En un escenario global donde las criptomonedas continúan consolidándose como una clase relevante de activos, Puerto Rico ha emergido como un destino favorecido por inversionistas que buscan aprovechar incentivos fiscales vinculados a estas nuevas tecnologías. Sin embargo, este fenómeno ha llamado la atención de legisladores y especialistas, quienes analizan las consecuencias económicas y sociales que ha generado esta afluencia de capitales. Recientemente, la representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, ha presentado el proyecto de ley denominado Fair Taxation of Digital Assets in Puerto Rico Act, con el objetivo de cerrar lo que considera un vacío legal que permite a inversionistas adinerados evadir impuestos federales mediante el aprovechamiento de las leyes fiscales locales en la isla. Este nuevo proyecto legislativo propone modificar el Código de Rentas Internas para que los ingresos derivados de activos digitales, como la compra, venta, minería y participación en criptomonedas, sean sujetos a impuestos federales, incluso cuando los inversionistas establezcan residencia en Puerto Rico bajo programas de incentivos como el conocido Act 22. Actualmente, este tipo de ingresos pueden ser considerados como originados en Puerto Rico si el contribuyente cumple con el requisito de pasar al menos 183 días al año en la isla, lo que les permite beneficiarse de la exención federal sobre ganancias de capital.
La iniciativa liderada por Velázquez ha generado un intenso debate debido a las implicaciones que podría tener para la economía local y para la imagen de Puerto Rico como un destino atractivo para inversiones. Mientras que algunos sectores enfatizan que el mecanismo actual ha provocado una escalada en los costos de vida, incrementos en los precios de alquileres y un proceso de gentrificación que afecta especialmente a las comunidades más vulnerables, otros defienden la relevancia económica que han tenido los inversionistas vinculados al sector cripto, argumentando la creación de empleos y la inversión en bienes raíces. Para entender la complejidad del asunto, es fundamental analizar el contexto socioeconómico de Puerto Rico. La isla enfrenta una tasa de pobreza cercana al 40%, además de desafíos estructurales en áreas como educación, salud e infraestructura. Ante esta realidad, la llegada masiva de inversionistas con altos patrimonios puede tener efectos duales.
Por un lado, puede impulsar algunos sectores económicos; por otro, puede generar tensiones sociales y exacerbar problemas como la desigualdad y el desplazamiento de residentes originales. El programa Act 22, oficialmente denominado Ley para Fomentar la Inversión en Puerto Rico, fue diseñado para atraer capital extranjero mediante incentivos fiscales significativos, incluyendo la exención total del impuesto federal sobre ganancias de capital para nuevos residentes que cumplan con ciertos requisitos. Aunque este programa ha atraído a miles de inversionistas, especialmente del sector tecnológico y financiero, la falta de regulación estricta y de mecanismos robustos para asegurar el impacto comunitario positivo ha suscitado críticas. En defensa de Act 22, estudios encargados por el gobierno local han señalado que beneficiarios de esta ley han generado más de 15,000 empleos directos entre 2015 y 2019, además de invertir alrededor de 1.3 mil millones de dólares en el mercado inmobiliario local.
Algunos inversionistas también han cumplido con la exigencia de realizar donaciones anuales a organizaciones sin fines de lucro, apoyando programas de alimentación, educación y recuperación tras desastres naturales. Sin embargo, estos beneficios son vistos por muchos como insuficientes para compensar los efectos adversos percibidos en términos de equidad y desarrollo sostenible. Por otro lado, voces críticas, incluyendo activistas sociales y expertos en políticas públicas como Iris Figueroa de Popular Democracy, denuncian que los vacíos en la legislación federal han permitido que algunos inversionistas cripto actúen de manera predatoria, contribuyendo al desplazamiento de comunidades y al aumento de la desigualdad social en Puerto Rico. Este grupo sostiene que la política fiscal debe reformularse para que no favorezca exclusivamente a un pequeño sector privilegiado sino que promueva el bienestar general de la población. Uno de los puntos clave es que Velázquez ha dejado claro que su proyecto no busca limitar la autonomía fiscal de Puerto Rico para diseñar sus propios incentivos locales.
Más bien, pretende asegurar que las ganancias derivadas de activos digitales también hagan parte de la base imponible tributaria federal cuando corresponda, limitando la posibilidad de evadir obligaciones fiscales en EE.UU. con base en la residencia en la isla. El proyecto de ley ha sido respaldado por legisladoras del partido demócrata, entre ellas Alexandria Ocasio-Cortez y Delia Ramírez, lo que refleja un consenso en torno a la búsqueda de mayor transparencia y justicia en el sistema tributario que rige la actividad con criptomonedas. Empero, al momento actual, su avance legal parece lento, con el proyecto aún pendiente de ser programado para debate en comité.
El debate sobre este nuevo marco legal refleja la tensión entre fomentar la innovación y la atracción de inversiones a través de beneficios fiscales, y garantizar que estas medidas no generen consecuencias sociales negativas, especialmente en territorios con niveles de pobreza significativos. Expertos sugieren que para lograr un desarrollo verdaderamente inclusivo, las políticas públicas deben equilibrar incentivos económicos con la promoción de inversiones sociales en áreas críticas como educación, resiliencia climática, vivienda asequible y emprendimiento local. Puerto Rico enfrenta así un momento crucial para definir su futuro económico y social. La manera en que se regule la tributación de las criptomonedas y las inversiones relacionadas determinará no solo el flujo de capitales hacia la isla, sino también la calidad de vida de sus habitantes y la equidad en el acceso a oportunidades. La implementación de normas fiscales más estrictas, como propone el proyecto de ley de Velázquez, podría contribuir a que los beneficios derivados del auge de los activos digitales se distribuyan de forma más justa, sin sacrificar la competitividad de Puerto Rico como destino para inversionistas.
En conclusión, la aprobación y eventual aplicación de la propuesta para gravar a nivel federal los ingresos provenientes de criptomonedas en Puerto Rico representaría un cambio significativo en la política fiscal del territorio. Este cambio podría cerrar un vacío legal utilizado por inversionistas ricos y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad social y fiscal que debe acompañar a la innovación financiera. Mientras tanto, la conversación entre legisladores, empresarios y sociedad civil continúa buscando un equilibrio viable que promueva el crecimiento económico inclusivo y la justicia tributaria.
