La historia de Honduras se encuentra en un punto de inflexión crucial, donde los sueños de un desarrollo económico impulsado por grandes inversiones se ven amenazados por una serie de demandas legales que, si se concretan, podrían llevar al país a la quiebra. En el centro de esta controversia se encuentra Próspera, un proyecto respaldado por inversores estadounidenses, cuya ambición es crear una ciudad startup semiautónoma en la isla de Roatán bajo un marco legal que el gobierno hondureño ha decidido derogar. Próspera se erige como un experimento libertario en gobernanza de mercado que proponen sus creadores, Honduras Próspera Inc., pero la realidad en el terreno es más compleja. La comunidad local, que en su mayoría vive de la pesca y el turismo, ha visto cómo sus vidas cotidianas se entrelazan con grandes intereses económicos que buscan forjar nuevos horizontes en un país que, a pesar de su belleza natural, ha luchado contra la pobreza y la corrupción durante décadas.
El conflicto se intensificó cuando el gobierno de Xiomara Castro decidió abolir la ley que permitía el establecimiento de estas zonas económicas especiales, conocidas como ZEDE. Esta legislación había sido creada durante un periodo de fuerte inestabilidad política en Honduras, tras un golpe de estado en 2009 que instauró un régimen de gobierno que muchos consideran corrupto. Ahora, los defensores de Próspera, que incluyen a Silicon Valley y a millonarios como Peter Thiel y Marc Andreessen, están demandando al país por hasta 10.775 millones de dólares, argumentando que tienen derecho a operar en virtud de tratados de inversión que Honduras firmó con Estados Unidos y Kuwait. Con un contexto de creciente deuda y una economía ya debilitada, Honduras podría enfrentar un panorama devastador si se le ordena pagar cifras tan astronómicas.
Para poner esto en perspectiva, los demandantes buscan una suma casi equivalente al doble de las cargas públicas del país durante 2022, lo que pone en jaque la capacidad del gobierno para financiar servicios básicos para su población. Esta situación podría desencadenar un ciclo de pobreza aún más profundo, empujando a millones de hondureños hacia la desesperación. El sistema de resolución de disputas entre inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) es el mecanismo bajo el cual se están dirimiendo estas demandas. Este sistema ha sido criticado por permitir que las empresas extranjeras demanden a los Estados por regulaciones que consideran dañinas para su rentabilidad, incluso en casos donde las empresas han incumplido leyes locales o han causado daños al medio ambiente. África y América Latina son regiones que han visto un aumento en demandas de este tipo, creando lo que muchos consideran un estado de “enfriamiento regulatorio”, donde los gobiernos son reacios a implementar políticas que beneficien a sus ciudadanos por miedo a contrarrestar los intereses de corporaciones poderosas.
La respuesta de la administración Castro ha sido clara: no se someterán a la presión de los inversionistas y están decididos a combatir las demandas. Esto marca una diferencia crucial con sus predecesores que, a menudo, cedían ante los intereses extranjeros. Gerardo Torres, viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, ha señalado que pagar estas demandas podría “romper un Estado” y ha instado a la comunidad internacional a tomar conciencia de los efectos perniciosos que estas acciones pueden tener sobre naciones vulnerables, especialmente en un contexto global donde el cambio climático ya está intentando desplazar a poblaciones enteras. A nivel local, la tensión entre Próspera y la población de Crawfish Rock—a donde se inscribió el proyecto—ha crecido. La comunidad que una vez vio la llegada de estos desarrollos como una oportunidad de progreso ahora se encuentra dividida.
Luisa Connor y Vanessa Cárdenas son dos mujeres del pueblo que han tomado la iniciativa de organizar a sus vecinos en contra del avance de Próspera, destacando el miedo a la expropiación de tierras y la influencia desmedida que el proyecto tiene sobre sus vidas. La pareja ha logrado unir a su comunidad, advirtiendo sobre los peligros de permitir que una corporación externa se haga cargo de su futuro. Los inversionistas, por su parte, argumentan que Próspera ofrece un modelo de desarrollo que podría ayudar a erradicar la pobreza en la región. Además, garantizan que han hecho promesas de empleo y oportunidades a los residentes, pero muchas personas en Crawfish Rock son escépticas sobre la autenticidad de estas promesas. La realidad es que en un país donde más del 60% de la población vive en la pobreza, las palabras de los grandes capitales no son suficientes para borrar los miedos que albergan quienes han vivido por generaciones en armonía con la tierra.
A medida que esta historia se desarrolla, se percibe una lucha más amplia que va más allá de un simple desacuerdo entre un gobierno y un grupo de inversionistas. Se trata de la lucha por el control de los recursos y el destino de un país que ha sido víctima de la explotación histórica por parte de fuerzas extranjeras. Con el humus de las luchas pasadas impregnando la arena de Roatán, muchos se preguntan: ¿será posible que el pueblo hondureño recupere su voz en un escenario dominado por intereses corporativos? La administración de Castro ha enfrentado críticas tanto dentro como fuera del país, y debe navegar hábilmente en un océano lleno de demandas e intereses diversos. La falta de claridad sobre el futuro de las ZEDEs y la inminente amenaza de las demandas ISDS pone en relieve la fragilidad de la economía del país y la importancia de un enfoque que promueva un desarrollo sostenible y justo. La historia de Honduras está en juego, y su desenlace podría sentar un precedente para otras naciones en desarrollo luchando por proteger su soberanía contra el embate de capitales globales.
Esa es la realidad que enfrenta un país que busca reescribir su narrativa, y a medida que el tiempo avanza, las acciones tomadas hoy podrían determinar no solo el futuro de Próspera, sino el bienestar de millones de hondureños. En un mundo donde la justicia se mide en términos económicos, será crucial que Honduras defienda su derecho a gobernarse a sí misma y a proteger a su gente de las amenazas de la embriaguez del capital.
