En medio del creciente interés global por las criptomonedas y la blockchain, el estado de Arizona ha adoptado una posición prudente ante la rápida expansión de estas tecnologías. En las fechas recientes, la gobernadora Katie Hobbs tomó decisiones clave al vetar varios proyectos de ley relacionados con activos digitales, al tiempo que aprobó nuevas regulaciones para los cajeros automáticos de Bitcoin. Estas medidas reflejan tanto la preocupación frente a la volatilidad inherente a los mercados criptográficos como el deseo de proteger a los ciudadanos de riesgos financieros y estafas. Uno de los vetos más destacados fue al proyecto de ley SB 1373, que proponía la creación de un Fondo Estratégico de Reserva de Activos Digitales para el estado. Esta iniciativa buscaba que Arizona mantuviera activos criptográficos obtenidos por incautaciones legales o asignaciones legislativas, con la intención de que el estado invirtiera directamente en criptomonedas, especialmente Bitcoin.
Sin embargo, la gobernadora manifestó inquietudes sobre la volatilidad que caracteriza a estos activos y el potencial impacto negativo en las finanzas estatales si se ataba presupuesto público a ellos. De igual manera, Arizona rechazó el proyecto SB 1024 que habría autorizado a agencias estatales a aceptar pagos en criptomonedas para impuestos, multas y otros cargos oficiales. Aunque la propuesta intentaba incorporar los activos digitales al sistema financiero estatal para facilitar la gestión y modernización, el nivel de riesgo y falta de regulación clara hizo que se decantara por la cautela. Días antes, otra iniciativa, el SB 1025, también fue vetada. Este proponía invertir fondos de retiro estatales en Bitcoin.
La gobernadora subrayó que los ahorros de los residentes no deberían exponerse a la alta inestabilidad del mercado de criptomonedas, que puede conllevar pérdidas significativas y afectar el bienestar económico de los jubilados. Estos vetos no deben ser interpretados como un rechazo absoluto a la innovación tecnológica ni a las criptomonedas en sí, sino más bien como un reconocimiento a la necesidad de proteger los recursos públicos y a la población ante riesgos financieros importantes. La volatilidad extrema de las criptomonedas, unida a los problemas evidentes de seguridad y fraude en el ecosistema cripto, obliga a los gobernantes a encontrar el equilibrio entre innovación y seguridad. Como alternativa equilibrada, la gobernadora aprobó el Proyecto de Ley HB 2749, el cual permite que Arizona establezca un fondo de reserva en Bitcoin financiado exclusivamente con activos digitales no reclamados. Esto significa que el estado podrá tomar posesión legal de criptomonedas y otros activos digitales que hayan sido abandonados o no reclamados durante un período mínimo de tres años, sin poner en riesgo fondos públicos ni gravar a los contribuyentes.
Esta medida pone a Arizona como la segunda entidad gubernamental en Estados Unidos, después de New Hampshire, en poseer oficialmente una reserva en Bitcoin, pero con un esquema que evita riesgos financieros directos para la ciudadanía. Desde el punto de vista regulatorio, también se aprobaron nuevas reglas para los cajeros automáticos de Bitcoin, materializadas en la House Bill 2387. Estas regulaciones exigen que los operadores de estos cajeros públicos incluyan advertencias claras sobre posibles estafas y fraudes relacionados con criptomonedas, en múltiples idiomas para llegar a un público diverso. Además, establecen un límite diario de transacciones de 2,000 dólares para nuevos usuarios y un máximo diario de 10,500 dólares para usuarios recurrentes que hayan usado el servicio por al menos diez días. También se requerirá que los cajeros impriman recibos detallados con información sobre la transacción, tarifas implicadas y formas de contacto para atención al cliente disponible las 24 horas del día.
En caso de fraudes comprobados, los usuarios tendrán la posibilidad de solicitar la devolución completa de su dinero, incluido el coste de las tasas, siempre que puedan presentar pruebas dentro de los 30 días posteriores. Estas disposiciones surgen en respuesta a datos alarmantes recogidos por el FBI, que indican que en 2023 los residentes de Arizona perdieron cerca de 127 millones de dólares debido a fraudes con criptomonedas. Particularmente, las personas mayores de 60 años han sido el sector más vulnerable y afectado por estas estafas. Arizona no está sola en esta iniciativa para controlar el ecosistema de cajeros automáticos de criptomonedas. Otros estados como Dakota del Norte y Nebraska han implementado medidas similares para imponer licencias, establecer límites en transacciones y advertencias contra fraudes.
A nivel federal, legisladores están considerando propuestas para combatir y prevenir el aumento de estafas vinculadas a la proliferación de estos servicios. Además, en Arizona se avanza en la creación de un comité especial para estudiar en profundidad los impactos y necesidades de regulación en el ámbito blockchain y criptomonedas. La HB 2654 establece la creación de un Comité de Estudio sobre Blockchain y Criptomonedas que incluirá a expertos, reguladores, representantes del sector privado y de la sociedad civil, con la intención de diseñar marcos regulatorios equilibrados que impulsen la innovación sin sacrificar la seguridad y la protección de los ciudadanos. De manera complementaria, se aprobaron leyes como la HB 2342 que defienden la actividad de minería de Bitcoin y la operación de nodos blockchain en el estado, protegiéndolos de normativas locales demasiado restrictivas. Esto refleja que la estrategia de Arizona no es proibir o retrasar la adopción de tecnologías digitales, sino gestionarlas con responsabilidad y previsión.
La postura de la gobernadora Katie Hobbs representa un enfoque pragmático y responsable que distingue entre el entusiasmo por las oportunidades del mundo cripto y la necesidad de evitar riesgos innecesarios para las finanzas públicas y los ciudadanos. En un contexto global donde las criptomonedas continúan mostrando alta volatilidad, episodios de fraude y problemas legales, la gestión estatal de Arizona se convierte en un ejemplo de regulación medida. La lección principal para otros estados y países es la importancia de avanzar con políticas que velen tanto por la innovación tecnológica como por la protección ciudadana, garantizando que los beneficios no vengan acompañados de peligros financieros o sociales insostenibles. En este sentido, el caso de Arizona sugiere que se puede ingresar al ecosistema digital desde una posición segura, como lo demuestra el uso de fondos no recolectados para crear reservas en Bitcoin sin comprometer recursos públicos. En resumen, la combinación de vetos a propuestas arriesgadas, regulación estricta de puntos de intercambio como los cajeros automáticos y la creación de espacios de estudio para diseñar marcos regulatorios sólidos, revela que Arizona está trazando un camino que podría convertirse en modelo para la gestión gubernamental de activos digitales y criptomonedas en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Los interesados en el mundo cripto deben seguir atentamente cómo evoluciona esta experiencia, porque las decisiones tomadas hoy impactarán el desarrollo, aceptación y seguridad de las criptomonedas y tecnologías basadas en blockchain en el futuro cercano. En definitiva, más allá de la revolución tecnológica, la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y la protección del usuario continúan siendo prioridades imperativas.
