salvadoreño residente en Maryland a una prisión en El Salvador conocida por sus duras condiciones y violaciones a los derechos humanos. Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido protegido contra la deportación por un estatus que le fue concedido en 2019, fue removido del país debido a un error administrativo, una situación que ha puesto en evidencia la precariedad y las fallas en el sistema migratorio estadounidense, además del impacto humano que esta clase de procedimientos pueden generar en las familias. Abrego Garcia, ciudadano salvadoreño que vive en Estados Unidos desde 2011, llegó de manera ilegal, huyendo inicialmente de la violencia relacionada con pandillas en su país natal. Residía junto a su esposa ciudadana estadounidense y a su hijo pequeño, de cinco años y con discapacidad. La deportación ocurrió a pesar de que él contaba con protección legal para evitar su retorno a El Salvador, medida dictada por un juez de inmigración para asegurar que no fuera enviado de regreso a un entorno peligroso y hostil.
El incidente se remonta al 15 de marzo de 2025, fecha en la que Abrego Garcia fue removido hacia El Salvador. Según documentos judiciales, la burocracia no actualizó correctamente el listado de quienes debían ser deportados, y su nombre fue agregado como un suplente cuando algunos otros individuos fueron retirados del vuelo. La falta de claridad en los registros y la ausencia de la indicación de que no debía ser deportado culminaron en esta deportación errónea. El hecho tomó relevancia pública cuando la esposa del hombre identificó a su marido en una fotografía publicada, donde se mostraban a los prisioneros que ingresaban al Centro Especial de Confinamiento para Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en Tecoluca, El Salvador. Este centro tiene una reputación preocupante relacionada con hacinamiento severo, condiciones infrahumanas y reportes recurrentes de violaciones a los derechos fundamentales.
Organizaciones internacionales han denunciado prácticas como torturas, muertes dentro del penal y juicios masivos que comprometen la justicia y la integridad de los internos. La administración Trump justificó inicialmente la deportación, alegando que Abrego Garcia tenía vínculos con la pandilla MS-13, organización criminal que ha sido foco de atención tanto en El Salvador como en Estados Unidos por sus actos violentos y su influencia en comunidades inmigrantes. Sin embargo, los abogados del deportado niegan rotundamente cualquier asociación con dicha pandilla, argumentando que la acusación se basó en señales superficiales, como el uso de una gorra de un equipo de baloncesto y testimonios de informantes confidenciales, elementos insuficientes para determinar la verdadera afiliación de una persona a grupos criminales. El caos administrativo no sólo afectó la legalidad del procedimiento, sino que también puso en riesgo la integridad física y emocional de Abrego Garcia y su familia. Su hijo, que no puede comunicarse verbalmente, ha mostrado signos de ansiedad y tristeza debido a la ausencia de su padre, aferrándose a la ropa y objetos personales que contienen el olor familiar.
Esta situación subraya no solo la crudeza de las deportaciones erróneas, sino también el devastador costo humano que tienen sobre los núcleos familiares. El panorama carcelario salvadoreño complica aún más la resolución de este caso. El CECOT, donde se encuentra actualmente recluido, ha sido señalado repetidamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintas organizaciones no gubernamentales como un lugar donde se violan estándares internacionales. Con espacios mínimos para cada recluso y condiciones que muchas veces rozan la inhumanidad, el internamiento en estas prisiones representa un castigo severo, especialmente para quienes no han recibido un juicio justo o cuya vinculación con delitos es dudosa. Además, la deportación de Abrego Garcia forma parte de una política más amplia de la administración Trump que intensificó la expulsión de extranjeros hacia países como El Salvador, incluyendo a individuos vinculados supuestamente con grupos criminales de Venezuela y Centroamérica.
En marzo de 2025, más de 260 personas fueron deportadas hacia El Salvador, en un acuerdo que implicó el pago de alrededor de seis millones de dólares a las autoridades salvadoreñas por parte del gobierno estadounidense. Este plan, aunque justificado inicialmente por razones de seguridad, ha sido cuestionado por la falta de transparencia y garantías sobre el bienestar de los deportados. La política de deportaciones masivas genera un debate profundo sobre las estrategias migratorias, la protección de derechos humanos y el equilibrio entre seguridad y justicia. Casos como el de Kilmar Abrego Garcia evidencian los riesgos de procedimientos automatizados sin suficiente supervisión, que pueden provocar daños irreparables en personas inocentes y fragmentar familias que dependen del apoyo mutuo para sobrevivir en comunidades complejas. La administración estadounidense ha declarado la imposibilidad de repatriar a Abrego Garcia de inmediato, lo que prolonga su estancia en la prisión salvadoreña y aumenta la incertidumbre sobre su futuro y su posibilidad de reunificación familiar.
