San Francisco, conocida mundialmente por su emblemático puente Golden Gate, su innovación tecnológica y su cultura vibrante, enfrenta una realidad económica que llama la atención a nivel nacional. Su presupuesto anual, según análisis recientes para el año fiscal 2024, es más grande que el de 17 estados de Estados Unidos, incluyendo territorios como Nuevo México, Alabama y Oklahoma. Con un presupuesto total que alcanzó los 15.900 millones de dólares, y que ha escalado un 54 % desde 2012 ajustado por inflación, esta ciudad-condado se encuentra en una encrucijada económica y administrativa que merece ser analizada profundamente. La singularidad del sistema de gobierno de San Francisco, que combina funciones de ciudad y condado en una sola administración, presenta ventajas como la integración de servicios públicos —como salud pública, asistencia social y organización electoral— en un solo presupuesto unificado.
Sin embargo, también genera redundancias y dificultades para hacer comparaciones directas con otras ciudades o regiones. Por ejemplo, San Francisco tiene tanto un Departamento de Policía como un Sheriff, lo que no es común en todos los municipios o condados. Al realizar comparaciones con otras ocho ciudades-condado estadounidenses con poblaciones similares o hasta dos veces mayores —incluyendo Denver, Filadelfia, Honolulu, Jacksonville, Indianápolis, Kansas City, Nashville y Nueva Orleans— se identifica que, aun ajustando los presupuestos eliminando los departamentos empresariales como aeropuertos y servicios públicos, San Francisco presenta una inversión por habitante de 12.100 dólares, casi el doble del promedio de 6.300 dólares de esas ciudades.
Esta diferencia significativa genera la interrogante sobre si esta inversión superior se traduce en mejores servicios o quizás en ineficiencias administrativas. El crecimiento del presupuesto no ha sido homogéneo. Nueve departamentos han experimentado aumentos significativos en sus asignaciones, sumando casi 3.000 millones de dólares desde 2012 hasta 2025. Entre ellos, el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Asistencia y Vivienda para personas sin hogar, representan más de la mitad de esta expansión.
En el caso de Salud Pública, su presupuesto aumentó un 66,1 % entre 2010 y 2020, alcanzando 3.200 millones de dólares en 2024, motivado por el aumento de más de mil empleados y la expansión en contratos de salud conductual, que ahora suman cerca de 1.300 millones en financiamiento plurianual. El compromiso de la ciudad con el abordaje de la crisis de viviendas y personas sin hogar se refleja en la creación reciente del Departamento de Asistencia y Vivienda, que no existía antes de 2016 y ya cuenta con un presupuesto de 835 millones con programas como “Housing First” que destinan recursos a la construcción y mantenimiento de viviendas de apoyo permanente. Estos fondos subrayan una prioridad municipal hacia resolver problemas sociales urgentes, aunque también implican un peso creciente en el gasto público.
Además de las labores públicas directas, San Francisco invierte fuertes sumas en contratos externos. Son 5.800 millones de dólares repartidos en unos 10.900 contratos activos con más de 4.000 proveedores, 600 de los cuales son organizaciones sin fines de lucro.
Curiosamente, entre los contratos más grandes, aquellos superiores a 100 millones de dólares, la proporción de ONGs aumenta notoriamente, mostrando una dependencia considerable en este sector para la prestación de servicios bajo contrato. Un dato clave para comprender el enigma del presupuesto es la cantidad y costo del personal que funciona en la administración pública. San Francisco emplea a cerca de 33.000 personas en total, pero si se excluyen departamentos empresariales como el transporte público o el puerto, quedan aproximadamente 22.000 empleados haciendo tareas core de ciudad y condado.
El gasto promedio por residente en salarios y compensaciones alcanza los 3.200 dólares, superando en un 42 % a Los Ángeles, la segunda ciudad con mayor promedio, y triplicando el costo promedio en otras grandes ciudades de California. Esto indica que la fuerza laboral pública de San Francisco no solo es numerosa sino también costosa en comparación. Esta alta dotación de empleados se traduce en una relación de 24,4 trabajadores públicos por cada mil habitantes, lo que implica un 13 % más que Baltimore, la ciudad con la siguiente cifra más alta. Cuando se compara con la densidad de empleados públicos de metrópolis como Nueva York, Los Ángeles o Boston, San Francisco sigue liderando con diferencias significativas, incrementando su nómina pública entre 2018 y 2025 en más de dos mil puestos.
Cinco departamentos concentran la mayor parte de este aumento: Salud Pública, Servicios Humanos, Asistencia a personas sin hogar, Administración y la Agencia Municipal de Transporte. Las modalidades de trabajo actuales también muestran tendencias interesantes. Más de la mitad de los empleados municipales viven fuera de la ciudad y uno de cada cuatro trabaja desde casa al menos dos días por semana. Sectores como Salud Pública y Servicios Humanos tienen un alto porcentaje de teletrabajo, lo que podría influir en costos operativos y eficiencia, pero también puede reflejar desafíos en la gestión y el compromiso local. A pesar del enorme presupuesto y la dotación de personal, la población de San Francisco ha decrecido en aproximadamente 45.
000 habitantes desde 2019, un 5 % menos, volviendo a niveles similares a los de 2012. Esta salida masiva, la más importante desde el terremoto de 1906, sumerge a la ciudad en una situación donde gasta mucho más dinero y emplea más personas que años anteriores sin crecimiento poblacional, lo que sin duda aumenta las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y la efectividad del gasto público. La proyección oficial alerta sobre un déficit presupuestario que podría alcanzar 1.500 millones de dólares para el año fiscal 2030 si no se ajustan gastos y se optimizan recursos. Este escenario pone en la mesa la necesidad de un examen detallado de cada departamento, contrato y programa para asegurar que el gasto público no solo sea alto sino también eficiente y orientado a generar valor real para los residentes.
San Francisco también enfrenta críticas sobre sus prácticas de contratación y supervisión. La figura del Gran Jurado Civil ha manifestado preocupación por la posible existencia de gastos superfluos, fraudes y abusos en la administración de los contratos públicos. Reconocen la oportunidad de ahorro sin sacrificar la calidad de los servicios, en un contexto donde el presupuesto de subvenciones ha crecido en mil millones desde 2018. En definitiva, la historia financiera de San Francisco es un reflejo de sus esfuerzos por mantener y expandir servicios sociales, sanitarios y urbanos complejos en un contexto demográfico cambiante y desafíos estructurales. La comparación con estados y ciudades similares evidencia el grado inusitado de inversión, pero también abre un debate indispensable acerca de la sostenibilidad del modelo actual.
La pregunta crítica que afronta hoy San Francisco no es solo cuánto gasta, sino cómo gestiona, prioriza y ejecuta ese gasto para garantizar que sus habitantes reciban servicios efectivos y un retorno tangible en calidad de vida. Si bien la ciudad goza de ventajas particulares por su condición legal y estructura administrativa, el tamaño explosivo del presupuesto invita a plantear reformas, revisiones y mejoras para que el gasto público se traduzca en beneficios reales y duraderos. El futuro económico y social de San Francisco dependerá de su capacidad para equilibrar un presupuesto que hoy parece sobredimensionado con la necesidad urgente de responder a sus problemas demográficos, de vivienda, salud y movilidad, asegurando así un gobierno eficiente que sirva a sus ciudadanos con responsabilidad y transparencia.
