En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Esta decisión, impulsada por el presidente Nayib Bukele, fue considerada por muchos como un experimento audaz que podría transformar la economía del país y ofrecer una alternativa al sistema financiero tradicional. Sin embargo, menos de dos años después, El Salvador ha decidido abandonar el Bitcoin como moneda legal, marcando el fin de lo que muchos consideran un experimento fallido. El objetivo inicial de Bukele al adoptar Bitcoin era atraer inversiones, facilitar las remesas y promover la inclusión financiera de los salvadoreños, especialmente de aquellos que no tienen acceso a los servicios bancarios. Sin embargo, en la práctica, el experimento enfrentó numerosos desafíos que pusieron en entredicho su viabilidad.
Uno de los problemas más significativos fue la volatilidad extrema del Bitcoin. La criptomoneda sufrió caídas drásticas en su valor, lo que generó preocupación y desconfianza entre la población. Muchos salvadoreños, que fueron alentados a usar Bitcoin para transacciones cotidianas, se encontraron con un activo que podía perder su valor en cuestión de horas. Esto llevó a una adopción reticente, donde solo una fracción mínima de la población utilizó realmente Bitcoin para sus compras y pagos. Adicionalmente, el costo asociado con la implementación de la infraestructura necesaria para soportar el uso de Bitcoin fue mucho mayor de lo esperado.
El gobierno invirtió millones de dólares en la creación de 'Chivo Wallet', una billetera digital para facilitar las transacciones en Bitcoin. Sin embargo, los problemas técnicos y la falta de educación financiera limitaron su uso efectivo. Muchos ciudadanos se mostraron escépticos ante una tecnología que no entendían completamente, y la adopción general fue más baja de lo que el gobierno había previsto. En el contexto de una economía ya frágil, donde la mayoría de la población vive en la pobreza, los riesgos que acompañan al uso de Bitcoin eran simplemente demasiado altos. La inflación y la inestabilidad política ya eran problemas existentes que la población enfrentaba, y agregar la incertidumbre del Bitcoin a esta ecuación fue un obstáculo significativo para su aceptación.
La comunidad internacional también manifestó preocupaciones sobre el uso del Bitcoin como moneda de curso legal. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial expresaron su inquietud sobre la estabilidad económica y financiera del país tras la adopción de la criptomoneda. Las críticas también se centraron en el hecho de que El Salvador estaba alejándose de sistemas financieros más tradicionales y regulados, lo que podría tener consecuencias negativas a largo plazo. Como resultado de estas dificultades, en marzo de 2023, el gobierno de El Salvador tomó la decisión de abandonar oficialmente el Bitcoin como moneda de curso legal. Esta decisión se recibió de manera variada en el ámbito internacional, con algunas voces que aplaudieron la retirada y otras que la consideraron una señal de fracaso.
La decisión de retirarse del Bitcoin plantea interrogantes sobre el futuro económico del país. A medida que El Salvador vuelve a la normalidad y considera otras opciones para mejorar su economía, se abre la conversación sobre qué efectivas alternativas debería explorar. Una posibilidad es fomentar inversiones en infraestructura más tradicional o promover un enfoque más sólido en la economía del turismo, que siempre ha sido un sector clave para el país. Es crucial aprender de esta experiencia y reflexionar sobre la adopción de nuevas tecnologías en el contexto de economías en desarrollo. El caso de El Salvador subraya la importancia de contar con una sólida educación financiera, un marco legislativo adecuado y, sobre todo, la necesidad de que cualquier cambio económico fundamental se realice de manera gradual y con un respaldo social amplio.
