En un importante desarrollo que afecta el avance de la adopción de bitcoin y otras criptomonedas en Estados Unidos, Florida ha decidido abandonar formalmente sus esfuerzos para crear una reserva estratégica de Bitcoin a nivel estatal. Dos proyectos de ley significativos, el House Bill 487 y el Senate Bill 550, fueron retirados del proceso legislativo el 3 de mayo de 2025, según comunicó el Senado de Florida. Esta decisión representa un nuevo obstáculo en la intención de algunos estados por integrar activos digitales en sus carteras financieras públicas y confirma un patrón creciente de resistencia en varios estados frente a iniciativas similares. La sesión legislativa de Florida cerró oficialmente el 2 de mayo sin adoptar medidas para seguir adelante con las propuestas cripto, a pesar de que los legisladores acordaron extender la sesión hasta el 6 de junio para finalizar negociaciones presupuestarias. Sin embargo, los proyectos de ley relacionados con criptomonedas quedaron fuera de la agenda, evidenciando una clara falta de consenso o quizás un cambio en la prioridad política hacia otros temas.
El House Bill 487, que fue presentado en febrero, buscaba autorizar al director financiero del estado y a la Junta de Administración Estatal para invertir hasta un 10% de fondos seleccionados en Bitcoin. Paralelamente, el Senate Bill 550 tenía objetivos similares, intentando facilitar inversiones públicas en activos digitales. La retirada de estos proyectos coloca a Florida junto a una lista cada vez mayor de estados, como Wyoming, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Pensilvania, Montana y Oklahoma, donde propuestas para incorporar estrategias de inversión en bitcoin en fondos públicos también han sido rechazadas o bloqueadas. Este escenario se enmarca en un momento crucial para la regulación y adopción de criptomonedas dentro de los Estados Unidos. Mientras algunos estados exploran métodos innovadores para diversificar sus activos y aprovechar la potencial rentabilidad de Bitcoin, otros mantienen una postura más conservadora ante la volatilidad y la incertidumbre regulatoria que rodea al mercado cripto.
Paralelamente, otro estado clave en el contexto cripto, Arizona, también experimentó un revés similar. La iniciativa más avanzada en ese estado, la House Bill 1025, fue vetada por la gobernadora Katie Hobbs el mismo día que Florida retiraba sus propuestas. Hobbs expresó que los activos digitales representan “inversiones no comprobadas”, deteniendo de un modo abrupto la llamada Digital Assets Strategic Reserve Act. No obstante, Arizona aún mantiene en consideración otros proyectos de ley, como el HB 2749 y el SB 1373, que podrían mantener viva la posibilidad de ser el primer estado en establecer una reserva estatal de Bitcoin. El HB 2749 se destaca por plantear un método neutral en términos presupuestarios para financiar la reserva utilizando ganancias provenientes del fondo estatal de propiedades no reclamadas.
Esto ha generado cierto optimismo entre los defensores cripto, quienes ven en esta propuesta una alternativa viable y menos riesgosa para la integración de criptomonedas en gastos públicos. Por otro lado, el SB 1373 permitiría al tesorero estatal invertir hasta un 10% de fondos públicos en activos digitales, aunque aún no ha avanzado hacia una votación definitiva. El contexto político y regulatorio nacional también añade complejidad a la situación. En el Senado de Estados Unidos, las negociaciones sobre una legislación histórica destinada a crear un marco regulatorio federal para las stablecoins, activos digitales vinculados al dólar estadounidense, se han estancado. La propuesta, que estaba entre las prioridades financieras del expresidente Donald Trump, sufrió un rechazo bipartidista después de que nueve senadores demócratas firmaran una declaración conjunta en oposición a la versión revisada del proyecto presentado por los republicanos.
Este escenario ha generado inquietudes sobre la dirección futura de la regulación cripto en el país y la posible afectación de iniciativas estatales. Al carecer de un consenso federal, los estados enfrentan mayor incertidumbre para emprender sus propias acciones legislativas sobre criptomonedas. La reacción de la comunidad cripto no se ha hecho esperar. Inversionistas y defensores de Bitcoin han expresado su descontento con lo que consideran una falta de visión política y una subestimación del potencial innovador y económico de las criptomonedas. Anthony Pompliano, un reconocido inversionista de Bitcoin, criticó duramente a los políticos que han frenado este tipo de iniciativas, calificándolos de poco informados respecto a las oportunidades que ofrece la tecnología blockchain y sus activos asociados.
Dennis Porter, CEO del Satoshi Action Fund, ha señalado que a pesar del revés en Florida y Arizona, existen aún posibilidades prometedoras en otros estados y dentro del propio Arizona con las propuestas pendientes. El impulso de los grupos especializados en apoyo a criptomonedas continúa enfocado en la educación política y en la promoción de proyectos de ley que consideren inversiones de bajo riesgo y modelos sostenibles desde el punto de vista financiero estatal. Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. A nivel global, los gobiernos y entes reguladores buscan balancear la innovación financiera que aportan las criptomonedas con la necesidad de proteger a los inversores y mantener la estabilidad económica. La volatilidad propia del mercado cripto, la falta de un respaldo tangible como el que tienen las monedas fiduciarias y los desafíos en cuanto a seguridad y fraude son elementos que siguen generando debate y reservas entre los legisladores.
En resumen, la decisión de Florida de desertar la aprobación de proyectos de ley para establecer una reserva de Bitcoin estatal simboliza un momento crítico en la trayectoria de la adopción cripto en el país. Pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los estados para adoptar estrategias innovadoras frente a la incertidumbre regulatoria y el temor político. Si bien la retirada de estos proyectos refleja cierto grado de cautela, también impulsa a activistas, inversores y empresas del sector a redoblar esfuerzos para demostrar el valor y la seguridad que Bitcoin y otras criptomonedas pueden ofrecer en el contexto financiero público. El futuro de las reservas estatales en Bitcoin permanece abierto, con algunos estados aún apostando por esta estrategia como posibilidad de diversificación y fortalecimiento económico. La evolución de las legislaciones y la opinión pública serán claves para determinar si iniciativas como las propuestas en Florida podrán prosperar en un futuro cercano o si el país adoptará una aproximación más gradual para integrar las criptomonedas en la esfera pública y financiera.
Entretanto, el debate continúa, y la atención del mundo cripto se mantiene en Estados Unidos como uno de los escenarios más importantes para la regulación, adopción y desarrollo de tecnologías financieras disruptivas durante los próximos años.
