En los últimos años, la irrupción de los tokens no fungibles, o NFT, ha revolucionado el mercado digital, atrayendo tanto a inversionistas como a grandes marcas que buscan innovar y capitalizar las nuevas tendencias tecnológicas. Sin embargo, este boom también ha expuesto a los consumidores y a las propias empresas a riesgos y controversias legales. Uno de los casos más relevantes y recientes es la demanda colectiva presentada contra Nike por compradores de NFT que alegan haber sido víctimas de un presunto fraude relacionado con criptoactivos. Todo comenzó a principios de 2022 con el lanzamiento por parte de Nike y RTFKT, una subsidiaria especializa en activos digitales, del proyecto Dunk Genesis CryptoKick, una colección exclusiva de NFT vinculada a zapatillas digitales coleccionables. Este lanzamiento fue anunciado con gran entusiasmo y promesas sobre el valor y la innovación que estos activos digitales aportarían a los consumidores y al mercado del coleccionismo.
Los compradores participaron motivados por el prestigio de la marca Nike y el atractivo tecnológico del producto. Sin embargo, la realidad se tornó complicada cuando RTFKT fue cerrada inesperadamente y los NFT adquiridos quedaron prácticamente sin valor, provocando pérdidas considerables para los inversionistas. Esta situación derivó en el recurso legal presentado en un tribunal federal de Nueva York, en donde los demandantes acusan a Nike de haber promovido un proyecto engañoso con el único fin de atraer inversiones, lo que consideran una estafa o “rug pull” dentro del lenguaje del ecosistema criptográfico. El litigio destaca un problema mucho más amplio y complejo: la falta de claridad regulatoria sobre qué constituye una seguridad o un activo financiero bajo la ley estadounidense, en particular en el sector de criptomonedas y NFT. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha modificado en los últimos años su interpretación y aplicación de normativas relativas a estos activos, creando un ambiente de incertidumbre legal.
Esto se refleja en la afirmación de Nicolle Lafosse, abogada especializada en activos digitales, quien señala que las acusaciones de operaciones con valores sin registro y prácticas engañosas podrían tener un mayor peso si no fuera por los cambios en la política regulatoria durante el gobierno Trump. El caso Nike encaja dentro de un contexto creciente en que los compradores de NFT y otros activos digitales buscan ampararse en las leyes estatales de protección al consumidor ante la falta de un marco federal consistente o eficaz para abordar estas nuevas formas de activo. Esta tendencia legal refleja una estrategia para proteger a los inversionistas frente a pérdidas por elementos que podrían considerarse fraudes o malas prácticas en la promoción y venta de productos digitales. Además de las implicaciones legales, este caso envía una fuerte señal al mercado y especialmente a las grandes corporaciones que diversifican sus portfolios incluyendo activos digitales. El riesgo de demandas por “rug pulls” o estafas similares aumenta, teniendo que las marcas asumen mayor responsabilidad en la claridad y honestidad de la promoción de sus productos digitales.
Esto obliga a las empresas a evaluar cuidadosamente la gestión de sus proyectos relacionados con criptoactivos, desde la transparencia ante sus clientes hasta el cumplimiento normativo vigente. El fenómeno NFT es relativamente nuevo y su comprensión tanto para legisladores como para consumidores lleva tiempo en desarrollarse. Muchas personas entran en este mercado atraídas por la posibilidad de obtener ganancias rápidas o por ser parte de la nueva tendencia tecnológica sin entender plenamente los riesgos asociados. La ausencia de regulación clara y los casos de fraude han generado preocupación y llamados a implementar marcos legales que garanticen la protección de los consumidores sin sofocar la innovación. Por su parte, Nike representa uno de los primeros ejemplos de cómo las grandes firmas internacionales se involucran en ecosistemas descentralizados y cómo ese movimiento puede traer consigo consecuencias imprevistas y disputas legales.
Su caso servirá, sin duda, como precedente para futuros litigios y reformas regulatorias, estableciendo límites al tipo de prácticas que pueden llevar a cabo las marcas en el ámbito digital. Examinando la demanda en términos jurídicos, es importante destacar que las acusaciones contra Nike giran en torno a la supuesta venta de valores no registrados y la aplicación de prácticas comerciales engañosas. Esto implica que, si se determina que los NFT representan un valor financiero bajo la ley, deberían haber sido registrados en la SEC, con toda la transparencia y protección que ello implica para los compradores. La defensa de Nike, mientras tanto, podría argumentar que los NFT son simplemente activos digitales o coleccionables, excluidos del ámbito de los valores, aunque esta postura sigue en debate en muchos espacios legales. Este caso también muestra un punto de inflexión en la percepción pública y legal sobre la responsabilidad de las marcas en cuanto a las tecnologías emergentes.
No basta con aprovechar la popularidad e innovación que brindan los activos digitales; las empresas deben garantizar un compromiso con la ética, la honestidad y la adecuada información a sus usuarios para no caer en prácticas que puedan ser interpretadas como fraudulentas. La historia detrás del Dunk Genesis CryptoKick pone en relieve otros aspectos cruciales como la velocidad con la que las startups relacionadas con NFT pueden crecer y luego desaparecer, dejando a los compradores sin recursos para recuperar su inversión. Esto aumenta la complejidad de reclamar, ya que las estructuras descentralizadas, la volatilidad del mercado y la falta de intervención regulatoria dificultan la protección efectiva de los consumidores. Las consecuencias de este juicio y otros similares podrían impulsar a los organismos reguladores a establecer definiciones más precisas sobre los NFTs, las criptomonedas y otros criptoactivos, definiendo así claramente los derechos y obligaciones tanto de compradores como de vendedores. Los legisladores podrían también crear un régimen regulatorio que contemple la especificidad de estos activos, que combina su naturaleza digital, la descentralización y el potencial de inversión financiera.
Para los usuarios actuales y futuros de NFT, la demanda contra Nike sirve como un llamado de atención para practicar mayor diligencia en la adquisición de activos digitales. Comprender la naturaleza del producto, las condiciones de mercado, los riesgos de volatilidad y la reputación de los emisores es fundamental para evitar pérdidas y disputas legales. La educación financiera y la información transparente serán esenciales para navegar con éxito en este nuevo panorama. En conclusión, la disputa legal protagonizada por Nike y los compradores de NFT refleja las tensiones existentes entre innovación tecnológica y regulación legal en el mercado digital. Es un episodio que pone bajo la lupa la responsabilidad corporativa, la protección al consumidor y la necesidad de marcos regulatorios claros y actualizados para los criptoactivos.
Conforme esta industria evoluciona y madura, tanto marcas como usuarios deberán adaptarse a un entorno legal y comercial que garantice seguridad y confianza en un terreno cada vez más complejo y cambiante.
