El creciente auge de las criptomonedas a nivel global ha forzado a muchos gobiernos a replantear su marco legal para abordar los desafíos que estos activos digitales representan, especialmente en materia de seguridad y regulación. En Rusia, un país que históricamente ha mostrado una postura ambivalente respecto a las monedas digitales, el gobierno ha dado un paso significativo al presentar un proyecto de ley que busca definir oficialmente a las criptomonedas como propiedad dentro del ámbito penal. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo principal facilitar la incautación de criptomonedas en el contexto de procesos criminales, especialmente en investigaciones relacionadas con actividades ilícitas como la corrupción y el lavado de dinero. Hasta ahora, la regulación rusa contemplaba ciertos aspectos de la criptomoneda dentro de leyes orientadas a combatir la legitimación de ingresos provenientes del crimen y la financiación del terrorismo. No obstante, esta clasificación no se extendía a otros ámbitos del derecho penal, dejando un vacío legal que complicaba la labor de las autoridades judiciales y policiales cuando se enfrentaban a casos relacionados con activos digitales.
La nueva propuesta busca subsanar esta deficiencia y otorgar a la criptomoneda un estatus jurídico claro, equiparándola con la propiedad tradicional, y con ello dando pasos firmes para su gestión efectiva en procedimientos legales. El contexto que propicia esta iniciativa está marcado por un aumento significativo en la cantidad de investigaciones y juicios donde se involucran criptomonedas. Las autoridades enfrentan numerosas dificultades técnicas y legales para asegurar estos activos, debido principalmente a la naturaleza descentralizada de estas monedas, el uso de tecnologías criptográficas y la variedad de métodos para almacenar fondos digitales, como billeteras físicas, aplicaciones y servicios en la nube. Estos factores hacen que la conservación y confiscación de criptomonedas requieran procedimientos especializados y una rápida reacción para evitar la transferencia o pérdida de los activos durante las investigaciones. El proyecto de ley presentado ante la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso, establece que las criptomonedas estarán reconocidas como propiedad bajo el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.
Esta incorporación formal facilita que las investigaciones criminales puedan proceder con la incautación de estos activos, asignándoles un valor jurídico equivalente al de bienes materiales. Además, se contempla que dichas acciones sean realizadas con la ayuda de expertos en tecnología blockchain y seguridad informática, encargados de asegurar la integridad de los activos digitales confiscados. Una de las medidas contempladas en la iniciativa es la posibilidad de incautar no solo las monedas digitales en sí, sino también los dispositivos físicos utilizados para su almacenamiento, como monederos hardware. Esto es fundamental para evitar que los delincuentes puedan acceder a sus recursos y realizar transferencias durante el proceso judicial. En los casos en que las autoridades logren acceder al control directo de las criptomonedas, se plantea la opción de transferir dichos activos a billeteras controladas por el Estado, garantizando así su custodia segura hasta la resolución definitiva de los procesos.
Este enfoque responde a las demandas de investigadores y funcionarios judiciales que han señalado la complejidad de actuar con activos digitales en ausencia de regulaciones claras. Por ejemplo, en abril de 2025, el Director del Servicio Federal de Alguaciles de Rusia, Dmitriy Aristov, reveló que la agencia estaba trabajando para convertir más de 90 millones de dólares en Bitcoin incautados a un exfuncionario condenado por corrupción. Este caso ejemplifica la necesidad urgente de contar con un marco legal efectivo que permita la gestión, almacenamiento y eventual disposición de criptomonedas confiscadas. Al mismo tiempo, este proyecto de ley se inscribe dentro de un marco más amplio en el que el Banco Central de Rusia mantiene una posición cautelosa frente al uso generalizado de criptomonedas, limitando su operación a un “régimen legal experimental”. Esta medida refleja la preocupación por posibles riesgos asociados a la volatilidad y uso indebido de estos activos, pero el gobierno busca un balance para no obstaculizar la capacidad del Estado para perseguir actividades ilícitas que utilizan criptomonedas.
En términos de procedimiento, la legislación prevista será complementada por normativa secundaria que detallará los protocolos para la incautación, custodia y gestión de activos digitales durante los procesos judiciales. Esta regulación secundaria será clave para formar a los especialistas encargados de intervenir en estos casos, definir las medidas técnicas adecuadas de aseguramiento y establecer mecanismos para prevenir fraudes o pérdidas. El reconocimiento jurídico de las criptomonedas como propiedad en el derecho penal ruso podría también abrir la puerta a un mayor desarrollo en otros ámbitos legales, como la tributación y el comercio de activos digitales. Aunque el enfoque actual está centrado en la persecución de delitos, sentar este precedente jurídico facilitará la formulación de políticas más completas en el futuro, contribuyendo a brindar mayor claridad y seguridad jurídica a individuos y empresas que operan con criptomonedas en Rusia. Este avance legislativo posiciona a Rusia en una ruta para enfrentar proactivamente los desafíos que supone la digitalización de los activos financieros.
