La temática de las criptomonedas ha generado un notable debate en los ámbitos regulatorios y judiciales en India durante los últimos años. El Tribunal Supremo de India ha dado un giro crucial en su postura al rechazar encargarse de establecer regulaciones concretas sobre el manejo y comercio de criptomonedas en el país. Este enfoque se deriva de la dictamen de que la construcción y aplicación de leyes en ese ámbito recaen en la autoridad legislativa y los órganos ejecutivos, no en el poder judicial. Esta decisión marca un hito dentro de la discusión sobre la legitimidad y regulación de activos digitales en un país que se posiciona como uno de los mercados emergentes más relevantes para esta tecnología financiera. El 16 de abril de 2025, el Tribunal Supremo atendió una petición que solicitaba una regulación clara para el ecosistema criptográfico, dada la creciente preocupación pública sobre casos de fraudes y abusos asociados a estas monedas.
La petición incluía la demanda para que el gobierno central estableciera pautas y un marco regulatorio definitivo sobre la comercialización y uso de criptomonedas como Bitcoin o Ethereum en India. Sin embargo, la corte sostuvo que no es su competencia legislar en esta materia y que corresponde a los organismos políticos adoptar las medidas adecuadas. Los jueces B R Gavai y Augustine George Masih, miembros del tribunal, reafirmaron la postura al expresar categóricamente que las decisiones jurídicas no pueden sustituir la función normativa del legislador. "No podemos establecer la ley", enfatizó el juez Gavai, indicando que las cuestiones relativas a la regulación de las criptodivisas son de carácter político y administrativo. Esto implica que el marco normativo sobre las monedas digitales debe ser construido mediante el debate parlamentario y las decisiones del ejecutivo, y no a través de dictámenes judiciales o interpretaciones de última instancia.
Este posicionamiento judicial constituye un importante indicativo sobre cómo la justicia en India busca mantenerse dentro de sus límites funcionales en el contexto de innovaciones tecnológicas financieras que requieren de un equilibrio entre el fomento del desarrollo de la industria digital y la protección de consumidores e inversionistas. Actualmente, India no reconoce las criptomonedas como una forma de moneda legal, lo que coloca a estos activos en una situación jurídica ambigua. Aunque no existen prohibiciones explícitas para su compra, venta o posesión, tampoco existe reconocimiento oficial. No obstante, el gobierno ha adoptado ciertas directrices regulatorias para supervisar las operaciones vinculadas a criptomonedas, especialmente para mitigar riesgos relacionados con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. La ley fiscal india establece un gravamen del 30% sobre las ganancias provenientes de transacciones con criptomonedas.
Además, hay una retención del 1% en el origen (TDS) por cada transacción realizada. Sin embargo, las pérdidas registradas en criptodivisas no pueden ser compensadas contra otros ingresos, lo que genera un marco fiscal estricto para inversores y traders. Este esquema fiscal refleja la intención de la autoridad tributaria de controlar la evasión y contar con un registro transparente de las operaciones realizadas en este mercado. Desde el año 2023, los exchanges de criptomonedas ubicados en India deben cumplir con estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Estas plataformas tienen la obligación de autenticar la identidad de sus usuarios y reportar cualquier conducta sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU).
Este nivel de supervisión busca dotar de mayor transparencia y confianza a las operaciones, al mismo tiempo que protege el sistema financiero de actividades ilícitas. El Banco de Reserva de India (RBI) ha mantenido una postura precautoria frente a las criptomonedas, recomendando a los inversores que sean conscientes de los riesgos inherentes a estos activos, incluyendo volatilidad, falta de respaldo tangible y posibles fraudes. Paralelamente, el RBI está promoviendo activamente el desarrollo de su propia moneda digital oficial, el Rupia Digital, que busca ofrecer una alternativa estatal más segura y regulada dentro del ámbito del dinero digital. Un factor clave en la incertidumbre regulatoria es que el proyecto de ley sobre criptomonedas elaborado en 2021 sigue sin materializarse en una legislación definitiva. Este retraso genera una zona gris legal que afecta tanto a usuarios como a empresas del ecosistema digital.
La ausencia de claridad normativa complica la expansión ordenada de esta tecnología de vanguardia y desacelera la atracción de inversiones. A pesar de las dificultades, India permanece como un mercado con un interés creciente en las criptomonedas, impulsado por su enorme población joven y un alto grado de digitalización. Esto convierte al país en un nodo esencial donde la regulación adecuada será vital para integrar la innovación con la seguridad jurídica y económica del público. La decisión del Tribunal Supremo de no intervenir para dictar regulación muestra asimismo un respeto al principio de separación de poderes, indicando que los jueces no deben usurpar funciones que corresponden al gobierno y parlamento. Este posicionamiento podría incentivar a los legisladores a acelerar el trabajo en la regulación clara y específica para el sector, balanceando la protección de los consumidores con el desarrollo tecnológico.
En paralelo, el gobierno indio ha endurecido su lucha contra delitos tecnológicos como fraudes, piratería y otros abusos asociados a las criptomonedas, protegiendo a su población mediante campañas de educación y la aplicación de sanciones a operadores fraudulentos. Ejemplos recientes, como la aclaración pública ante noticias engañosas vinculadas a celebridades involucradas en estafas criptográficas, reflejan el esfuerzo por desarticular malentendidos y proteger la reputación del sector legítimo. En resumen, la situación actual revela un escenario dinámico donde la regulación de criptomonedas en India sigue en proceso de formación. La Corte Suprema señala que no es su rol crear leyes y remite dicha responsabilidad a los órganos especializados. Mientras tanto, el gobierno implementa medidas parciales, y el mercado continúa operando bajo condiciones legales flotantes.
Este contexto exige una atención continua de actores políticos, empresariales y sociales para que India pueda aprovechar las oportunidades que brindan las monedas digitales minimizando riesgos y fomentando confianza. En definitiva, mantener un diálogo abierto y efectivo entre los reguladores, la industria y el público será clave para alcanzar un marco normativo sólido y flexible que permita a India adaptarse a las revoluciones tecnológicas financieras con seguridad y visión a largo plazo.
