El nombre Samourai Wallet ha sido durante mucho tiempo sinónimo de privacidad y seguridad en el ecosistema de criptomonedas. Este monedero para Bitcoin es conocido por ofrecer funciones avanzadas de protección contra la censura y mecanismos para mejorar la privacidad del usuario, incluyendo su propio mezclador de monedas o 'crypto mixer'. Sin embargo, en abril de 2024, sus cofundadores Keonne Rodriguez y William Hill fueron acusados formalmente en un tribunal federal de Manhattan por cargos relacionados con conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión monetaria no autorizado. Ambos se declararon inocentes, pero la acción judicial generó una gran atención en la comunidad cripto, pues representaba uno de los movimientos más notorios del Departamento de Justicia (DOJ) contra protocolos que ofrecen servicios de privacidad financiera. No obstante, recientes movimientos dentro del propio sistema judicial y de aplicación federal parecen indicar un cambio significativo en el rumbo del caso.
El 29 de abril de 2025, abogados defensores y representantes del gobierno solicitaron conjuntamente al juez federal Richard Berman una extensión en el calendario de mociones previas al juicio, alargándolo 16 días sin afectar la fecha establecida para el juicio a principios de noviembre. Este pedido revela que los fiscales están reconsiderando su posición luego de que un memorando emitido en abril por el Subprocurador General Todd Blanche ordenara la disolución del equipo del DOJ dedicado exclusivamente a la investigación y persecución de casos relacionados con activos digitales. En dicho memorando, Blanche dejó claro que el Departamento de Justicia no actúa como un regulador de activos digitales y que limitará sus investigaciones exclusivamente a casos donde se persiga a individuos que hayan cometido fraudes contra inversores o utilizado activos digitales para fines criminales evidentes. La medida de congelar o descartar el caso contra Samourai Wallet representa un nuevo capítulo en la evolución de la política estadounidense en torno a la regulación y fiscalización de la tecnología blockchain y en particular, de las herramientas diseñadas para preservar la privacidad financiera, un tema muy sensible y polémico. Para comprender la relevancia de estas noticias, hay que contextualizar la función que cumple un mezclador de criptomonedas.
Estas plataformas permiten que los usuarios mezclen sus fondos con los de otros para dificultar el rastreo de las transacciones en la cadena de bloques, un mecanismo que, aunque tiene usos legítimos como proteger la privacidad de personas vulnerables, también ha sido señalado como un recurso para ocultar actividades ilícitas. Las autoridades han buscado durante años regular o perseguir estos servicios, argumentando que facilitan el lavado de dinero o financiamiento ilegal. Sin embargo, muchas voces dentro de la comunidad tecnológica y legal defienden la legitimidad de los mezcladores para proteger derechos como la privacidad financiera, especialmente en regímenes con alta censura o vigilancia. El caso de Samourai Wallet, por tanto, era emblemático por tratarse de un monedero de código abierto muy respetado que integraba privacidad avanzada y a la vez por ser objeto de una investigación con cargos graves. La posible retirada de cargos o la reconsideración del caso parece resonar con la nueva postura del DOJ, que ora pone el foco únicamente en delitos evidentes de fraude o victimización.
Este viraje no es aislado. Otros casos famosos, como el de SafeMoon o el del cofundador de Tornado Cash, han visto en los últimos meses pedidos de desestimiento o movimientos para cuestionar la legitimidad de las acusaciones, en muchos casos apoyándose en la misma instrucción de Blanche. Desde el punto de vista del ecosistema cripto, esta decisión puede interpretarse como una señal de alivio y reconocimiento de que la regulación y fiscalización deben hacerse con cuidado para no ahogar la innovación ni criminalizar prematuramente tecnologías con usos múltiples y legítimos. Además, ayuda a aclarar el entorno legal, ofreciendo mayor previsibilidad para desarrolladores y usuarios. Sin embargo, también deja un espacio abierto a la reflexión sobre cómo deben establecerse límites claros para evitar que servicios legítimos se utilicen para actividades ilegales, sin caer en una persecución indiscriminada que pueda afectar a toda la comunidad.
Por parte de Samourai Wallet, este periodo de espera ha significado la oportunidad no solo de ganar tiempo para preparar la defensa, sino para impulsar un debate más amplio sobre la privacidad financiera y el papel de los mezcladores en un sistema financiero cada vez más digitalizado. La expectativa, de momento, es que los cargos formales se puedan retirar o que al menos se modifique la estrategia para una posible resolución alternativa, dado que el proceso legal continúa con nuevas fechas para presentación y respuesta de mociones. Esta situación también pone en manifiesto la influencia que tienen las decisiones administrativas internas dentro del Departamento de Justicia, demostrando cómo un cambio en la dirección o prioridades puede modificar el curso de investigaciones y procesos judiciales en el ámbito tecnológico y financiero. Es un claro indicador del impacto que tiene la política pública en la evolución de la regulación de la industria cripto, muchas veces tan volátil como las propias criptomonedas. En un panorama más amplio, la noticia de la posible modificación del caso contra Samourai Wallet podría marcar el inicio de una etapa más flexible para el desarrollo de tecnologías centradas en la privacidad, siempre y cuando se garantice que estas no se usen para atentar contra la ley.
