El mundo de las criptomonedas, a pesar de su auge y creciente adopción, sigue enfrentando obstáculos significativos en su interacción con el sistema financiero tradicional. Uno de los problemas más acuciantes es el conocido como “debanqueo”, que consiste en la negativa o restricción por parte de bancos y entidades financieras a ofrecer servicios bancarios a empresas del sector cripto. Este fenómeno continúa afectando el desarrollo y crecimiento del ecosistema cripto a nivel global, incluso frente a nuevas regulaciones y esfuerzos legislativos encaminados a mitigar esta problemática. En los últimos años, varios gobiernos y organismos reguladores han intentado implementar medidas para facilitar que las entidades bancarias acepten y provean servicios a empresas relacionadas con activos digitales. Estados Unidos y Australia son ejemplos relevantes de países donde se han aprobado reformas con la intención de eliminar las barreras que históricamente han limitado la integración financiera de las criptomonedas.
Sin embargo, a pesar de estos avances, la práctica del debanqueo persiste, evidenciando que las soluciones regulatorias, por sí solas, no han logrado resolver el problema de fondo. En el contexto estadounidense, el llamado “Operation Chokepoint 2.0” es un término utilizado por la industria cripto para referirse a un conjunto de políticas aplicadas durante la administración del expresidente Joe Biden, diseñadas para restringir el acceso de las empresas de criptomonedas a servicios bancarios, bajo preocupaciones de riesgos fiduciarios, cumplimiento y reputación para las entidades financieras. Aunque bajo la administración de Donald Trump muchas de estas políticas comenzaron a ser modificadas o anuladas, incluyendo la derogación del Staff Accounting Bulletin 121, que complicaba la custodia de criptoactivos para los bancos, la realidad es que muchas firmas aún reportan dificultades para establecer relaciones bancarias sólidas. La Oficina del Contralor de la Moneda de EE.
UU. (OCC), bajo el liderazgo de Rodney Hood, ha señalado una apertura hacia los servicios relacionados con criptomonedas como la custodia, las reservas de stablecoins y la participación en blockchain. Este cambio modesto representa un paso positivo que podría impulsar una adopción más amplia de la tecnología de activos digitales por parte de instituciones financieras convencionales. Sin embargo, voces del sector como Caitlin Long, fundadora de Custodia Bank, advierten que el problema del debanqueo podría persistir hasta el 2026 y más allá, debido a que la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, controlada mayoritariamente por representantes demócratas con una postura más escéptica hacia las criptomonedas, continúa ejerciendo una supervisión intensa y restrictiva sobre bancos considerados amigables con el cripto. En territorio australiano, la problemática del debanqueo también está presente aunque con particularidades propias.
Organizaciones de defensa cripto como Stand With Crypto han denunciado cómo esta situación margina a innovadores y emprendedores, causando daños reputacionales, pérdidas económicas y aumento de costos operativos para las empresas de blockchain y criptomonedas. Como respuesta, el Partido Laborista, actualmente en el poder, ha propuesto un marco legal específico para el sector que pretende brindar claridad y seguridad a las entidades financieras para que puedan colaborar con negocios cripto sin temor a represalias regulatorias. El Tesoro australiano ha destacado cuatro prioridades claves para la nueva normativa cripto, enfocadas en crear un ambiente regulatorio que favorezca la innovación mientras protege a los consumidores y la integridad del sistema financiero. Expertos locales consideran que la resistencia al servicio bancario no se debe a estrictas órdenes regulatorias, sino a la aversión al riesgo por parte de los bancos ante un entorno legal aún incierto. Este escenario genera expectativas positivas en cuanto a que la legislación propuesta dé pie a una mayor confianza institucional y al restablecimiento de relaciones financieras robustas con empresas cripto.
Por su parte, Canadá muestra un panorama más desafiante. A pesar de ciertos intentos aislados para que firmas cripto puedan conservar cuentas bancarias, la mayoría continúa enfrentando cierres o rechazos sin explicaciones claras. La interpretación estricta de las normativas contra el lavado de dinero y los protocolos KYC crea un ambiente de precaución extrema donde los bancos prefieren apartarse de clientes del sector cripto, considerado de alto riesgo y bajo rentabilidad relativa. La falta de una solución legislativa integral, sumada a una coyuntura política en la que el principal aspirante a primer ministro manifiesta un marcado escepticismo hacia las criptomonedas, dificulta a corto plazo cualquier avance significativo en materia de inclusión financiera para las firmas de activos digitales. Este contexto global en el que persiste el debanqueo ha llevado a que algunas voces críticas cuestionen si no se está sobreestimando el problema.
Críticos como Molly White sostienen que la narrativa del debanqueo ha sido en algunos casos “secuestrada” por la industria cripto para evitar y postergar investigaciones regulatorias legítimas sobre cumplimiento normativo. Además, eventos recientes como el apoyo de figuras destacadas en el ecosistema a movimientos para desmantelar organismos de protección financiera, responsables de investigar prácticas de debanqueo, agregan complejidad al debate, generando dudas sobre las verdaderas intenciones y prioridades de algunos actores clave. Frente a estos obstáculos, muchas empresas cripto han optado por desarrollar soluciones alternativas para gestionar sus finanzas. El uso de stablecoins como instrumentos centrales para la administración de liquidez, en sustitución del dinero fiduciario depositado en bancos tradicionales, se ha generalizado. Asimismo, la colaboración con bancos regionales más pequeños o instituciones fiduciarias especializadas en activos digitales ha permitido mantener cierto grado de operatividad, aunque con mayores costos y riesgos operacionales.
Este enfoque fragmentado y de contingencia, aunque funcional a corto plazo, no ofrece una base sostenible para el crecimiento y consolidación del mercado cripto. A pesar de esto, algunos expertos interpretan que estas estrategias podrían fortalecer la posición del sector frente al sistema financiero convencional. La creación y fortalecimiento de vínculos más integrados entre las fintech cripto y las instituciones financieras tradicionales podrían facilitar un mayor acercamiento y aceptación mutua, llevando a una fase de integración en la corriente principal de las finanzas globales. La persistencia del problema del debanqueo en el ecosistema cripto, incluso con avances regulatorios, pone de manifiesto la complejidad de transformar un sistema financiero históricamente conservador y regulado para que acepte tecnologías disruptivas basadas en activos digitales. Los riesgos reales o percibidos relacionados con cumplimiento, lavado de dinero, fraude y reputación hacen que los bancos actúen con cautela extrema, dificultando la creación de un marco de cooperación efectivo.
En definitiva, la evolución del contexto normativo y político será crucial para determinar si se podrán derribar finalmente las barreras del debanqueo. La voluntad política, la preparación técnica de las instituciones financieras, así como la transparencia y madurez del propio sector criptográfico, serán factores determinantes para alcanzar un ecosistema donde los servicios bancarios y las criptomonedas puedan coexistir y desarrollarse en sinergia. Mientras tanto, la industria y los reguladores deberán continuar dialogando y trabajando para construir puentes y no muros, buscando soluciones que equilibren la innovación con la protección del usuario y la estabilidad financiera. Superar el reto del debanqueo no solo es esencial para el crecimiento del sector cripto, sino también para la consolidación de un sistema financiero global más inclusivo y adaptado a las tecnologías del futuro.
