En el contexto actual del mundo financiero, el tema de la regulación de las criptomonedas ha cobrado una relevancia sin precedentes. Con el reciente retorno de Donald Trump a la escena política como presidente electo, se anticipan cambios significativos en cómo se regula el sector de las criptomonedas en Estados Unidos. A medida que el interés en el bitcoin y otras criptomonedas sigue creciendo, la industria se enfrenta a un dilema: la necesidad de regulación firme para proteger a los consumidores y al mismo tiempo, la necesidad de un entorno favorable que fomente la innovación. Trump ha manifestado su intención de posicionar a Estados Unidos como “la capital mundial de las criptomonedas”. Esta declaración ha desatado una ola de esperanza entre los líderes de la industria cripto, quienes esperan que la nueva administración colabore con el sector, estableciendo un marco normativo claro en lugar de recurrir a una estrategia de regulación basada en la represión.
La elección de Paul Atkins, un defensor de las criptomonedas, como presidente de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) podría ser un paso clave hacia la realización de este objetivo. Un diseño normativo que favorezca el desarrollo del sector no solo será beneficioso para los actores de la industria, sino que también ofrecerá mayor claridad a los inversores. La regulación actual tiende a clasificarse en dos categorías principales: la deuda y la equidad. Sin embargo, existen vacíos en la regulación de contratos de inversión, lo que complica la situación de numerosas criptomonedas y ofertas iniciales de monedas (ICO). Es imperativo que se establezcan nuevas reglas que aclaren la situación legal de estos activos digitales y que permitan su desarrollo sostenible.
Una de las principales preocupaciones en el ámbito de la regulación es el enfoque de la SEC hacia la aplicación de la ley. La posibilidad de que la nueva administración adopte una postura más comprensiva en lugar de centrarse únicamente en el castigo de infracciones podría marcar un cambio drástico en la forma en que se regula la industria. Es esencial que la SEC se concentre en contrarrestar el fraude y las estafas en lugar de obstaculizar las iniciativas legítimas que buscan navegar en un terreno aún en desarrollo. La historia ha demostrado que la regulación excesiva puede asfixiar la innovación; por lo tanto, encontrar un equilibrio es fundamental. Uno de los aspectos más controvertidos es el concepto de las “ventas primarias” y cómo estas se relacionan con las transacciones en el mercado secundario.
Un caso emblemático que ha captado la atención es el de Ripple Labs, donde se argumentó que las transacciones programáticas en intercambios no deberían clasificarse como transacciones de valores bajo el test de Howey, un estándar legal utilizado para determinar qué constituye una inversión. Si la nueva administración logra abordar adecuadamente las transacciones secundarias, podría crear un entorno más propicio para la competencia entre intercambios de criptomonedas estadounidenses y no estadounidenses. El contexto internacional también juega un papel crucial. Por ejemplo, en Japón, las estrictas regulaciones que rigen las criptomonedas como un tipo de dinero, en lugar de valores, han ayudado a proteger a los consumidores de incidentes como el colapso de FTX. Este enfoque proactivo podría servir de modelo para Estados Unidos, donde la falta de una regulación clara ha dejado a los inversores en un estado de incertidumbre.
A medida que el mercado de criptomonedas continúa evolucionando, los tokens no fungibles (NFT), las monedas estables y otros activos digitales emergentes se enfrentan a la misma cuestión: ¿son valores o no? Dado que las reglas actuales pueden clasificarlos como tales, en función de los detalles de cada transacción, ofrecer orientación específica sobre su clasificación podría liberar la innovación en este espacio. Esto es especialmente importante considerando que la administración Trump también ha explorado el desarrollo de una reserva estratégica de bitcoin. Los servicios de custodia también entran en la ecuación. Una regulación restrictiva que obliga a las empresas que manejan criptomonedas a reportarlas como pasivos en sus balances ha limitado su capacidad para ofrecer servicios de custodia. Muchos en la industria han abogado por la derogación de esta regla, señalando que la evolución del sector requiere la participación de instituciones financieras tradicionales que puedan asegurar y administrar adecuadamente los activos digitales.
Con el posible nuevo enfoque de la administración Trump, se espera que se introduzcan medidas que faciliten una mayor colaboración entre el sector bancario y el criptográfico. El nuevo entorno normativo podría abrir la puerta a la legislación bipartidista que respalde una regulación clara y coherente. Desde la creación de un marco regulador para criptomonedas hasta iniciativas que permitan la emisión de monedas estables, hay un renovado sentido de posibilidad. Si bien el camino hacia una regulación efectiva es complejo y presenta numerosos desafíos, la disposición de la nueva administración y de la SEC para colaborar con la industria es un paso alentador. El impulso hacia una regulación constructiva podría traer consigo una era de claridad y confianza para los inversores y desarrolladores en el ecosistema cripto.
