En un escenario financiero global en constante evolución, el universo de las criptomonedas ha emergido como uno de los sectores más dinámicos e influyentes. Este desarrollo sin precedentes también ha generado la necesidad urgente de contar con regulaciones claras y efectivas que equilibren la innovación con la protección del consumidor y la transparencia. En este contexto, Paul Grewal, director legal (CLO) de Coinbase, ha hecho una petición fundamental: que se revoque la prohibición que impide al personal de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) poseer o utilizar criptomonedas. El papel de la SEC como órgano regulador clave en los Estados Unidos implica diseñar e implementar normativas que aseguren el buen funcionamiento de los mercados financieros y salvaguarden a los inversores. Sin embargo, la rápida evolución de la tecnología cripto ha creado ciertos desafíos en materia de conocimiento práctico y comprensión técnica dentro de la propia agencia.
La prohibición actual, establecida por la Asesoría Legal 22-04 de 2022, impide que empleados de la SEC tengan cualquier participación directa en activos digitales, con la justificación de evitar conflictos de interés. Paul Grewal ha calificado esta prohibición como “particularmente egregia”, dado que la mayoría de las actividades relacionadas con criptomonedas no involucran valores tradicionales y que el desconocimiento práctico limita la capacidad de los reguladores para tomar decisiones informadas. Según él, para regular de manera efectiva una tecnología, es esencial entenderla profundamente, y para ello, el contacto cercano mediante el uso y la posesión de activos digitales es un paso imprescindible. En su carta dirigida a la directora en funciones de la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), Grewal resaltó que los posibles conflictos de interés derivados de que empleados de la SEC posean criptomonedas pueden ser debidamente manejados mediante controles y mecanismos éticos vigentes. Así, eliminar la prohibición no solo es factible sino también necesario para que el personal regulador pueda evaluar con mayor precisión las implicaciones de sus decisiones, además de aportar una perspectiva real y práctica en los procesos regulatorios.
Esta controversia se inscribe dentro de un marco más amplio de esfuerzos gubernamentales para ofrecer claridad regulatoria en el ámbito de las finanzas digitales. Cabe recordar que en enero de 2025, el entonces presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la intención de establecer directrices más claras para la tecnología financiera digital, incluyendo las criptomonedas. La orden también creó un grupo de trabajo con miembros clave, entre ellos funcionarios de la SEC, con el mandato de presentar recomendaciones sobre regulaciones y leyes relacionadas en un plazo de 180 días. Con casi la mitad de ese periodo transcurrido, la necesidad de que los reguladores tengan experiencia directa con la tecnología digital se vuelve aún más evidente. Grewal enfatizó que el desconocimiento práctico puede obstaculizar la efectividad del grupo de trabajo y ralentizar el progreso hacia normas que atiendan adecuadamente las realidades del mercado cripto.
Además, en otra misiva dirigida a Paul Atkins, recién nombrado presidente de la SEC, Grewal señaló que la prohibición vigente constituye un impedimento para que la fuerza de tarea cripto pueda elaborar recomendaciones acertadas y adaptadas al sector. Sugirió que la Comisión debería aclarar que ciertas tenencias de criptomonedas de bajo impacto no representan un conflicto directo ni previsible sobre las decisiones regulatorias, lo que permitiría mayor flexibilidad sin socavar la integridad ética. Uno de los puntos más relevantes que plantea Coinbase es que la mayoría de las actividades en el espacio cripto no corresponden a valores o productos financieros tradicionales, lo cual requiere que la normativa sea adaptada a estas diferencias esenciales. Esta visión se ha visto reflejada en algunas decisiones recientes de la SEC, que han dado marcha atrás en ciertas acciones de tipo coercitivo respecto a criptomonedas, reconociendo la necesidad de un enfoque más preciso y contextual. El entendimiento de que la tecnología en sí misma no es un valor ni un valor mobiliario trae consigo el desafío de ajustar los marcos regulatorios y ampliar el conocimiento de los reguladores.
Un personal con capacidad práctica y de uso directo puede identificar matices y riesgos con mayor efectividad, promoviendo regulaciones que fomenten la innovación, protejan a los usuarios y aseguren el cumplimiento legal. La experiencia directa con activos digitales puede ayudar a los funcionarios de la SEC a percibir mejor las diferencias entre las diversas categorías de tokens, desde criptomonedas puras hasta tokens asociados a proyectos específicos, stablecoins o valores digitalizados. Esto facilitaría un trato diferenciado que se adapte a la naturaleza particular de cada uno, evitando generalizaciones y normativas excesivamente rígidas o inadecuadas. En términos más amplios, la iniciativa de Coinbase y la postura de Grewal reflejan un compromiso con el desarrollo responsable y avanzado del ecosistema cripto. Fomentar un diálogo abierto entre los reguladores y la comunidad tecnológica podría reducir incertidumbres, aumentar la cooperación y acelerar la constitución de marcos regulatorios útiles y duraderos.
El debate sobre la prohibición también invita a reflexionar sobre el equilibrio delicado entre evitar conflictos de interés y promover la adquisición de conocimientos prácticos dentro de organismos regulators. Es un desafío común en la regulación de tecnologías emergentes y mercados complejos donde la experiencia directa puede ser clave para anticipar riesgos y diseñar soluciones adecuadas. Este movimiento hacia flexibilizar las restricciones a empleados públicos dentro de la SEC también tendrá repercusiones sobre la percepción global de cómo Estados Unidos maneja la innovación financiera. Un enfoque adaptativo y basado en el conocimiento podría fortalecer la posición del país como líder en regulación financiera del siglo XXI, promoviendo a la vez un ecosistema atractivo para inversiones y desarrollo tecnológico. Para los actores del mercado y la comunidad inversora, la potencial revocación de esta prohibición podría significar un avance en la calidad de las regulaciones futuras, mayor realismo en su aplicación y un entorno más seguro y transparente.
