Perú se prepara para gravar ganancias por criptomonedas: todo lo que los inversionistas deben saber

El mercado de criptomonedas en América Latina ha experimentado un crecimiento acelerado durante los últimos años, despertando interés tanto en usuarios individuales como en grandes inversionistas y empresas. En Perú, esta tendencia no ha sido la excepción. No obstante, el gobierno peruano, a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), ha anunciado planes para implementar un impuesto sobre las ganancias generadas por inversiones en criptomonedas. Este cambio representa un importante avance en la regulación fiscal de los activos digitales y obliga a los inversionistas y actores del ecosistema a actualizarse para seguir operando dentro del marco legal vigente. La propuesta oficial fue presentada por Víctor Mejía, Superintendente Nacional, durante la Tercera Conferencia Técnica de la Red de Organizaciones Tributarias en Panamá.

En su intervención, explicó que se está evaluando la creación de un nuevo marco regulatorio específico sobre ingresos de capital que contemple las ganancias obtenidas por la compraventa o conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria, como el sol peruano o el dólar estadounidense. Aunque las criptomonedas en sí mismas no pueden ser gravadas directamente debido a su naturaleza descentralizada, el contacto con el sistema financiero tradicional al ser convertidas, permite identificar un punto donde puede aplicarse el impuesto sobre las ganancias de capital. Esta decisión no es aislada. Países vecinos como Argentina han adelantado reformas tributarias similares, donde las criptomonedas se consideran activos personales y deben ser declaradas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La tendencia regional apunta a formalizar y transparentar el uso de criptos como parte de las economías modernas, evitando la evasión fiscal y asegurando una recaudación efectiva.

Para Perú, la finalidad principal es ampliar la base tributaria y controlar las operaciones informales que puedan estar ocurriendo en este sector emergente. Entender por qué se taxan las criptomonedas es fundamental para los inversores. De acuerdo con expertos como Sebastián Gleboff, ejecutivo de Trading en Capitaria Latam, la imposición fiscal servirá para regularizar las transacciones, aportar transparencia económica y evitar maniobras de ocultamiento o lavado de activos. Además, proveerá ingresos adicionales para el Estado que pueden ser destinados a políticas públicas o al fortalecimiento de infraestructura tecnológica enfocada en la digitalización financiera. Sunat ha hecho avances previos gravando servicios digitales, plataformas en línea e importación de bienes intangibles, por lo que incluir el concepto de criptomonedas dentro del impuesto a la renta sobre ingresos de capital es un paso natural en esta lógica.

No obstante, el reto consiste en construir un modelo tributario que no frene la innovación ni desincentive la adopción tecnológica en el país. La inversión en criptomonedas puede aportar dinamismo y nuevas oportunidades en sectores vinculados a las finanzas descentralizadas, blockchain y startups digitales. Por eso, es vital que el marco regulatorio sea claro, transparente y justo, brindando confianza a los usuarios y protegiendo sus derechos. Según Gleboff, toda medida debe implementarse con planificación y diálogo entre autoridades y actores del cryptomercado para evitar efectos adversos. Para el año 2025, Sunat ya tiene proyectado recaudar más de 200 millones de dólares solo en conceptos vinculados a impuestos al valor agregado (IVA) aplicables a empresas extranjeras que operan plataformas digitales, así como a servicios y bienes intangibles importados que utilizan personas naturales.

También incluyen los ingresos por actividades de juegos en línea y apuestas deportivas, donde el impuesto selectivo al consumo (ISC) está previsto para generar unos 21 millones de dólares adicionales. La inclusión de la tributación de ganancias por criptomonedas apunta a contribuir con esta misma meta de incremento en ingresos fiscales, asegurando un control más exhaustivo del comercio digital. Para los inversionistas peruanos, resulta esencial conocer las implicancias prácticas que tendrá esta nueva normativa. Uno de los aspectos clave es que el impuesto no gravará la posesión ni la tenencia de criptos, sino las ganancias obtenidas al convertirlas a dinero fiduciario, momento en que la operación realiza un vínculo con la economía tradicional. Por lo tanto, mantener registros claros y transparentes de cada transacción, incluyendo fechas, montos y valores de compra y venta será indispensable para cumplir con las obligaciones fiscales.

El monto exacto que se deberá pagar dependerá del tipo impositivo que establezca Sunat para las ganancias de capital provenientes de criptomonedas, cuyo detalle se está definiendo en la normativa que será presentada próximamente. Se espera que el régimen sea similar al aplicado en otros países, donde las utilidades derivadas de la venta, intercambio o conversión de activos digitales se sumen a la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Otro punto que merecerá atención es la declaración voluntaria y la fiscalización. Hasta ahora, la posesión de criptomonedas no era obligatoriamente declarada en Perú, pero con la implementación del impuesto, las autoridades fiscales podrán exigir reportes más detallados y efectuar auditorías a los contribuyentes que operan con activos digitales. Los sistemas de control internacional y cooperación entre países facilitarán esta supervisión.

Desde el punto de vista del desarrollo económico, esta medida puede traer beneficios al generar un entorno regulado donde el ecosistema crypto pueda crecer con mayor certeza jurídica. Las inversiones en proyectos blockchain y fintech podrían aumentar al saberse protegidos legalmente y contar con reglas claras. Además, el Estado podrá disponer de recursos financieros para invertir en educación digital y programas que fomenten la innovación tecnológica. Sin embargo, el estado peruano deberá estar atento a la experiencia de otros países para minimizar impactos indeseables, como la fuga de capitales o la migración de inversionistas hacia mercados con menor carga impositiva. Implementar incentivos y programas de apoyo complementarios podría ayudar a equilibrar estos factores.

Para los usuarios y operadores de criptomonedas, se recomienda anticiparse a estos cambios a través de la educación financiera, uso de asesoría especializada y desarrollo de un sistema interno de control documental. Mantenerse informado sobre las actualizaciones normativas y capacitarse será clave para asegurar un cumplimiento adecuado y evitar sanciones o multas futuras. En conclusión, Perú se encuentra en la antesala de una importante transformación tributaria en materia de activos digitales. La propuesta de implementar un impuesto a las ganancias por criptomonedas refleja la necesidad de modernizar el marco fiscal ante el auge de las nuevas tecnologías financieras. Para los inversionistas, esto representa tanto un desafío como una oportunidad para operar con mayor seguridad y responsabilidad en el mercado local.

La transparencia, el cumplimiento y la adaptación serán factores decisivos para aprovechar al máximo este nuevo entorno regulatorio que, sin duda, marcará el rumbo de la economía digital peruana en los próximos años.