En un contexto global donde las tensiones políticas y sociales están cada vez más presentes en las plataformas digitales, una inquietante campaña en línea ha emergido en el Reino Unido, incitando a grupos de extrema derecha a dirigir ataques contra opositores del gobierno chino establecidos en el país. Esta campaña, llevada a cabo durante el verano de 2024, representa un giro preocupante en las estrategias que emplea el régimen de Beijing para enfrentarse a disidentes que han encontrado refugio lejos de su territorio, en particular a aquellos vinculados al movimiento pro-democracia de Hong Kong. El fenómeno se visibilizó en agosto de 2024 cuando en varios canales de redes sociales surgieron publicaciones que señalaron a activistas exiliados, proporcionando detalles personales como direcciones residenciales y lugares de trabajo. El activista Finn Lau, destacado líder dentro del movimiento de democracia hongkonés y exiliado en Londres, fue uno de los objetivos principales. En su ámbito laboral pudo constatar cómo circularon publicaciones con sus datos personales, junto con un lenguaje claramente instigador que buscaba atraer la atención de grupos de extrema derecha contra él y otros disidentes.
Lo alarmante es que esta modalidad de acoso y amenazas no se limita a simples campañas de desprestigio sino que parece estar encaminada a motivar ataques violentos o intimidación directa. La connivencia con figuras y grupos de la extrema derecha británica, incluyendo algunos con antecedentes de violencia y xenofobia, pone en riesgo la integridad física y psicológica de las víctimas. Estas tácticas forman parte de lo que expertos en ciberseguridad y análisis de influencia digital denominan un complejo esquema de represión transnacional, donde el Estado chino no solo ejerce presión dentro de sus fronteras sino que despliega una operación global para silenciar voces críticas en el extranjero. La movilización digital y la desinformación se combinan con métodos más tradicionales como la detención arbitraria de familiares en Hong Kong, lo que refleja un patrón de intimidación integral y persistente. Por su parte, la policía y las autoridades británicas han reconocido la gravedad de la situación y han expresado estar en alerta máxima para detectar y mitigar cualquier amenaza directa.
Sin embargo, en los casos reportados por activistas como Lau y Nathan Law —otro prominente exiliado— el apoyo percibido ha sido limitado, lo que genera incertidumbre y miedo en estos defensores de los derechos humanos. La inteligencia tras la campaña muestra indicios de estar vinculada a agencias chinas, con la presencia de perfiles falsos o cuentas automatizadas que coordinan la difusión masiva de contenido contra disidentes en varias plataformas, algunas incluso restringidas para ciertos grupos en Occidente. Expertos internacionales han identificado semejanzas con campañas previas atribuidas a Beijing, como la operación conocida como Spamouflage Dragon, que utiliza una red gigante de troles para difundir narrativas favorables al Partido Comunista Chino y hostigar a sus oponentes. Este modelo de represión digital es especialmente insidioso debido a su sutileza y alcance. A diferencia de métodos más evidentes de censura o violencia, la manipulación de sentimientos xenófobos y nacionalistas en países extranjeros para generar inseguridad y división social es una táctica sofisticada que puede erosionar la cohesión democrática desde dentro.
Una capa adicional de complejidad la aporta el contexto político en el Reino Unido, donde el gobierno actual busca mantener relaciones económicas con China, lo que limita una adopción firme de políticas defensivas más intensas contra estas formas de interferencia extranjera. Mientras tanto, los activistas continúan enfrentando riesgos significativos, no solo en términos de seguridad física sino también emocional, al sentirse expuestos y poco respaldados en su país de acogida. La historia de Nathan Law ejemplifica esta lucha. Desde su encarcelamiento en Hong Kong en 2017 por su activismo, hasta la concesión de asilo en Reino Unido en 2021, ha sido objeto de campañas de difamación e intimidación. La implementación de la Ley de Seguridad Nacional por parte de Beijing en 2020 ha ampliado el espectro de represión a nivel extraterritorial, creando un ambiente donde la persecución política se traslada más allá de las fronteras.
Grupo tras grupo, los activistas exiliados revelan que sus familiares sufren detenciones arbitrarias e interrogatorios bajo presión, una forma de castigo indirecto para debilitarlos emocionalmente y socavar su autonomía. Esto, sumado a las amenazas digitales y físicas, conforma un cuadro preocupante sobre el futuro de la disidencia china y hongkonesa en el extranjero. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos hacen un llamado urgente a que los gobiernos y entidades internacionales fortalezcan mecanismos legales y operativos para proteger a los refugiados políticos y activistas, denunciando y desmantelando las campañas de influencia maliciosa. La cooperación entre agencias de inteligencia, la vigilancia de plataformas digitales y el diseño de estrategias contra la propaganda son pasos esenciales para defender la libertad de expresión y la seguridad individual. El panorama global exige una reflexión profunda sobre la manera en que la tecnología puede ser utilizada como arma política y cómo las democracias occidentales, incluyendo el Reino Unido, responden a estas agresiones que cruzan fronteras, mezclando manipulación informativa, incitación al odio y amenazas directas a los derechos humanos.
