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Estudiantes de Yale Luchan por Desestimar Cargos: Un Grito por Justicia en la Protesta

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Yale Arrestees Seek To Dismiss Charges

Más de 40 estudiantes de Yale arrestados durante una protesta pro-palestina en Beinecke Plaza buscan desestimar los cargos de violación de propiedad. Argumentan que no recibieron notificaciones adecuadas antes de ser arrestados por la policía de Yale.

Más de 40 estudiantes de Yale, arrestados durante una vigilia pro-Palestina en el campus, han solicitado la dismissión de los cargos en su contra, alegando, entre otros argumentos, que no fueron adecuadamente notificados antes de las detenciones. La situación ha generado un intenso debate sobre el derecho a protestar, la libertad de expresión y el uso de la fuerza por parte de la policía universitaria. El episodio tuvo lugar en la mañana del 22 de abril, cuando la policía de Yale desmanteló un campamento que había estado en Beinecke Plaza durante tres días. Los estudiantes estaban allí como parte de una manifestación que exigía que la universidad se desinvirtiera de todas las empresas que fabrican armas, en el contexto de la guerra en Gaza. Este tipo de protestas se había vuelto común en muchos campus universitarios de todo Estados Unidos, especialmente tras la masiva arrestación de estudiantes en Columbia por parte de la policía de Nueva York.

Los estudiantes arrestados han argumentado que la forma en que se llevaron a cabo las detenciones fue inapropiada. En una moción presentada en un tribunal estatal, sus abogados, Greta LaFleur y Abigail Mason, sostienen que no se cumplió con el requisito legal de que las órdenes de dispersión fueran “comunicadas personalmente” a cada uno de los involucrados. Según la ley de Connecticut, el incumplimiento de esta notificación puede invalidar los cargos de delitos menores por violación de propiedad. En los documentos legales presentados, los abogados de los estudiantes señalan que la policía de Yale emitió su primera advertencia a las 6:38 a.m.

y realizó la última advertencia a las 7:35 a.m. Sin embargo, afirman que las primeras detenciones comenzaron solo siete minutos después de la primera advertencia, un tiempo insuficiente para que todos los asistentes se despertaran y actuaran según las órdenes. Argumentan que era irrazonable esperar que los estudiantes, muchos de ellos aún dormidos en sus tiendas, pudieran escuchar y procesar la información transmitida en un anuncio de 30 segundos. Por otro lado, el documento también señala que entre la última advertencia y la última detención transcurrieron 55 minutos.

“El Estado no puede demostrar que cada estudiante arrestado el 22 de abril haya participado en el campamento o haya acampado en el lugar durante la noche”, afirman los abogados, explicando que algunas personas estaban en Beinecke Plaza solo para recuperar sus pertenencias y que habían sido autorizadas a estar allí por la policía. Además, el contexto de la universidad resalta otro factor: Yale, con su vasta población de estudiantes, tiene más de 12,000 alumnos que viven en residencias a poca distancia del lugar. Esto hace que sea poco probable que cada estudiante arrestado hubiera estado presente y consciente de las órdenes de dispersión emitidas. La situación ha llamado la atención no solo en el campus, sino también a nivel nacional, y algunos han comenzado a cuestionar la actuación de las autoridades. La fiscalía del estado aún no ha respondido oficialmente a la moción presentada por la defensa.

Los estudiantes tienen su próxima audiencia programada para el 31 de octubre, y en este contexto, se ha producido un gran apoyo en forma de manifestaciones en el tribunal y redes sociales. Visualmente, la sala del tribunal estaba repleta de estudiantes y aliados, muchos de ellos usando keffiyehs en colores negro, blanco y rojo, mostrando solidaridad con los arrestados. Este apoyo se extiende más allá de la defensa legal, tocando fibras en torno a los derechos de los estudiantes para protestar pacíficamente y al mismo tiempo atentar contra las normativas que rigen el campus. Las reacciones a la situación han sido divididas. Por un lado, hay quienes argumentan que los estudiantes deberían aceptar las consecuencias de sus acciones, señalando que participar en protestas implica asumir ciertos riesgos y responsabilidades.

Algunos críticos han subrayado que tratar de eludir las consecuencias es una forma de privilegio, propio de la cultura de impunidad que a veces se asocia con la élite académica. Por otro lado, quienes apoyan a los estudiantes resaltan la importancia de desafiar la legalidad de los arrestos y las prácticas de la policía en situaciones de protesta. Este caso plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la autoridad de la policía para actuar en situaciones de disenso. Como señala uno de los comentaristas, “los estudiantes no buscan un pase gratuito; están cuestionando si las detenciones se realizaron de acuerdo con la ley”. El contexto de las protestas, especialmente relacionadas con el conflicto en Gaza, añade otra capa de complejidad al asunto.

La comunidad estudiantil de Yale, al igual que muchas en todo Estados Unidos, ha estado activa en la discusión y defensa de los derechos humanos en el extranjero. Sin embargo, la manera en que estos movimientos se concretan en el campus y cómo las fuerzas del orden reaccionan se convierte en un tema polémico. A medida que se acerca la fecha de la próxima audiencia, tanto los estudiantes como sus defensores se preparan para lo que podría ser un caso que marque precedentes sobre el derecho a la protesta en campus universitarios. La situación no solo reflejará el clima político actual en torno a la libertad de expresión, sino también el impacto a largo plazo de cómo las instituciones manejan el activismo estudiantil. El juez Frank Ianotti, a quien se le asignó el caso, ha demostrado en sus audiencias ser un jurista respetado.

Las decisiones que tome tendrán repercusiones no solo para los estudiantes arrestados sino para futuras manifestaciones en el campus y más allá. En conclusión, la solicitud de los estudiantes de Yale de desestimar los cargos en su contra es un reflejo de la lucha por la justicia en el contexto de las protestas. A medida que el debate continúa, se vislumbran preguntas importantes sobre cómo se equilibran los derechos de los individuos con las acciones de la autoridad. La verdad detrás de esta situación podría tener un efecto poderoso en la defensa de la libertad de expresión en uno de los más prestigiosos campus universitarios de los Estados Unidos y más allá.

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