El panorama de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos atraviesa un momento crítico, marcado por un aumento sin precedentes de la morosidad grave entre los prestatarios. Según un reciente informe de TransUnion, una de las agencias de crédito más importantes del país, más del 20% de los usuarios con préstamos educativos están actualmente atrasados en sus pagos por un período superior a 90 días, una cifra que marca un récord y que ha ido escalando progresivamente durante los últimos años. Este fenómeno se presenta justo cuando el Departamento de Educación ha empezado a retomar las labores de cobro de las deudas en mora, después de un prolongado periodo de suspensión en el contexto de la pandemia de COVID-19. Antes de la crisis sanitaria global, en febrero de 2020, el porcentaje de personas con demoras significativas en sus préstamos estudiantiles era del 11.5%, lo que evidencia un aumento alarmante en muy corto tiempo.
Este incremento no solo señala dificultades económicas masivas entre quienes buscaron financiamiento para su formación académica, sino que también sugiere que el número real de morosos podría estar incluso subestimado, dada la complejidad de la situación y los cambios en la manera en que se reportan estos atrasos a las agencias de crédito. Uno de los factores que ha incidido en este escenario fue la pausa gubernamental en el reporte de morosidades durante el periodo más agudo de la pandemia, cuando se estableció una especie de «rampa de entrada» que evitaba que los incumplimientos de pagos fueran reflejados en el historial crediticio de los prestatarios. Esta medida, inicialmente creada para brindar un respiro a los estudiantes afectados financieramente por la crisis sanitaria, terminó por retrasar la visibilización del problema. Sin embargo, con el reinicio de los pagos en septiembre de 2023 y la reanudación de las actividades de cobro desde mayo de 2025, se ha desplegado una ola de impactos negativos en las calificaciones crediticias que no pueden pasar desapercibidos. El golpe a las puntuaciones crediticias es uno de los aspectos más preocupantes para quienes enfrentan estos atrasos.
Según datos de TransUnion, aquellos consumidores que entraron en morosidad grave una vez finalizado el periodo de no reporte han sufrido una caída promedio de 63 puntos en sus puntuaciones crediticias. Esto no solo limita su capacidad para acceder a futuras líneas de crédito, sino que eleva significativamente las tasas de interés y el costo financiero de préstamos y otras obligaciones crediticias. El efecto dominó puede afectar decisiones tan importantes como adquirir una vivienda, un automóvil o simplemente la posibilidad de obtener financiamiento para otras necesidades. La empresa FICO, especializada en análisis crediticio, también informó que la puntuación promedio usada por los acreedores para evaluar riesgos ha caído hasta 715 puntos en abril de 2025, mostrando una desaceleración en la fortaleza crediticia general. Este descenso coincide con el aumento en la morosidad superior a 90 días y refleja que el principal motor detrás de esta tendencia son los préstamos estudiantiles cuyo incumplimiento ha pasado a ser visible nuevamente en los registros auditados por las agencias de crédito.
Un dato relevante es que no todos los segmentos de prestatarios son afectados de la misma manera. Los llamados «super prime», es decir, aquellos con calificaciones crediticias más altas y perfiles financieros más sólidos, suelen experimentar mayores pérdidas en sus puntuaciones cuando incurren en mora o incluso en defecto. Esto se debe a que estos individuos generalmente tienen históricos crediticios limpios, por lo que un solo incumplimiento importante puede marcar una caída más pronunciada en comparación con los consumidores que ya enfrentaban mayores riesgos financieros anteriormente. La problemática detrás de esta situación es multifacética. En primer lugar, el costo creciente de la educación superior y la necesidad imperiosa de acudir a financiamientos para cubrir matrículas y gastos básicos han ampliado el volumen de deuda acumulada por las familias.
A ello se suma la dificultad en encontrar empleos estables y bien remunerados para muchos jóvenes graduados, situación que se ha agravado con la inestabilidad económica mundial y los cambios en los mercados laborales postpandemia. Además, existe una falta de preparación financiera integral para muchos estudiantes en cuanto a la gestión de deudas de largo plazo. La combinación de bajos ingresos iniciales, altas cargas financieras y poca educación sobre manejo de crédito genera un caldo de cultivo para el deterioro progresivo de las obligaciones crediticias, que terminan reflejándose en atrasos y morosidad. Los expertos advierten que las autoridades educativas y financieras deben implementar estrategias efectivas para mitigar esta tendencia, incluyendo programas de refinanciamiento, asesorías personalizadas, ampliación de opciones de ajuste de pagos y una mayor transparencia en la comunicación sobre las implicaciones de incurrir en mora. Reconocer que los préstamos estudiantiles no son solo un instrumento para acceder a la educación, sino también un compromiso financiero significativo que afecta la vida económica personal a largo plazo, es fundamental para diseñar políticas públicas más responsables y equitativas.
El contexto político también influye en la complejidad del problema. La reanudación de las medidas de cobro implica un movimiento claro de las autoridades para equilibrar la recuperación de fondos con la protección de los derechos de los consumidores. Esta circunstancia obliga a un diálogo abierto entre el gobierno, las instituciones financieras y los prestatarios para evaluar mecanismos que eviten la crisis de morosidad actual y fomenten una cultura de pago sostenible. En paralelo, las universidades y centros educativos podrían jugar un papel protagónico en la orientación financiera de sus estudiantes incluso desde etapas tempranas, preparando a los futuros profesionales para enfrentar con mayor solidez los compromisos económicos derivados de su formación. Las alianzas entre el sector público, privado y académico pueden ser clave para generar soluciones innovadoras que ayuden a reducir las tasas de incumplimiento y promuevan la salud financiera de los jóvenes.
Para quienes ya enfrentan una mora grave, es vital contar con información clara y accesible sobre sus opciones de manejo de deuda. La adopción de planes de pago diferenciados, así como la consideración de opciones temporales de alivio en épocas de dificultad económica, pueden marcar la diferencia y evitar que el problema se profundice hasta llegar a incumplimientos irreversibles que limiten las oportunidades financieras futuras. En resumen, la reciente información proporcionada por TransUnion sobre el récord de morosidad grave en préstamos estudiantiles refleja un desafío urgente para la sociedad estadounidense. La vuelta a la normalidad en los reportes y cobros ha sacado nuevamente a la luz una problemática que exige atención integral y respuestas coordinadas para proteger el bienestar financiero de las generaciones que apuestan a la educación superior como herramienta para lograr estabilidad y crecimiento personal.
