En el corazón de Camboya, el Santuario de Vida Silvestre Prey Lang representa uno de los ecosistemas más ricos y extensos del sudeste asiático. Esta vasta área de bosque tropical alberga no solo una diversidad única de flora y fauna, sino también a comunidades indígenas que han vivido en armonía con la naturaleza durante generaciones. Sin embargo, el equilibrio de esta región está siendo amenazado, luego de que las autoridades camboyanas aprobaran la construcción de una fábrica de cemento dentro de los límites protegidos de Prey Lang, pasando por alto la moratoria vigente sobre nuevas licencias mineras establecida en 2023. Esta decisión ha suscitado alarma entre ambientalistas, comunidades locales y expertos en conservación, quienes advierten sobre las consecuencias irreversibles para un santuario que ya ha sufrido una considerable degradación ambiental. El proyecto de la fábrica de cemento, desarrollado por KP Cement, una empresa con fuertes conexiones políticas y un historial documentado de deforestación en la región, implicará la explotación de una concesión minera de piedra caliza cercana, junto con la construcción de infraestructura asociada dentro de un terreno de 99 hectáreas en la provincia de Kratie.
A pesar del compromiso oficial de suspender la concesión de nuevas licencias mineras y frenar la expansión de las operaciones existentes dentro de Prey Lang, la aprobación del proyecto indica una posible desconexión entre las políticas de conservación anunciadas y su implementación real. Este complejo escenario pone en evidencia una problemática social y ambiental multifacética. Por un lado, se encuentran las presiones económicas derivadas de la necesidad de impulsar la recuperación post-pandemia de la economía camboyana, que ha afectado sectores clave como la construcción, donde la producción de cemento juega un papel esencial. Por otro lado, existen las realidades de un ecosistema vulnerable y de comunidades indígenas como el pueblo Kuy, quienes dependen directa o indirectamente del bosque y sus recursos para su subsistencia. Prey Lang, conocido por ser uno de los mayores bosques tropicales de tierras bajas en la región, cubre aproximadamente 490,000 hectáreas distribuidas en cuatro provincias.
Esta área proporciona hábitat crucial para especies en peligro de extinción como gibones, elefantes asiáticos y pangolines, así como un importante regulador de agua para cursos fluviales vinculados al Mekong y al Tonle Sap, vitales para la biodiversidad y la soberanía alimentaria local. Sin embargo, desde hace años, el santuario ha sido objeto de creciente presión por actividades mineras ilegales, tala comercial a gran escala y tráfico de vida silvestre, que han generado una acelerada tasa de deforestación detectada por sistemas como Global Forest Watch. En medio de este deterioro, la moratoria de noviembre de 2023 emitida por el ministro camboyano de Minas y Energía Keo Rattanak, sembró esperanzas para la protección de Prey Lang, al prohibir la emisión de nuevas licencias mineras y detener la expansión de las existentes. Lamentablemente, la concesión a KP Cement para el desarrollo de la fábrica ha quebrantado esa promesa, lo que pone en duda la efectividad de la supervisión gubernamental y abre interrogantes sobre posibles influencias políticas y económicas detrás de esta contradicción normativa. Desde la perspectiva de las comunidades locales, la construcción y operación de la fábrica de cemento representa amenazas directas.
Más allá del impacto ambiental, destacan preocupaciones sanitarias vinculadas al polvo de piedra caliza —un material que contiene carcinógenos— que puede provocar afecciones respiratorias crónicas, daños oculares y otras complicaciones de salud. Los vehículos de transporte que movilizan el material desde el santuario a centros urbanos generan nubes de polvo que afectan no solo a la población local sino también a los asentamientos y ecosistemas cercanos. Asimismo, los habitantes sienten que su voz ha sido marginada en el proceso de toma de decisiones, percibiendo que los beneficios económicos de la actividad solo favorecen a élites políticas y empresariales, mientras que ellos asumen los costos sociales y ambientales. La situación de KP Cement, empresa dirigida por prominentes figuras vinculadas a la familia gobernante y a la élite empresarial, reflejan una tendencia más amplia en Camboya, donde sectores extractivos y madereros son controlados por actores con conexiones políticas profundas. Otras empresas mineras también han expandido sus operaciones dentro de Prey Lang, empeorando la crisis ambiental.
Un ejemplo es Vantage Mining, propiedad de un empresario chino con vínculos a individuos sancionados por actividades ilegales, que posee extensas concesiones adyacentes, potenciando la fragmentación de la biodiversidad y complicando la gobernanza local. La falta de transparencia en los procesos de evaluación ambiental profundiza la problemática. A pesar de la obligación legal de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental para proyectos mineros, su confidencialidad y la ausencia de participación pública limitan la vigilancia ciudadana y el control real de los efectos de estas actividades. Empresas consultoras implicadas han mostrado reticencia a divulgar información, lo que aumenta la incertidumbre sobre el alcance del daño ambiental y las medidas mitigadoras. Desde un punto de vista técnico, operar una fábrica de cemento en este entorno presenta desafíos significativos.
La transformación del mineral de piedra caliza en clinker y luego en cemento requiere temperaturas extremadamente altas, normalmente proporcionadas por la combustión de carbón y residuos industriales. En un país sin producción nacional de carbón, esto implica una cadena logística que aumenta la huella ambiental por transporte y emisiones. Las plantas cementeras constituyen una fuente importante de dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, lo cual contradice los compromisos globales de Camboya para alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2050. La continuidad y expansión de la actividad minera y de procesamiento de cemento en Prey Lang invitan a reflexionar sobre el verdadero propósito de las iniciativas de protección declaradas por el gobierno. Investigadores y expertos en conservación señalan que, en la práctica, el santuario parece estar siendo entregado a intereses económicos ligados al poder político, con efectos devastadores para sus ecosistemas y comunidades originarias.
Esto genera un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos de conservación y sociedad civil para fortalecer la vigilancia, exigir responsabilidad y promover modelos de desarrollo sostenibles que respeten la integridad ambiental y los derechos humanos. Además de su importancia ambiental, Prey Lang tiene un valor cultural y social incalculable para el pueblo Kuy y demás comunidades indígenas que habitan en su seno. Estas poblaciones mantienen un vínculo ancestral con el bosque, del cual extraen recursos para alimentación, medicina tradicional y herramientas cotidianas. La destrucción del bosque no solo impacta la biodiversidad, sino también la identidad y supervivencia de estos grupos. La exclusión de estas comunidades en los procesos de consulta y decisión profundiza la injusticia social y limita las posibilidades de encontrar soluciones inclusivas y sostenibles.
Organizaciones internacionales y locales han intentado implementar proyectos de conservación y manejo sostenible, incluyendo programas de REDD+ para la reducción de emisiones derivadas de la deforestación. Sin embargo, la expansión minera pone en riesgo la efectividad de estos esfuerzos. Si no se aplica estrictamente un marco legal que proteja el santuario y se garantice la participación activa de las comunidades locales, los proyectos se verán socavados. En conclusión, la aprobación y avance de la fábrica de cemento en Prey Lang, pese a la moratoria sobre minas, refleja un conflicto crucial entre el desarrollo económico a corto plazo y la preservación ambiental y social a mediano y largo plazo. La situación exige una revisión urgente de las políticas públicas, una mayor transparencia en los procesos autorizatorios y un compromiso serio con la conservación del santuario.
Camboya enfrenta un momento decisivo para definir si prioriza la explotación acelerada de sus recursos naturales en beneficio de unos pocos o si opta por proteger uno de sus patrimonios naturales y culturales más importantes para las generaciones presentes y futuras.
