En un momento en que las criptomonedas continúan ganando protagonismo a nivel global, las decisiones regulatorias de los gobiernos locales resultan determinantes para el desarrollo y la adopción de activos digitales. En Arizona, la gobernadora Katie Hobbs ha dado un giro significativo en la política estatal respecto a las criptomonedas con la reciente negativa a aprobar dos proyectos de ley que buscaban expandir el papel del estado en el ecosistema cripto, al tiempo que ha impuesto regulaciones estrictas para los cajeros automáticos de Bitcoin. El primer proyecto de ley vetado por Hobbs fue el Senado 1373, que proponía la creación de un Fondo Estratégico de Reservas de Activos Digitales. Esta iniciativa pretendía que Arizona pudiera guardar activos criptográficos adquiridos a través de decomisos o asignaciones legislativas. Sin embargo, la gobernadora argumentó que la volatilidad inherente a los mercados de criptomonedas hacía que fuera poco prudente exponer los fondos generales del estado a tales riesgos.
Destacó que ya se había aprobado legislación que permite al estado utilizar criptomonedas sin comprometer los fondos principales. Anteriormente, también había vetado el proyecto de ley Senado 1025, conocido como la Ley Estratégica de Reservas de Bitcoin de Arizona. Este ambicioso proyecto autorizaba que hasta el 10% del tesoro estatal y los fondos de jubilación se invirtieran en Bitcoin y otros activos digitales. Esta medida, de haberse aprobado, habría posicionado a Arizona como un estado pionero en la integración de criptomonedas dentro de sus recursos financieros públicos. No obstante, la precaución prevaleció ante la volatilidad y la incertidumbre regulatoria que caracteriza al sector.
Además, la gobernadora rechazó el proyecto Senado 1024, que habría permitido a las agencias estatales aceptar pagos en criptomonedas por impuestos, multas y otros cargos a través de proveedores de servicios autorizados. Aunque el proyecto planteaba medidas para proteger al estado de la exposición directa a la volatilidad de precios, Hobbs consideró que el riesgo asociado seguía siendo demasiado alto para su aprobación. Este enfoque prudente por parte de Arizona contrasta con las tendencias en otros estados de Estados Unidos, donde cerca de 26 estados han presentado iniciativas para establecer reservas estratégicas en criptomonedas, con 18 proyectos aún activos, reflejando un interés en explorar cómo integrar estas tecnologías dentro de las finanzas públicas. Sin embargo, la gobernadora no ha rechazado completamente la presencia de las criptomonedas en el estado. En la misma tanda de decisiones, Hobbs aprobó la Ley de la Cámara 2387, que introduce normas estrictas de protección al consumidor para los kioscos de criptomonedas, particularmente los cajeros automáticos de Bitcoin.
Esta nueva legislación tiene como objetivo reducir el fraude y mejorar la transparencia para los usuarios que interactúan con estas máquinas. Entre las medidas establecidas, los operadores de estos cajeros deben mostrar advertencias claras y en varios idiomas sobre los riesgos y estafas comunes vinculadas a las criptomonedas, obligando a los usuarios a reconocer dichos riesgos antes de completar cualquier transacción. Esta transparencia busca educar a los consumidores y disuadir fraudes que han sido frecuentes en el sector. El proyecto también incorpora la obligación de proporcionar recibos detallados que incluyan la información de la transacción, las tarifas aplicadas, las políticas de reembolso y los datos de contacto del operador, promoviendo así una mayor responsabilidad y servicio postventa. En cuanto a los límites operativos, la ley establece un tope diario de $2,000 para clientes nuevos y $10,500 para usuarios recurrentes, después de un periodo mínimo de diez días.
Además, los proveedores deben ofrecer un servicio de atención al cliente gratuito, disponible las 24 horas del día, con el número claramente visible en cada máquina para facilitar la comunicación ante cualquier problema o consulta. Particularmente relevante es la disposición que protege a los usuarios que hayan sido víctimas de estafas: si un nuevo cliente es inducido a enviar criptomonedas bajo falsos pretextos y reporta el incidente con pruebas en un plazo de 30 días, tiene derecho a un reembolso completo que incluye las tarifas aplicadas. Esta cláusula representa un paso significativo en la protección del consumidor frente a engaños en un mercado que puede ser confuso y riesgoso. Actualmente, según la plataforma CoinATMRadar, Arizona cuenta con aproximadamente veinte cajeros automáticos de Bitcoin activos. La regulación reciente buscará no solo fortalecer la confianza en estas infraestructuras sino también fomentar un entorno más seguro para quienes deseen intercambiar activos digitales presencialmente.
Además de estas medidas, la gobernadora Hobbs aprobó la Ley de la Cámara 2749, una actualización de las leyes sobre propiedades no reclamadas que incluye ahora activos digitales. Gracias a esta normativa, el estado podrá retener criptomonedas no reclamadas en su forma original, evitando su conversión inmediata a moneda fiduciaria. Este cambio refleja la creciente legitimidad de las criptomonedas y su reconocimiento como activos valiosos dentro de los marcos legales tradicionales. En conjunto, las decisiones adoptadas por la gobernadora Hobbs ilustran una estrategia equilibrada en Arizona: se evita la exposición excesiva a riesgos económicos derivados de la volatilidad del mercado cripto mientras se fortalecen los mecanismos de protección para usuarios y consumidores en el sector. Este enfoque también subraya la creciente necesidad de regulaciones claras y estrictas en el ámbito de las criptomonedas, donde la rápida evolución tecnológica y la ausencia de barreras geográficas exigen respuestas legales y políticas capaces de garantizar la estabilidad, la transparencia y la seguridad.
La postura de Arizona, aunque conservadora en comparación con otros estados que buscan aprovechar las oportunidades financieras de las criptomonedas, aporta una perspectiva valiosa sobre cómo equilibrar innovación y prudencia. En un entorno global donde la adopción de activos digitales avanza a diferentes ritmos, la experiencia de Arizona podría servir como modelo para otras jurisdicciones que buscan proteger a su población frente a fraudes y pérdidas potenciales. A medida que el ecosistema cripto continúa madurando, la colaboración entre legisladores, autoridades regulatorias, operadores del mercado y usuarios se vuelve esencial para construir un marco regulatorio robusto, inclusivo y que facilite el crecimiento sostenible de las criptomonedas. Las nuevas reglas en Arizona reflejan esta voluntad y representan un paso adelante en la integración responsable de las tecnologías financieras emergentes en el ámbito estatal.
