El 25 de julio de 2017, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que revocaba la política del Pentágono que permitía a las personas transgénero servir abiertamente en las Fuerzas Armadas. Este movimiento generó un gran revuelo en el ámbito político y social, y marcó un drástico cambio en la forma en que se manejaban las cuestiones de género en el ejército estadounidense. Este artículo analizará las implicaciones de esta decisión, así como el contexto en el que fue tomada. Durante la administración de Obama, se implementó una política que permitía a las personas transgénero servir abiertamente en las fuerzas armadas. Esta medida fue vista como un paso significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de los derechos de los militares transgénero, después de años de estigmatización y exclusión.
Sin embargo, la llegada de Trump al poder trajo consigo una agenda notablemente diferente: la división y polarización en temas sociales, incluido el de los derechos LGBTQ+. El decreto de Trump no solo revocaba la política de Obama, sino que también establecía una serie de restricciones nuevas que prohibían a las personas transgénero servir en el ejército, a menos que estuvieran dispuestas a renunciar a su identidad de género o a no haber sido diagnosticadas con disforia de género. Esta decisión fue condenada por muchos, incluidos defensores de los derechos humanos, quienes argumentaron que iba en contra de lo que representa el ejército: valor, inclusión y servicio al país sin importar la identidad de género. A raíz de esta decisión, surgió un debate acalorado sobre los costos y beneficios de permitir que las personas transgénero sirvan en las fuerzas armadas. Los opositores al mandato de Trump afirmaron que la inclusión de personas transgénero en las Fuerzas Armadas no solo era una cuestión de justicia social, sino que también beneficiaba al ejército al permitir que los mejores talentos pudieran servir, independientemente de su identidad de género.
La investigación ha demostrado que las tropas transgénero no sólo ofrecen valor estratégico, sino que su inclusión puede mejorar la moral y la cohesión entre los soldados. Por otro lado, los defensores de la revocación de esta política argumentaron que el costo asociable con la atención médica relacionada con la transición podría ser un factor desgastante para el presupuesto militar. Sin embargo, estudios realizados han demostrado que el costo total de la atención de salud relacionada con la transición es mínimo en comparación con el presupuesto total de defensa de Estados Unidos, y que los beneficios de la inclusión superan con creces los costos inflacionarios. La revocación de la política Obama y la nueva orden de Trump también reflejaron una profunda división cultural en la nación en el contexto de la lucha por los derechos LGBTQ+. Los estudios de opinión pública mostraron que una proporción significativa de la población apoyaba la inclusión de personas transgénero en las fuerzas armadas, pero el político discursos polarizados intensificaron el sentimiento anti-LGBTQ+ entre ciertos grupos, lo cual llevó a la normalización de la discriminación en varias esferas de la sociedad.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y aquellos en la comunidad LGBTQ+ se unieron para combatir esta nueva política. Demandaron al gobierno federal, argumentando que la prohibición era inconstitucional y que violaba los derechos de quienes deseaban servir a su país. Estas acciones legales reflejaron un esfuerzo por restaurar la inclusión y la diversidad en el ejército, y destacaron la resistencia de la comunidad ante la adversidad. El cambio de política también generó un impacto negativo en la salud mental y el bienestar de muchos militares transgénero. La incertidumbre sobre su futuro en las fuerzas armadas, junto con la presión social y la discriminación, afectó el estado emocional de estos soldados, llevando a un aumento en los niveles de ansiedad y depresión entre ellos.
Este estado de angustia resultó ser corriente entre aquellos que se sentían inseguros sobre su lugar en un entorno en el que se esperaba que ellos mostraran valentía y resiliencia. A medida que el debate se desarrollaba en los tribunales y en el terreno político, también erosionó la imagen del ejército estadounidense en el ámbito internacional. Muchos aliados y observadores externos se sintieron preocupados por el enfoque excluyente del gobierno estadounidense en cuanto a los derechos humanos y la igualdad, cuestionando la legitimidad de un ejército que discrimina contra sus propios miembros. Esto provocó un intenso examen de las políticas de defensa de EE.UU.
