En un momento crucial para la legislación ambiental en Estados Unidos, una próxima decisión de la Corte Suprema podría alterar significativamente la forma en que las agencias federales analizan los impactos climáticos al aprobar grandes proyectos de infraestructura y desarrollo. Este fallo tiene el potencial de permitir a estas agencias omitir la evaluación de los efectos ambientales relacionados con el clima, una práctica que podría debilitar las políticas diseñadas para enfrentar el cambio climático y proteger comunidades vulnerables. Desde la promulgación de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) en 1970, las agencias estadounidenses han estado obligadas a estudiar con detenimiento los posibles efectos ambientales de los proyectos importantes antes de emitir permisos federales. Esta ley ha asegurado que preocupaciones sobre la contaminación, la biodiversidad, la calidad del aire y otros aspectos ecológicos se incluyan en la toma de decisiones, ayudando a minimizar daños ambientales y proteger la salud pública. Además, ha sido una herramienta fundamental para que las comunidades afectadas puedan participar y expresar sus inquietudes ante posibles riesgos.
El caso que ha llegado ante la Corte Suprema, conocido como Seven County Infrastructure Coalition contra Eagle County, Colorado, se centra en un proyecto ferroviario de 88 millas que conectaría una región petrolera en Utah con la red de vías que llega a refinerías sobre la Costa del Golfo. Este proyecto busca transportar petróleo crudo producido en el área de Uinta Basin, con el potencial de incrementar considerablemente la producción y exportación de combustibles fósiles. Los opositores al proyecto, incluyendo grupos ambientalistas y una localidad de Colorado, argumentan que la Surface Transportation Board, la agencia federal encargada del ferrocarril, no evaluó adecuadamente los impactos climáticos, la contaminación y otros efectos negativos en su estudio ambiental, como exige la NEPA. Entre esas preocupaciones se encuentran el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero al facilitar la producción y quema de más petróleo, así como riesgos asociados a derrames y el impacto sobre comunidades a distancias considerables, especialmente en zonas de la Costa del Golfo ya afectadas por la contaminación industrial. En 2023, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.
C. falló en favor de quienes impugnaron el proyecto, señalando varias violaciones a la NEPA durante la revisión ambiental. Sin embargo, los desarrolladores de la infraestructura y varios condados de Utah apelaron al máximo tribunal, con la esperanza de que la decisión sea revocada. La controversia gira en torno a la interpretación de la NEPA sobre qué impactos deben evaluarse. Los defensores del proyecto propusieron que una agencia no debe considerar impactos ambientales que están bajo la jurisdicción de otra entidad gubernamental o que sean “remotos en tiempo y espacio”.
Esto significa que, por ejemplo, la Surface Transportation Board no tendría que analizar cómo la actividad de las refinerías en la Costa del Golfo, reguladas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), afecta la calidad del aire o contribuye al cambio climático. También implicaría que los efectos indirectos, como las emisiones de gases contaminantes originadas por el transporte y consumo final del petróleo, podrían quedar fuera del análisis ambiental. Este enfoque diverge de décadas de práctica en la aplicación de la NEPA, en la que se contempla un análisis amplio de impactos, incluyendo aquellos que podrían ser regulados por otras agencias. Los expertos señalan que reducir el alcance de estas evaluaciones sería un golpe a la capacidad del público para entender el impacto completo de los proyectos y limitaría la responsabilidad de las agencias para proteger el medio ambiente y la salud pública. El papel de la NEPA ha sido fundamental para que Estados Unidos avance en el control de daños ambientales y en la promoción de proyectos más sostenibles.
Su exigencia de realizar una evaluación ambiental sólida antes de conceder permisos federales ha protegido a comunidades vulnerables y ayudado a preservar valores ecológicos esenciales. El posible debilitamiento de esta ley preocupa enormemente a defensores del ambiente y a comunidades afectadas por las actividades industriales, que temen un aumento en la contaminación y una aceleración del cambio climático sin mecanismos de supervisión efectivos. Por otro lado, los promotores del proyecto ferroviario y algunos representantes locales argumentan que dicha infraestructura traerá beneficios económicos significativos, como el crecimiento regional en Uinta Basin y la mejora de la conectividad para la industria petrolera, un sector clave para la economía de ciertas áreas. Afirman que los análisis ambientales realizados cumplen con los requisitos y que el proyecto es vital para el progreso económico. Durante las audiencias orales en diciembre, algunos jueces del Tribunal Supremo expresaron reservas respecto al argumento de los desarrolladores que solicitaban eliminar del análisis cuestión como los impactos en comunidades distantes o aquellos regulados por otras agencias.
Esto indica que el fallo final podría buscar un punto intermedio, permitiendo cierta limitación en el análisis ambiental pero sin eliminarlos completamente. La importancia de la sentencia trasciende el caso particular de Utah. La Corte Suprema definirá parámetros que influirán en cómo las agencias federales entienden y aplican la NEPA en todo el país. Esta decisión será crucial para guiar las futuras regulaciones, especialmente en un contexto donde la administración federal, encabezada por la administración Trump, ha impulsado la flexibilización de las reglas que regulan la evaluación ambiental, con el argumento de agilizar la aprobación de proyectos e impulsar el desarrollo económico. Por ejemplo, en febrero, el gobierno emitió una regla provisional que eliminó regulaciones clave establecidas por el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca en décadas anteriores, dejando que cada agencia defina sus propias normas para implementar la NEPA.
En este escenario fragmentado, la sentencia de la Corte Suprema será una brújula esencial para que las agencias creen políticas que puedan resistir revisiones judiciales y se ajusten al marco legal vigente. Los expertos legales advierten que, si la Corte decide que las agencias pueden omitir la consideración de impactos climáticos significativos, como las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por un proyecto, se abriría la puerta para un mayor retroceso en las políticas medioambientales. Esto podría facilitar la aprobación de proyectos que agraven el cambio climático y afecten desproporcionadamente a comunidades ambientalmente vulnerables, exacerbando problemas como la contaminación del aire, derrames tóxicos y aumento de riesgos climáticos. Además, este posible cambio normativo surge en un contexto global donde la lucha contra el cambio climático demanda acciones urgentes y contundentes. Restringir las evaluaciones ambientales en proyectos a gran escala puede generar consecuencias para Estados Unidos en sus compromisos internacionales y afectará la credibilidad en sus políticas ambientales.
Por el contrario, un fallo más matizado podría reforzar la necesidad de considerar impactos ambientales relevantes, limitando la capacidad de disminuir revisiones y asegurando que las evaluaciones ambientales continúen siendo una herramienta clave para la protección del entorno y la participación ciudadana. Mientras la Corte Suprema prepara su fallo, organizaciones ambientales y comunidades afectadas continúan movilizándose para exigir que se mantenga el rigor en la evaluación de proyectos que pueden impactar el clima y el medio ambiente. La expectativa es alta, ya que la decisión marcará un antes y un después en la forma en que Estados Unidos equilibra el desarrollo económico con la responsabilidad ambiental. En conclusión, el fallo pendiente representa una encrucijada crucial para la legislación ambiental estadounidense. Limitar la obligación de considerar los impactos climáticos en proyectos federales podría facilitar la construcción de infraestructuras sin un análisis integral de sus consecuencias para el planeta y las personas.
La protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático requieren leyes y regulaciones robustas y claras que prevengan daños irreversibles. Por ello, la comunidad ambiental, académicos y ciudadanos siguen atentos al desenlace de este caso que definirá el futuro de la política ambiental en Estados Unidos y tendrá repercusiones globales.
