Declaración sobre Comercio y Aranceles: Principios para la Prosperidad Americana

En un mundo cada vez más interconectado, el comercio internacional se ha convertido en un pilar fundamental para el crecimiento económico y la prosperidad de las naciones. Estados Unidos, como una de las economías más grandes y dinámicas del planeta, ha mantenido por más de dos siglos una tradición de apertura comercial basada en principios de libertad, innovación y cooperación económica voluntaria. Sin embargo, la adopción reciente de políticas proteccionistas, particularmente en materia de aranceles, ha generado un debate intenso sobre el futuro de la economía estadounidense y su posición en el sistema global. La Declaración sobre Comercio y Aranceles: Una Declaración sobre los Principios de la Prosperidad, emitida en 2025 por un grupo destacado de economistas y expertos en política pública, pone en cuestión las medidas arancelarias impuestas unilateralmente por la Administración Trump desde su llegada al poder. Este documento no solo rechaza la justificación y la legalidad de dichas políticas, sino que también reafirma los fundamentos históricos y económicos que han permitido a Estados Unidos alcanzar niveles sin precedentes de bienestar y seguridad.

Durante más de 250 años, la prosperidad americana ha estado firmemente ligada a la apertura comercial y a la libertad económica. Los fundadores de la nación, conscientes de los peligros del mercantilismo y los privilegios políticos, defendieron el derecho a comerciar libremente con todas las naciones. Thomas Jefferson fue enfático en la importancia de ejercer el comercio libre, y la Declaración de Independencia reconoció el bloqueo comercial impuesto por el rey Jorge III como una de las causas fundamentales para la revolución. Desde entonces, el país ha prosperado mediante la adopción de políticas que favorecen la competencia, el intercambio pacífico y la amistad honesta con otras naciones. Las políticas arancelarias de 2025 se caracterizan por la imposición de gravámenes elevados y fluctuantes sobre los productos importados, introducidas por decretos ejecutivos y sin la consulta ni aprobación del Congreso.

Esto representa no solamente un desafío a la Constitución de los Estados Unidos, que reserva el poder de imponer impuestos y aranceles al legislativo, sino también una desviación significativa de principios económicos sólidos y de evidencia empírica. El argumento oficial sostiene que estos aranceles buscan proteger a los trabajadores americanos y corregir supuestos desequilibrios comerciales. Sin embargo, numerosos estudios y expertos señalan que tales medidas suelen terminar perjudicando a los consumidores y a la economía en general. Los aranceles funcionan como un impuesto sobre el comercio que eleva los costos de los insumos y productos, reduciendo la competitividad y generando incertidumbre en los mercados internacionales. Una economía moderna como la estadounidense depende en gran medida de las importaciones para sus cadenas de producción; casi dos tercios de los bienes importados son insumos necesarios para la producción nacional.

Por lo tanto, imponer aranceles eleva los costos de producción para muchas industrias, lo que puede traducirse en pérdidas de empleo y reducción del crecimiento económico. Igualmente, el temor a represalias comerciales de otros países aumenta el riesgo de una guerra comercial, que históricamente ha tenido efectos devastadores, como se evidenció con el efecto arrastrado por la Ley Smoot-Hawley en la Gran Depresión de 1930. El planteamiento de medir y aplicar aranceles "recíprocos" por parte de la administración actual también es criticado por economistas expertos. Se señala que la fórmula utilizada carece de fundamento económico sólido y se aparta de los métodos vigentes contemplados en la legislación comercial vigente, como la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta improvisación trae consigo inconsistencias y desconfianza entre socios comerciales.

Además, la percepción comúnmente aceptada de que los déficits comerciales son indicadores de debilidad o injusticia en las relaciones internacionales es errónea. Los expertos destacan que un déficit comercial puede ser señal de la confianza que los inversionistas globales tienen en la economía estadounidense, lo que se refleja en fuertes flujos de inversión extranjera que, a su vez, fortalecen la demanda por el dólar y contribuyen al desarrollo económico. La Declaración hace un llamado a considerar la historia y la evidencia empírica acumulada, recordando las palabras de George Washington en su Discurso de Despedida, donde insta a mantener una política de armonía y comercio liberal con todas las naciones, evitando la búsqueda de favores exclusivos y promoviendo un comercio diversificado y equilibrado. Entre los firmantes de la declaración se encuentran economistas de renombre mundial, incluidos varios premios Nobel, académicos con amplia trayectoria en economía política y expertos en economía internacional y comercio. Su respaldo otorga peso significativo a la crítica hacia las políticas arancelarias recientes y refuerza el llamado a retornar a las políticas de apertura y cooperación comercial como base para la prosperidad nacional.

La importancia de un enfoque basado en la libertad económica y la cooperación internacional se manifiesta en múltiples beneficios para la sociedad: mayores ingresos per cápita, mayores tasas de crecimiento, eficiencia en la asignación de recursos y estabilidad económica a largo plazo. La interdependencia comercial contribuye también a la seguridad internacional al fomentar relaciones pacíficas y constructivas entre países. La comunidad internacional observa con atención las decisiones económicas de Estados Unidos, dado su papel central en la economía global. La adopción de políticas unilaterales y proteccionistas puede generar fricciones y desencadenar respuestas similares de otros países, lo que podría afectar negativamente las cadenas globales de suministro y disminuir la capacidad de innovación y competitividad de todas las partes involucradas. Esta situación plantea un desafío no solo económico, sino institucional y constitucional.

La usurpación del poder para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso pone en entredicho el equilibrio de poderes previsto en la Constitución. La participación democrática en la formulación de políticas económicas es crucial para asegurar que las decisiones reflejen los intereses legítimos y equitativos de toda la población. Frente a estos desafíos, la reflexión colectiva y el análisis riguroso se vuelven herramientas indispensables para orientar la política hacia el bienestar general. La evidencia, la historia y la tradición indican que el camino hacia la prosperidad se basa en el respeto a los principios de libertad económica, comercio justo y cooperación internacional. La Declaración sobre Comercio y Aranceles invita a la sociedad americana, así como a la comunidad global, a reconsiderar las políticas actuales y a apostar por una visión basada en el conocimiento, la experiencia y el diálogo.

El respaldo unánime de profesionales en economía subraya la necesidad imperiosa de dejar atrás experimentos que ponen en riesgo la estabilidad y el progreso, y de reafirmar la confianza en los principios que han sustentado la prosperidad estadounidense durante siglos. En conclusión, el debate sobre los aranceles y el comercio es mucho más que una cuestión técnica o de política económica; es una decisión estratégica sobre el rumbo que Estados Unidos desea tomar en un contexto global complejo. La defensa de la libertad para comerciar, al servicio del bienestar y la seguridad, sigue siendo el legado fundamental que debe guiar las políticas del presente y del futuro.