En un clima político cada vez más tenso en los Estados Unidos, Massachusetts se ha convertido en el epicentro de un debate candente en torno a la crisis migratoria y el uso de fondos públicos. Recientemente, se ha revelado que se estima que el estado ha gastado cerca de mil millones de dólares en el apoyo a migrantes, un gasto que muchos críticos consideran oculto y que los líderes republicanos de la región han calificado como un “secreto”. Este escándalo ha generado una creciente preocupación entre los votantes, quienes exigen transparencia y claridad sobre cómo se manejan sus impuestos. Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en 2021, Massachusetts ha acogido a alrededor de 50,000 migrantes no documentados. Este incremento significativo ha puesto una presión inmensa sobre los servicios sociales del estado, lo que ha llevado a un intenso escrutinio de cómo se están utilizando los recursos.
La situación se ha complicado aún más con la reciente decisión del distrito escolar de Stoughton de recortar el servicio de autobús para los estudiantes locales mientras continúa proporcionándolo para los jóvenes migrantes que residen en refugios. Esta medida ha encendido la ira de muchas familias que sienten que están siendo despojadas de recursos esenciales para dar prioridad a otros. Amy Carnevale, la presidenta del Partido Republicano de Massachusetts, ha sido una de las voces más críticas, demandando que la gobernadora demócrata Maura Healey proporcione un desglose detallado del gasto de mil millones de dólares, incluyendo costos asociados con refugios, alimentos y otros servicios. Carnevale sostiene que el gobierno del estado ha mantenido este gasto en la oscuridad, lo que ha dejado a los contribuyentes en un estado de incertidumbre. “La administración ha envuelto casi mil millones de dólares gastados en secreto, dejando a los residentes de Massachusetts en la oscuridad”, declaró en una reciente conferencia de prensa.
El escepticismo hacia la administración de Healey se ha intensificado, especialmente después de que los republicanos presentaran solicitudes de acceso a registros públicos para obtener mayor claridad sobre cómo se distribuyen y utilizan estos fondos. La administración de Healey, sin embargo, ha sido acusada de obstruir la información, y cuando se les ha solicitado aclaraciones sobre los costos de los migrantes, los representantes de Healey supuestamente desviaron estas preguntas, lo que alimentó aún más la desconfianza pública. Un informe del Centro de Estudios de Inmigración, una organización conservadora, ha advertido que el gasto en la crisis migratoria podría resultar en una catástrofe fiscal para el estado. De acuerdo con su análisis, se estima que el costo total de proporcionar servicios básicos como educación, atención médica y asistencia pública a los migrantes podría alcanzar la asombrosa cifra de 1.8 mil millones de dólares en los próximos dos años.
Este gasto representa una porción considerable del presupuesto estatal de 58 mil millones de dólares, lo que ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera del estado. Los contratos adjudicados para la gestión de este gasto también han sido objetos de crítica. Documentos obtenidos por medios locales revelan que el estado ha celebrado contratos multimillonarios, algunos de los cuales son “sin licitación”, para la provisión de alimentos y hospedaje, llevando a cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión de estos recursos. Se ha informado que Massachusetts paga hasta 64 dólares por persona al día solo en alimentos, incluyendo 16 dólares para el desayuno, 17 dólares para el almuerzo y 31 dólares para la cena. Estas cifras parecen desproporcionadas y evidencian una posible mala administración de los recursos públicos.
Mientras tanto, la tensión sigue aumentando no solo entre los votantes y la administración estatal, sino también dentro de los propios refugios. A medida que los servicios se ven sobrepasados, ha habido informes de problemas de seguridad y bienestar en los refugios utilizados para alojar a los migrantes. Aunque muchos llegaron en busca de una vida mejor, la falta de recursos suficientes ha llevado a un deterioro en la calidad de vida de todos los que dependen de estos servicios públicos, creando una situación insostenible. La situación ha llevado a algunas ciudades, como Taunton, a tomar medidas drásticas, incluyendo demandas contra hoteles que han sido designados como refugios de emergencia para migrantes. La ciudad alegó que la cantidad de migrantes excedía su capacidad de alojamiento segura.
Esta lucha ha llevado a un descontento palpable en la comunidad, donde muchos sienten que sus necesidades están siendo ignoradas en favor de los recién llegados. A pesar de esto, el discurso entre las autoridades estatales y los defensores de los derechos de los migrantes a menudo se centra en el valor que estos individuos aportan a la economía de Massachusetts. Sin embargo, críticos como Jessica Vaughan, directora del Centro de Estudios de Inmigración, argumentan que, incluso si algunos migrantes generan ingresos y contribuyen con impuestos, estos ingresos no se acercan a cubrir el costo masivo de los servicios sociales necesarios para sostener a una población de migrantes que en total se estima en 355,000 en el estado. “Estos migrantes representan una inminente catástrofe fiscal para los contribuyentes en Massachusetts”, dijo Vaughan. La gobernadora Healey ha sido instada a responder y actuar ante esta crisis, especialmente a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024.
