El enfrentamiento legal entre Apple y Epic Games se ha convertido en uno de los casos más relevantes dentro del ámbito tecnológico y jurídico en los últimos años, abriendo un debate crucial sobre el control que las grandes empresas ejercen sobre sus plataformas digitales y el acceso que los desarrolladores tienen para competir justamente en estos mercados. Recientemente, Apple ha presentado una solicitud ante una corte federal de apelaciones en Estados Unidos para suspender temporalmente una orden judicial clave que le exige abrir su App Store a una mayor competencia, un movimiento que resalta la importancia y complejidad de este juicio para el futuro de la industria tecnológica. El origen de este conflicto se remonta a 2020, cuando Epic Games, empresa creadora del popular videojuego Fortnite, demandó a Apple bajo acusaciones de prácticas anticompetitivas relacionadas con las condiciones impuestas para las transacciones dentro de las aplicaciones disponibles en el sistema operativo iOS. En particular, Epic buscaba desafiar las comisiones que Apple impone por las compras realizadas dentro de las apps y las restricciones sobre los métodos que los desarrolladores pueden usar para redirigir a sus usuarios a sistemas de pago alternativos fuera de la plataforma. La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, responsable de este caso en el tribunal de distrito, dictaminó en abril de 2025 que Apple debía terminar con ciertas prácticas consideradas para eludir una injunción previa destinada a facilitar a los desarrolladores la posibilidad de ofrecer opciones de pago externas más económicas.
Sin embargo, la firma de Cupertino argumenta que la orden judicial implica una intromisión excesiva en su modelo de negocio, que durante años le ha generado ingresos significativos mediante la gestión de la App Store. El documento presentado por Apple ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que tiene jurisdicción en San Francisco, expresa la preocupación de la compañía sobre un daño irreparable que podría sufrir si la orden no se suspende mientras sigue en curso el proceso de apelación. En este sentido, Apple enfatiza que el mandato judicial afecta su capacidad para controlar aspectos centrales de sus operaciones comerciales, lo que podría repercutir negativamente tanto en su modelo de ingresos como en la seguridad y calidad que aseguran ofrecer a los usuarios de sus dispositivos. Una de las medidas que Apple busca detener es la prohibición de aplicar una nueva comisión del 27% sobre las compras realizadas fuera de la App Store pero a través de enlaces o sistemas gestionados por los desarrolladores que usan iOS. Al respecto, Apple sostiene que sería injusto tener que ceder acceso gratuito a sus productos y servicios, ya que esos ingresos son parte fundamental para continuar innovando y manteniendo su ecosistema tecnológico.
Por su parte, Epic Games ha criticado duramente esta solicitud de suspensión, calificándola como un esfuerzo desesperado para bloquear la competencia y continuar extrayendo tarifas que consideran excesivas, con un impacto negativo tanto para los usuarios como para los propios desarrolladores independientes. Según Epic, las recientes modificaciones realizadas tras la orden judicial han permitido una mejora significativa en la diversidad de opciones de pago, mayor competencia, y mejores ofertas para los clientes de la plataforma Apple. El juicio refleja un cambio de paradigma en cómo se regulan las plataformas digitales y los mercados de aplicaciones móviles. Apple, al operar la App Store, ejerce un control absoluto sobre las reglas que rigen la distribución y las transacciones de aplicaciones en dispositivos como el iPhone y el iPad, posicionándose como un intermediario obligatorio que puede establecer tarifas y condiciones a discreción. La corte ha acusado a Apple de incumplimiento deliberado de una orden judicial emitida en 2021 que establecía justamente la apertura a métodos de pago alternativos fuera de la App Store, señalando que la empresa no solo ignoró el fallo sino que también trató de confundir al tribunal respecto a su supuesto cumplimiento.
Esta conducta llevó a la jueza Rogers a recomendar la apertura de una investigación criminal por posible desacato, un hecho poco común y que refleja la gravedad del desacuerdo entre ambas partes. Para Apple, la App Store no es solo una tienda, sino un ecosistema que garantiza seguridad, privacidad y calidad en las aplicaciones disponibles para los usuarios, y el cobro de comisiones es justificado para cubrir costos operativos y mantener la infraestructura tecnológica. Por ello, cualquier orden que limite su control sobre este ecosistema representa un desafío importante para su modelo de negocio, que ha sido fuente de grandes beneficios durante más de una década. Además, el caso tiene implicaciones regulatorias importantes. Autoridades antimonopolio y legisladores de varios países están atentos al juicio y sus resultados, pues podrían sentar precedentes sobre cómo se deben tratar las plataformas digitales que dominan mercados enteros, equilibrando la innovación con la competencia abierta y justa.
