En un movimiento que destaca la evolución del panorama financiero y tecnológico, el estado de Nuevo Hampshire ha avanzado significativamente con la aprobación en la Cámara de Representantes de la HB302, una ley que permitirá al estado destinar hasta el 10% de sus fondos públicos a la inversión en Bitcoin y ciertos metales preciosos como el oro, la plata y el platino. Este desarrollo, ocurrido el 10 de abril de 2025, no solo coloca a Nuevo Hampshire como el cuarto estado en Estados Unidos que se posiciona a favor de la inclusión de activos digitales en sus reservas estatales, sino que refleja una creciente confianza en la capacidad de estas nuevas formas de inversión para diversificar y potencialmente fortalecer los portafolios gubernamentales. La HB302 establece criterios estrictos para la selección de activos digitales elegibles, limitando la inversión a aquellos con una capitalización de mercado promedio anual superior a los 500 mil millones de dólares. Actualmente, Bitcoin es el único activo que cumple con este requisito, reforzando su posición como la criptomoneda de referencia y el principal candidato para este tipo de inversiones gubernamentales. Además, el proyecto de ley enfatiza medidas rigurosas para la custodia segura de estos activos, dando al estado la opción de mantenerlos directamente bajo una solución de custodia segura, a través de un custodio calificado o mediante productos financieros negociados en bolsa (exchange-traded products, ETPs).
Este enfoque busca minimizar riesgos y proteger el patrimonio público mientras se exploran las ventajas financieras de estas nuevas clases de activos. Cabe destacar que la HB302 originalmente contemplaba la inclusión de stablecoins y provisiones relacionadas con la participación en mecanismos de staking, pero estas fueron eliminadas durante el proceso legislativo para simplificar el texto y centrarse exclusivamente en activos sólidos y bien establecidos como Bitcoin. Este ajuste refleja una estrategia prudente, al evitar exposiciones a instrumentos digitales que aún presentan mayor volatilidad o incertidumbre regulatoria. La iniciativa en Nuevo Hampshire se enmarca dentro de un contexto más amplio de propuestas legislativas destinadas a regular y fomentar el uso de la tecnología blockchain y los activos digitales en el estado. Otras dos propuestas, la HB310 y la HB639, buscan complementariamente crear una comisión encargada de estudiar la regulación de stablecoins y activos tokenizados en el mundo real, y establecer claridad legal sobre el uso de blockchain, respectivamente.
Estas acciones subrayan el compromiso del gobierno estatal de posicionarse como un actor moderno y proactivo en el ámbito fintech y de activos digitales. Este interés estatal por integrar Bitcoin y activos digitales en sus reservas públicas se observa en varios frentes dentro de Estados Unidos. Arizona, por ejemplo, lidera la carrera con dos proyectos de ley estratégicos, el SB1373 y el SB1025, que permitirían la creación de un fondo estatal financiado con activos digitales incautados y fondos gubernamentales, y la inversión de hasta el 10% de fondos públicos en Bitcoin bajo ciertas condiciones, respectivamente. La posible firma de estas leyes convertiría a Arizona en el primer estado en lanzar oficialmente una reserva estratégica de Bitcoin con fondos públicos. La creciente aceptación de Bitcoin y otras criptomonedas por parte de gobiernos estatales responde a varios factores clave.
Por un lado, la volatilidad e inflación mundial han llevado a buscar activos alternativos con potencial de preservación de valor a largo plazo. Bitcoin, caracterizado por su provisión limitada y su independencia de influencias monetarias tradicionales, se ve así como un refugio digital ante la depreciación de monedas fiduciarias. Por otro lado, la tecnología blockchain que subyace en Bitcoin aporta transparencia, seguridad y trazabilidad, atributos fundamentales para la gestión pública responsable. Sin embargo, la inclusión de activos digitales en portafolios estatales también trae retos significativos. Las fluctuaciones del mercado cripto, aunque pueden generar altos rendimientos, también implican riesgos considerables que deben ser debidamente gestionados.
La custodia segura y la protección contra ciberataques son aspectos críticos, motivo por el que la legislación enfatiza la necesidad de contar con custodios calificados y soluciones robustas de almacenamiento. Además, la regulación aún está en desarrollo en muchas jurisdicciones, lo que puede generar incertidumbre legal y operativa. Nuevo Hampshire parece consciente de estos desafíos y por eso su propuesta se limita a activos de alta capitalización y evita incursiones hacia instrumentos más complejos o menos probados como las stablecoins o el staking. La implementación exitosa de la HB302 tendrá un impacto simbólico y práctico importante. Desde el punto de vista simbólico, posicionaría a Nuevo Hampshire como un estado innovador y abierto a nuevas tecnologías financieras, lo que podría atraer inversiones y talento relacionado con el ecosistema blockchain y cripto.
Prácticamente, abriría la puerta a que el estado diversifique sus reservas con activos que, a pesar de su volatilidad, poseen características disruptivas y un potencial crecimiento a largo plazo. Asimismo, esta legislación puede servir como un modelo para otros estados e instituciones públicas que estén evaluando la inclusión de criptoactivos en sus balances. La idea de destinar un porcentaje limitado y regulado a estas inversiones permite un equilibrio entre innovación financiera y prudencia, sirviendo como un enfoque piloto para futuras expansiones o ajustes. Es importante también analizar la percepción pública y política que rodea este tipo de iniciativas. La HB302 fue aprobada en la Cámara con una votación relativamente ajustada de 192 contra 179, lo que indica un debate intenso y diversas opiniones sobre los beneficios y riesgos asociados.
