En un giro inesperado pero decisivo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la disolución inmediata del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), un equipo creado en 2022 para encargarse de la regulación y supervisión del sector de criptomonedas. Esta medida marca un cambio profundo en la postura del gobierno estadounidense hacia las criptomonedas, alineándose con la visión expresada por el presidente Donald Trump y su orden ejecutiva de enero de 2025, que busca simplificar el entorno regulatorio y evitar la persecución legal excesiva dentro de la industria digital. Todd Blanche, Subprocurador General Adjunto del DOJ, fue quien comunicó esta decisión a los empleados de la institución a través de un memorando titulado "Finalizar la Regulación mediante la Prosecución". En él, Blanche establece claramente que la Justicia no tiene como función regular los activos digitales, una tarea que corresponde a otras agencias especializadas. Además, critican la estrategia previa adoptada durante la administración Biden, calificada como un esfuerzo mal concebido y poco efectivo de intentar regular a través de procesos penales.
Este cambio de rumbo supone que el DOJ dejará de procesar a intercambios y servicios de criptomonedas por infracciones regulatorias menores o vinculadas a violaciones inadvertidas de normativas como la Ley de Secreto Bancario (BSA), el ejercicio no autorizado de transmisión monetaria y otros delitos relacionados con leyes federales de valores y commodities. En lugar de ello, las fuerzas de justicia dirigirán sus esfuerzos y recursos hacia la persecución de individuos que cometen crímenes graves utilizando activos digitales, como el fraude, el financiamiento de actividades terroristas, el lavado de dinero y la victimización de inversores. El equipo NCET había estado presente en algunos de los casos más emblemáticos de los últimos años dentro del ecosistema cripto, involucrado en procesos contra plataformas como Tornado Cash, donde se investigó el uso de mezcladores de criptomonedas, así como contra personas vinculadas a manipulaciones de mercado, como el caso de Avi Eisenberg con Mango Markets. Sin embargo, a partir de este cambio de política, estos tipos de procesos serán revisados y, si no están alineados con las nuevas prioridades, se ordena su cierre. La decisión del DOJ no ocurre en aislamiento.
En los primeros meses del mandato de Trump, también la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) redujo sus equipos especializados en criptomonedas, eliminando aquellas unidades enfocadas en el enforcement para concentrar sus esfuerzos en la eficiencia regulatoria y en evitar sanciones punitivas innecesarias. Esto responde a un planteamiento más amplio del gobierno en cuanto a impulsar un entorno en el que la industria pueda innovar sin el temor constante de procesos legales punitivos. Un elemento importante dentro de esta reestructuración es la liberación de presión sobre plataformas que durante años enfrentaron acusaciones legales basadas en regulaciones poco claras o en la falta de certeza normativa. Un ejemplo que ha marcado la pauta fue el perdón presidencial a BitMEX y a sus máximos ejecutivos, quienes previamente habían aceptado culpabilidad en cargos relacionados con infracciones a la Ley de Secreto Bancario. Este gesto administrativo fue interpretado como una señal clara de que el nuevo enfoque del gobierno es facilitar la actividad legítima en el sector cripto y no obstaculizarla con procesos legales agresivos.
Desde la perspectiva de inversores, desarrolladores y actores del mercado, esta sacudida en las regulaciones puede traer un efecto positivo, ya que se orienta hacia un ambiente donde la innovación y la adopción de las criptomonedas y otros activos digitales pueden florecer dentro de un marco más comprensible y predecible. La seguridad jurídica es un factor crítico para el crecimiento sostenible, permitiendo a las empresas planificar y expandirse sin temer represalias regulatorias arbitrarias. No obstante, esta postura no significa una flexibilización total frente al riesgo de actividades ilícitas. Por el contrario, el DOJ ha remitido la responsabilidad de perseguir crímenes graves a otros sectores y agencias que se especialicen estrictamente en actividad criminal, como el terrorismo y la delincuencia organizada. Este enfoque apunta a separar claramente la función reguladora, que será realizada por entidades civiles, de la función penal, que se destinará a enfrentar actividades ilegales que impacten directamente la seguridad del país y la protección de los ciudadanos.
El mercado de criptomonedas ha reaccionado con cierta positividad ante esta noticia, ya que la reducción en la presión regulatoria tiende a fomentar confianza y entrada de capitales. De acuerdo con los precios recientes, activos como Bitcoin (BTC) y Dogecoin (DOGE) han mostrado incrementos moderados, mientras que algunas criptomonedas enfrentaron ligeras caídas, en un contexto de volatilidad habitual en los mercados. En términos de política pública, este episodio evidencia la dificultad que tienen los gobiernos para encontrar un equilibrio entre proteger los intereses públicos y promover la innovación tecnológica. Mientras que algunos países adoptan una regulación más estricta y sancionadora, el enfoque estadounidense en esta coyuntura parece inclinarse hacia la creación de un ecosistema estable y favorable para la economía digital emergente. Finalmente, la disolución del National Cryptocurrency Enforcement Team marca un punto de inflexión en la historia de la regulación cripto en Estados Unidos.
Con la aplicación de un marco más selectivo y centrado en delitos graves, se abre una nueva etapa en la que los actores del ecosistema cuentan con una mayor seguridad jurídica y la posibilidad de contribuir a la innovación financiera sin el temor a persecuciones regulatorias desproporcionadas. Sin duda, este cambio será observado de cerca por la comunidad crypto global y por otras jurisdicciones, que podrían inspirarse en este modelo para ajustar sus propios acercamientos a la regulación de activos digitales.
