En el marco de la creciente adopción global de las criptomonedas, dos estados de Estados Unidos, New Hampshire y Florida, han dado pasos importantes para incorporar el Bitcoin como parte de sus reservas estatales. Estas iniciativas legislativas reflejan un interés creciente en los activos digitales como herramientas estratégicas para la diversificación financiera y la innovación tecnológica dentro del sector público. Recientemente, la Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó, con una estrecha mayoría, el proyecto de ley HB302, que permite al tesorero del estado destinar hasta un 10 % de los fondos generales para inversiones en metales preciosos y activos digitales seleccionados, con Bitcoin como el principal y prácticamente único criptoactivo elegible según los criterios establecidos. Esta iniciativa convierte a New Hampshire en el cuarto estado en avanzar una legislación sobre reservas Bitcoin por una cámara legislativa, uniéndose a Arizona, Texas y Oklahoma. El proyecto HB302 define que solo las criptomonedas con una capitalización de mercado superior a 500 mil millones de dólares podrán formar parte de estas inversiones, umbral que actualmente cumple únicamente Bitcoin.
Esta restricción robusta busca asegurar la estabilidad y viabilidad de los fondos estatales, minimizando la exposición a la volatilidad común en otros criptoactivos. Durante las deliberaciones, algunos legisladores expresaron inquietudes sobre la seguridad y la necesidad real de la ley. Por ejemplo, el representante demócrata Terry Spahr cuestionó la utilidad del proyecto argumentando que el tesorero ya dispone de la autoridad para realizar estas inversiones y destacó los riesgos asociados a la naturaleza cambiante y no regulada del criptomercado. Sin embargo, en contraste, el representante republicano Jordan Ulery enfatizó la oportunidad que representa la inversión en Bitcoin para generar ingresos significativos al estado, aportando una nueva fuente de capital en momentos de incertidumbre económica. Además del proyecto de ley para reservas de Bitcoin, New Hampshire está evaluando otros dos importantes textos relacionados con la tecnología blockchain.
HB310 aborda temas como las monedas estables y la tokenización de activos del mundo real, mientras que HB639 se centra en la regulación del blockchain y mecanismos de resolución de disputas, lo que revela un enfoque integral hacia la modernización y adaptación tecnológica a nivel estatal. En paralelo, Florida ha registrado progresos similares con la aprobación unánime del HB487 por parte del Comité de Seguros y Banca de la Cámara. Esta ley otorgaría al jefe financiero del estado y a la Junta de Administración la capacidad de invertir hasta un 10 % de fondos estatales designados en Bitcoin. El proyecto de Florida debe superar aún varios comités antes de llegar al pleno de la Cámara para su votación definitiva. El representante republicano Webster Barnaby, promotor del proyecto en Florida, ha defendido esta iniciativa señalando que posicionaría al estado como líder en la adopción tecnológica emergente y en la innovación financiera.
La ley propuesta contempla también disposiciones para que las inversiones se realicen a través de custodios calificados o productos negociados en bolsa (ETPs), garantizando así controles de seguridad y custodia adecuados para proteger los activos digitales estatales. Este impulso legislativo hacia la integración de Bitcoin en las reservas estatales se enmarca dentro de una tendencia más amplia en Estados Unidos, donde varios estados buscan capitalizar el auge de las criptomonedas para diversificar sus carteras de inversión pública. Arizona, por ejemplo, está a la vanguardia con varios proyectos que podrían convertirlo en el primer estado en implementar formalmente una reserva estratégica de Bitcoin. Los beneficios potenciales que motivan estas iniciativas incluyen la posibilidad de lograr rendimientos superiores a los de activos tradicionales, diversificación económica y la atracción de inversión tecnológica hacia el territorio, lo que podría traducirse en mayor dinamismo económico y generación de empleo. Sin embargo, la naturaleza volátil y regulatoriamente incierta de los criptoactivos demanda una evaluación rigurosa y un marco legal claro para fomentar la confianza y evitar riesgos para los fondos públicos.
El debate en torno a estas leyes también refleja las tensiones políticas entre la promoción de innovación tecnológica y la cautela frente a los riesgos financieros y de seguridad que conlleva la adopción de tecnologías disruptivas. Los legisladores enfrentan el desafío de equilibrar estos aspectos para diseñar políticas públicas que maximicen beneficios y minimicen potenciales impactos negativos. En conclusión, los avances en New Hampshire y Florida representan movimientos clave dentro del creciente interés por integrar el Bitcoin como un componente válido dentro de las finanzas estatales en Estados Unidos. Estas iniciativas podrían sentar precedentes importantes y estimular a otros estados a explorar instrumentos similares, consolidando el papel de las criptomonedas en la economía pública y marcando un nuevo capítulo en la convergencia entre tecnologías digitales y administración estatal.
