En los últimos años, Puerto Rico se ha convertido en un destino popular para inversores en criptomonedas que buscan beneficios fiscales significativos. La isla, como territorio estadounidense, ofrece un marco regulatorio y fiscal único que ha atraído a numerosos actores del mundo cripto, incluyendo inversionistas de alto perfil y celebridades. Sin embargo, esta situación está generando un debate importante a nivel federal, ya que un sector del gobierno de Estados Unidos considera que la explotación de estos incentivos fiscales está causando impactos negativos tanto a la economía local de Puerto Rico como a las finanzas federales. La congresista Nydia Velázquez, representante de Nueva York, ha tomado la iniciativa en esta materia presentando una propuesta legislativa conocida como Fair Taxation of Digital Assets in Puerto Rico Act. Este proyecto de ley busca modificar las normas fiscales de Puerto Rico en relación con las ganancias de capital provenientes de activos digitales, con el objetivo de que ciertos inversionistas paguen tanto los impuestos locales como los federales, eliminando así las actuales exenciones que permiten una tributación muy reducida o incluso nula.
Esta iniciativa surge en un contexto donde Puerto Rico ha atuado durante años como un paraíso fiscal para los activos digitales, gracias a incentivos implementados desde 2012 bajo el amparo de leyes como la Ley 20 y la Ley 22, que posteriormente fueron consolidadas en la Ley 60 de Incentivos Contributivos. Gracias a estos beneficios fiscales, que incluyen la exención del pago de impuestos sobre ganancias de capital para nuevos residentes, la isla logró atraer inversionistas de gran calibre, desde fundadores de fondos de inversión en criptomonedas hasta influyentes figuras públicas vinculadas al sector. Velázquez argumenta que esta afluencia de inversionistas no ha contribuido positivamente al desarrollo económico de Puerto Rico. En sus declaraciones enfatiza que el fenómeno ha encarecido el mercado inmobiliario, generando desplazamiento de residentes locales y exacerbando problemas sociales en un territorio donde cerca del 40% de la población vive en condiciones de pobreza. A nivel federal, la congresista advierte sobre las pérdidas fiscales significativas que esto representa, estimando que, entre 2020 y 2026, el gobierno estadounidense podría dejar de recaudar aproximadamente 4.
500 millones de dólares debido a estas exenciones. El debate sobre la fiscalidad de los activos digitales en Puerto Rico se vuelve aún más complejo en un escenario donde el gobernador de la isla, Jenniffer González-Colón, ha propuesto extender hasta 2055 la vigencia de la Ley 60, que originalmente expira en 2035. Sin embargo, esta extensión plantearía un cambio: la aplicación de un impuesto fijo del 4% sobre las ganancias de capital para los nuevos solicitantes del régimen, una tasa considerablemente inferior a los tramos del impuesto federal que pueden llegar hasta el 37%. Este planteamiento genera un choque entre las aspiraciones territoriales de Puerto Rico por mantener su atractivo fiscal para inversionistas y las preocupaciones federales por la equidad y eficiencia del sistema tributario. La legislación propuesta por Velázquez busca precisamente equilibrar estas fuerzas, imponiendo un marco más estricto que asegure el cumplimiento tributario tanto a nivel local como federal.
La iniciativa enfrenta retos políticos que podrían dificultar su aprobación. Con el control republicano en ambas cámaras del Congreso, y la complejidad creciente en la regulación del ecosistema cripto, no está claro si el proyecto contará con el apoyo suficiente. Además, tanto la Cámara de Representantes como el Senado se encuentran centrados en otros temas regulatorios del sector, como la regulación de las stablecoins y un marco general para los activos digitales, aspectos que podrían influir en el avance de esta propuesta. Más allá de la política, el fenómeno de Puerto Rico como refugio fiscal para criptoinversionistas refleja un fenómeno global del ecosistema cripto, donde individuos y empresas buscan maximizar sus beneficios fiscales utilizando jurisdicciones con regímenes especiales. La situación de Puerto Rico expone así una tensión entre innovación financiera, desarrollo económico local y justicia fiscal.
Adicionalmente, la llegada masiva de inversionistas extranjeros y nacionales atraídos por estas ventajas ha generado un impacto tangible en la sociedad puertorriqueña. El aumento en los precios inmobiliarios, la presión sobre servicios públicos y el desplazamiento de comunidades vulnerables son retos que amplifican el debate sobre la conveniencia y el impacto de mantener o modificar estos incentivos. Desde la perspectiva federal, hay interés en cerrar lo que algunos legisladores denominan "evasión legal" o "elusión tributaria" mediante la utilización de estas exenciones para activos digitales. El espectro es amplio: desde inversionistas que solo formalizan su residencia en la isla con el objetivo de gozar de la exención fiscal, hasta operaciones de gran escala que evaden impuestos federales millonarios, lo que afecta la capacidad del gobierno de financiar programas sociales y de infraestructura. El futuro de la legislación en Puerto Rico en materia de criptomonedas y fiscalidad dependerá de cómo se negocien estos intereses contrapuestos.
De aprobarse leyes que limiten las exenciones actuales, es probable que el atractivo de la isla para estos inversionistas disminuya, afectando potencialmente a empresas y personas que han establecido su base operativa en el territorio. No obstante, también podría impulsar un modelo de desarrollo más equilibrado que contemple la integración real de estos nuevos actores a la economía local y el respeto a la justicia tributaria. Este debate también está enmarcado en un momento histórico donde el fenómeno cripto y la regulación financiera convergen en un escenario global. Los gobiernos buscan formas de adaptar sus marcos legales para incluir las nuevas tecnologías y modelos financieros sin comprometer la seguridad fiscal ni la protección de los consumidores. Puerto Rico representa un caso emblemático de cómo estas dinámicas pueden manifestarse en territorios con características especiales.
En conclusión, la propuesta legislativa de la congresista Nydia Velázquez abre un diálogo necesario sobre la manera en que los beneficios fiscales deben coexistir con la justicia social y fiscal, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos en general. La atención puesta en este tema indica que la era de las exenciones ilimitadas para activos digitales en la isla podría estar llegando a su fin o al menos a una revisión profunda. Mientras tanto, inversores, legisladores y la sociedad civil observan atentamente cómo se desarrollan estos cambios que podrían redefinir el ecosistema cripto y fiscal en Puerto Rico para la próxima década.
