El panorama salarial en el Reino Unido ha experimentado cambios significativos en los últimos años, pasando de una etapa de crecimiento vigoroso en los sueldos a un marcado enfriamiento que ha provocado preocupación entre trabajadores y empresarios. En el centro de esta transformación se encuentra Rachel Reeves, la ministra de Hacienda, cuyas medidas fiscales han influido decisivamente en la dinámica del empleo y las remuneraciones. El aumento sustancial en las contribuciones a la seguridad social que promovió Reeves ha significado un punto de inflexión crucial que marca el fin de la era de grandes incrementos salariales. Durante 2023, el Reino Unido vivió un periodo en el que la inflación disparada obligó a las empresas a ajustar los salarios para proteger el poder adquisitivo de sus empleados. La tasa de crecimiento salarial superó el 8%, un nivel alto en términos históricos, que reflejaba la urgencia del mercado laboral por preservar el bienestar económico de las familias ante el aumento generalizado de los precios.
Sin embargo, esta etapa comenzó a desvanecerse en 2024 con la implantación de una ambiciosa reforma fiscal propuesta por Rachel Reeves. La medida más impactante fue la subida de las contribuciones de empleadores al sistema de seguridad social –conocidas como National Insurance Contributions (NICs)– que subieron del 13,8% al 15%. Además, se redujo el umbral mínimo de ingresos a partir del cual se empezaba a pagar este impuesto, pasando de 9.100 a 5.000 libras por año.
Esta modificación tuvo un efecto directo sobre las pequeñas y medianas empresas, quienes emplean una gran proporción de trabajadores a tiempo parcial y con salarios bajos, ampliando su carga fiscal de manera significativa. El resultado fue inmediato y evidente. Las empresas empezaron a reducir los incrementos salariales, adoptando una postura de cautela y control ante el aumento de los costes laborales. El Banco de Inglaterra señaló que algunas compañías ya anticipaban otorgar aumentos salariales entre uno y dos puntos porcentuales menores de lo que habrían ofrecido en ausencia de la subida del impuesto. Por lo tanto, el efecto protesta no solo influyó en las perspectivas de salario de los trabajadores, sino que también impactó en la creación de empleo y el dinamismo del mercado laboral.
Una de las consecuencias menos evidentes, pero igualmente importantes, es la modificación en la forma en que se distribuyen los costes y cargas fiscales entre empleadores, empleados y consumidores. Aunque teóricamente las empresas asumen el pago del impuesto, en la práctica suelen trasladar parte de ese coste a los trabajadores mediante salarios más bajos y a los consumidores a través de precios más altos. Por ende, la subida del impuesto ha agudizado las dificultades tanto del empleo como del consumo, frenando la recuperación económica tras los estragos iniciales de la pandemia. Los expertos del Banco de Inglaterra y otros organismos como el National Institute of Economic and Social Research han subrayado que las pequeñas y medianas empresas son las más perjudicadas por este cambio. Al tener menos margen de maniobra financiero, estas empresas han tenido que optar por recortes en la contratación y moderación salarial para compensar el incremento fiscal, limitando así sus posibilidades de crecimiento y desarrollo.
La ralentización del crecimiento salarial también tiene una influencia directa en el consumo general de la población, ya que limita la capacidad de gasto de millones de hogares, afectando a su vez a sectores comerciales y servicios. La interconexión entre salarios, consumo y crecimiento económico crea un círculo vicioso que dificulta la salida de las crisis económicas prolongadas, como la que vive actualmente el Reino Unido. Rachel Reeves ha defendido estas medidas como necesarias para reducir el déficit público y financiar políticas sociales a largo plazo, destacando la importancia de mantener la sostenibilidad fiscal en un contexto global de incertidumbre económica. Sin embargo, la opinión pública y empresaria se ha mostrado crítica por el impacto inmediato negativo, y porque consideran que el esfuerzo recae con más fuerza en quienes menos tienen. Desde una perspectiva laboral, esta política fiscal ha reducido las expectativas de incremento salarial, generando preocupación entre trabajadores, sindicatos y economistas sobre la posibilidad de una nueva etapa de estancamiento de los sueldos.
Esto contrasta con la situación del pasado reciente, cuando la presión inflacionaria obligaba a las empresas a aumentar los salarios para retener talento, un escenario que ahora parece llegar a su fin. La incertidumbre económica actual, además, se nutre de la combinación entre las políticas fiscales restrictivas y la evolución del mercado global. Factores como la inflación internacional, los cambios en la oferta energética y la desaceleración de algunas potencias económicas condicionan también la capacidad del Reino Unido para restaurar crecimientos sostenidos en salarios y empleo. Finalmente, este cambio supone un reto importante para los responsables políticos y empresariales en términos de buscar un equilibrio que permita recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores sin comprometer la viabilidad de las empresas, especialmente las más pequeñas, ni generar presiones inflacionarias adicionales que puedan afectar a toda la economía. En conclusión, las políticas impulsadas por Rachel Reeves marcan un antes y un después en la historia reciente del mercado laboral británico, trayendo el fin de la etapa de grandes aumentos salariales mediante una reforma fiscal que, si bien busca estabilidad y sostenibilidad, también conlleva una moderación significativa en los salarios y el empleo.
El camino hacia un equilibrio económico justo y sostenible será probablemente uno de los temas centrales en el debate político y económico del Reino Unido durante los próximos años.
