En noviembre de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA, por sus siglas en inglés), una pieza legislativa que promete transformar la infraestructura del país, pero que también ha dejado una marca significativa en el mundo de las criptomonedas. Aunque la ley se centra principalmente en la modernización de puentes, carreteras y la expansión de servicios de banda ancha, incluye disposiciones que han despertado la preocupación entre los entusiastas de las criptomonedas y expertos en tecnología financiera. La controversia se centra en la manera en que la IIJA define los "corresponsables de reportar", un término que se refiere a las entidades que deben informar transacciones de criptomonedas al Servicio de Impuestos Internos (IRS). La ley amplía el alcance de esta definición, incluyéndola a un grupo más amplio de participantes en el ecosistema de criptomonedas, lo que podría resultar en cargas impositivas y regulaciones más estrictas para muchos actores del sector, desde plataformas de intercambio hasta desarrolladores de software. El Cato Institute, un importante centro de pensamiento estadounidense, ha argumentado en contra de estas disposiciones, cuestionando la lógica detrás de ellas.
Según el instituto, las regulaciones propuestas son excesivas y no solo amenazan la innovación en el sector de las criptomonedas, sino que también pueden tener efectos adversos en la privacidad de los usuarios y en la competitividad de Estados Unidos en el ámbito de la tecnología financiera. Uno de los principales argumentos del Cato Institute es que las criptomonedas, por su naturaleza descentralizada y anónima, representan un desafío para los sistemas fiscales tradicionales, que dependen de la capacidad del gobierno para rastrear y gravar activos. Sin embargo, el hecho de intentar extender el alcance de la regulación a todas las partes involucradas en el ecosistema cripto podría resultar en una caza de brujas innecesaria contra un sector que todavía está en proceso de establecerse y sentido firme. Los defensores de la IIJA sostienen que estas disposiciones son necesarias para combatir la evasión fiscal en un entorno donde las criptomonedas se han convertido en una herramienta para eludir impuestos. Sin embargo, muchos expertos advierten que esta podría no ser la solución adecuada.
En lugar de facilitar el cumplimiento fiscal, las nuevas reglas podrían disuadir la adopción de criptomonedas y limitar la participación en un mercado que, por su naturaleza, busca ofrecer alternativas al sistema financiero tradicional. Además, la implementación de estas regulaciones podría resultar en la creación de un entorno donde la innovación se vea restringida. Los desarrolladores de software y las startups que buscan crear nuevas soluciones basadas en blockchain podrían verse disuadidos de seguir adelante si se enfrentan a la incertidumbre y a la carga de cumplir con regulaciones complicadas y costosas. Las criptomonedas también han sido defensores de la privacidad y la soberanía individual. Sin embargo, las disposiciones de la IIJA podrían comprometer estos principios al imposibilitar la capacidad de los usuarios para mantener sus transacciones en el ámbito privado.
Las nuevas regulaciones exigirían que las plataformas de intercambio y los corredores recojan y reporten información personal de sus usuarios, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. En este contexto, el Cato Institute ha instado a los legisladores a reconsiderar las disposiciones sobre criptomonedas incluidas en la ley. Su argumento se basa en la idea de que un enfoque menos restrictivo permitiría que el ecosistema de criptomonedas se desarrolle de manera más orgánica y contribuya no solo a la economía, sino también a la innovación tecnológica. La adopción de criptomonedas ha ido en aumento, no solo entre los inversores, sino también en el comercio minorista, y las condiciones que faciliten este crecimiento podrían ser más beneficiosas a largo plazo. Además, hay un precedente importante en otros países que han optado por enfoques más amigables hacia las criptomonedas.
Países como Suiza y Malta, que han adoptado marcos regulatorios más claros y menos restrictivos, han visto un auge en la actividad en el sector de las criptomonedas, convirtiéndose en centros de innovación en blockchain. Esto plantea la pregunta de si Estados Unidos, al seguir un enfoque más agresivo y restrictivo, está dispuesto a ceder su liderazgo en un sector que podría ser fundamental para el futuro de la economía digital. Al discutir la IIJA y su enfoque hacia las criptomonedas, es esencial tener en cuenta una visión más amplia sobre la regulación de la tecnología. El avance imparable de las criptomonedas y la tecnología blockchain está transformando la manera en que pensamos sobre el dinero y las finanzas. Si Estados Unidos desea seguir siendo un líder en innovación, es crucial encontrar un equilibrio entre la necesidad de una regulación efectiva y la promoción de un entorno donde la innovación pueda prosperar.
Mientras se reflexiona sobre el impacto de la IIJA, es necesario considerar que el futuro de las criptomonedas no solo depende de la regulación, sino también de la aceptación cultural de estas nuevas tecnologías. A medida que la gente entiende mejor el potencial de las criptomonedas, la demanda por un marco regulatorio que proteja a los consumidores, pero que no ahogue la innovación, será más fuerte que nunca. La lucha por ajustes en la regulación de criptomonedas continúa, y se espera que los debates se intensifiquen en el futuro. En conclusión, las disposiciones sobre criptomonedas incluidas en la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos han generado un debate necesario sobre el futuro de la regulación en el espacio cripto. A medida que el mundo se adentra en una nueva era de tecnologías financieras, es imperativo que los legisladores escuchen a los expertos y al sector.
Un enfoque equilibrado podría significar no solo la supervivencia del ecosistema cripto, sino también el auge de una nueva era de innovación que beneficie a todos los estadounidenses.