En un momento de creciente atención global sobre las criptomonedas y su regulación, los senadores Elizabeth Warren y Jeff Merkley han tomado un papel protagónico al encabezar una llamada nacional destinada a movilizar a legisladores y ciudadanos en oposición a la Ley GENIUS, una propuesta legislativa impulsada por el expresidente Donald Trump y aliados en el Congreso. Esta iniciativa, oficialmente denominada Generating Entrepreneurship and New Income Using Stablecoins Act, pretende establecer un marco regulatorio para las stablecoins, un tipo particular de criptoactivos vinculados a monedas fiduciarias. Sin embargo, el debate generado en torno a este proyecto ha trascendido los aspectos técnicos de la regulación financiera para abrir un intenso debate sobre la posible interferencia de intereses políticos, la seguridad electoral y la influencia desmedida de los actores del sector cripto en la política estadounidense. La llamada impulsada por el grupo progresista Our Revolution, fundado a partir de la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2016, no solo pretende informar sino también activar una resistencia popular y política frente a lo que califican como un “apropiamiento corporativo-cripto” de las instituciones democráticas. Con más de 10,000 firmas en una petición que será entregada a oficinas del Senado, la estrategia busca alertar a la opinión pública y concitar a los legisladores a rechazar la aprobación de la ley en su forma actual.
Desde la perspectiva de los críticos, la Ley GENIUS presenta múltiples riesgos. Entre ellos se destaca la autorización implícita de donaciones políticas en criptomonedas que podrían resultar difíciles de rastrear, lo que comprometería la transparencia en las campañas electorales. Este punto toma especial relevancia dado que las donaciones anónimas o sin suficiente regulación en el pasado han sido fuente de escándalos y controversias en Estados Unidos. Además, la ley permitiría la desregulación de la emisión de stablecoins, lo que generaría un vacío legal que algunos sectores del mercado podrían aprovechar para operar sin controles adecuados que salvaguarden a los consumidores y la estabilidad financiera. Otra de las inquietudes centrales radica en que la ley permitiría a funcionarios públicos mantener inversiones en empresas vinculadas a criptoactivos, creando un potencial conflicto de interés que podría afectar la imparcialidad y la integridad de las decisiones legislativas relacionadas con esta industria.
La delicada situación se ve intensificada por el reciente viaje diplomático del expresidente Trump al Medio Oriente, concretamente a los Emiratos Árabes Unidos (UAE), donde se está negociando un acuerdo multimillonario que vincula a su propia empresa cripto con fondos de inversión regionales, Binance y otras entidades del sector. Este contexto ha alimentado las sospechas y críticas sobre la posibilidad de que la promulgación de la Ley GENIUS tenga motivaciones opacas encaminadas a beneficiar a un círculo cercano al expresidente y magnates de la criptomoneda. El papel de los senadores Warren y Merkley en la convocatoria nacional es emblemático debido a su conocida postura crítica frente a la falta de regulación del sector cripto y las amenazas que representa para la democracia y la justicia económica. Elizabeth Warren, en particular, ha sido una voz contundente contra las actividades no reguladas en el mundo digital financiero, mostrando preocupación por la protección del consumidor y la prevención de fraudes masivos. Jeff Merkley, por su parte, ha insistido en la necesidad de garantizar que cualquier legislación tecnológica mantenga la transparencia y la rendición de cuentas como principios fundamentales.
La combinación de figuras políticas con activistas y expertos en vigilancia tecnológica ha buscado ofrecer un análisis exhaustivo y accesible acerca de los riesgos que se derivan de una ley con lagunas regulatorias y posibles conflictos de interés. Molly White, reconocida vigilante del sector tecnológico y criptográfico, ha aportado en el debate su experiencia para ilustrar cómo ciertas disposiciones de la ley podrían abrir la puerta a operaciones opacas y a la explotación del sistema electoral mediante donaciones en criptomonedas sin supervisión. El choque entre la búsqueda de innovación financiera y la defensa de la integridad democrática se ha convertido en el eje central del debate en Washington. La Ley GENIUS simboliza para muchos una iniciativa que bajo el disfraz de modernizar el mercado de stablecoins podría estar facilitando un aumento del poder e influencia de las élites económicas vinculadas al mundo cripto, en detrimento de los ciudadanos y la confianza en el sistema político. La enorme campaña de lobby detrás de esta normativa, valorada en aproximadamente 200 millones de dólares durante el ciclo electoral de 2024, no hace más que reforzar las sospechas sobre el impacto real que esta legislación podría tener en el equilibrio de poder.
Además, el contexto internacional añade una capa más al análisis, especialmente con los movimientos hacia la tokenización de activos y el uso creciente de las blockchains para operaciones globales. Países y compañías buscan cada vez más la digitalización de sus infraestructuras financieras, estableciendo precedentes en regulación que pueden ser positivos si se hacen con responsabilidad. No obstante, el caso del acuerdo en el Medio Oriente ligado a la familia Trump ha centrado la atención sobre cómo los intereses privados pueden condicionar aún más estos procesos regulatorios en Estados Unidos. La reacción que ha generado la llamada nacional coordinada por Our Revolution refleja la importancia que hoy tiene la regulación cripto en términos que van más allá de lo estrictamente económico o tecnológico. La sociedad estadounidense se encuentra ante un desafío clave: definir cómo se integrarán las innovaciones financieras descentralizadas sin sacrificar la transparencia política ni la confianza pública.
